La discusión alrededor del Proyecto de Ley de Competencias 502 de 2025 continúa tomando fuerza en distintas regiones del país. En esta oportunidad, Barranquilla fue sede de una nueva audiencia pública enfocada en analizar los desafíos históricos de financiación educativa y la necesidad de fortalecer el acceso a derechos básicos como la alimentación escolar.
En el encuentro participaron representantes del Ministerio de Educación Nacional, la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UApA), sindicatos, docentes, estudiantes y líderes del sector educativo.
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El proyecto busca cerrar desigualdades territoriales
La iniciativa legislativa propone redefinir la distribución de competencias y recursos para atender las brechas que afectan especialmente a municipios y departamentos con mayores niveles de desfinanciamiento educativo.
Durante la audiencia, distintos sectores coincidieron en que la propuesta podría representar un avance hacia una educación más equitativa y con mayores garantías para las comunidades históricamente excluidas.
Uno de los puntos más destacados de la discusión fue la meta de alcanzar cobertura universal del Programa de Alimentación Escolar (PAE) antes de 2028.
El director de la UApA, Sebastián Rivera Ariza, señaló que el objetivo incluye garantizar acceso para todos los niños y niñas. Así, como avanzar en la formalización de las manipuladoras de alimentos.
También se planteó la necesidad de ampliar infraestructura escolar mediante más cocinas y restaurantes para mejorar la calidad del servicio alimentario.
Educación propia y justicia social marcaron el debate
Los asistentes insistieron en la importancia de construir una educación que responda a las realidades territoriales y fortalezca procesos de justicia social en las regiones.
La discusión incluyó propuestas relacionadas con educación propia, dignidad para las comunidades y mayor inversión en zonas apartadas del país. Desde el sector educativo se explicó que la propuesta reglamenta la reforma constitucional aprobada en 2024 y permitirá dirigir más recursos hacia territorios donde la canasta educativa enfrenta mayores dificultades.
Ilich Ortíz aseguró que la iniciativa busca corregir rezagos históricos y fortalecer la capacidad financiera de departamentos y municipios.
Continúan avances sobre la financiación educativa
El avance del proyecto reabre el debate sobre la necesidad de transformar el modelo de financiación educativa en Colombia. Además de buscar garantizar condiciones más equitativas para estudiantes en todo el territorio nacional.
La expectativa ahora se concentra en el trámite legislativo y en el impacto que la iniciativa podría tener sobre la cobertura educativa y la alimentación escolar en los próximos años.
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