A pocas horas de asumir el poder, el Gobierno de Abelardo De La Espriella anunció una de sus primeras decisiones económicas: expedir un decreto para aplazar o congelar parte del gasto público como respuesta al déficit fiscal. La medida tiene sustento en el Estatuto Orgánico del Presupuesto, pero su alcance genera una pregunta de fondo: ¿se trata de un ajuste responsable de las finanzas públicas o de una decisión que podría terminar frenando programas e inversiones ya contempladas en el presupuesto nacional?- Foto: Prensa Presidencia de la República
Gobierno de Abelardo De La Espriella prepara decreto para congelar gasto público: ¿austeridad o freno a la inversión?
El nuevo Gobierno anuncia un aplazamiento de partidas presupuestales para enfrentar el déficit fiscal. La medida tiene respaldo legal, pero abre interrogantes sobre qué recursos serán congelados, qué programas quedarán afectados y si el ajuste terminará golpeando la inversión pública.
El anuncio fue realizado durante la posesión presidencial por el nuevo mandatario y su ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Martínez, quienes plantearon la necesidad de revisar la ejecución del gasto y detener principalmente aquellas apropiaciones cuya ejecución todavía no ha comenzado.
El problema no está en que el Gobierno revise el presupuesto. El problema está en qué va a congelar, durante cuánto tiempo y bajo qué criterios.
El Gobierno sí tiene facultades para aplazar el presupuesto
El Ejecutivo no necesita una nueva ley del Congreso para aplazar determinadas apropiaciones presupuestales.
El artículo 76 del Decreto 111 de 1996 establece que el Gobierno Nacional puede reducir o aplazar, total o parcialmente, apropiaciones cuando existan circunstancias como una expectativa de menores recaudos frente a los gastos y obligaciones, la falta de perfeccionamiento de recursos de crédito o cuando lo exija la coherencia macroeconómica. La decisión requiere concepto previo del Consejo de Ministros.
El artículo 77, además, establece que las apropiaciones sometidas a reducción o aplazamiento deben quedar expresamente identificadas mediante decreto.
Por tanto, el debate no es si el Presidente puede aplazar gasto. Puede hacerlo dentro de las condiciones establecidas por la ley. El debate es cómo utilizará esa facultad.
La palabra clave será: ¿qué se congela?
La primera preocupación frente al anuncio está precisamente en la falta de detalle sobre las partidas que serán objeto del decreto.
No es equivalente aplazar recursos de un proyecto cuya ejecución todavía no comienza que paralizar programas sociales, infraestructura, educación, salud, vivienda o proyectos estratégicos para las regiones.
El presupuesto aprobado por el Congreso contiene recursos destinados a funcionamiento, servicio de la deuda e inversión. Una decisión generalizada de congelamiento podría tener efectos diferentes dependiendo del rubro y del nivel de ejecución de cada programa.
Por eso, el Gobierno deberá explicar públicamente cuáles partidas serán aplazadas, cuáles quedarán intactas y cuáles podrán continuar ejecutándose.
Austeridad sí, pero no a costa de la inversión
El argumento de la austeridad puede resultar políticamente atractivo en un escenario de presión sobre las finanzas públicas.
Sin embargo, austeridad no debería convertirse automáticamente en sinónimo de menor inversión pública.
La Ley 2155 de 2021 estableció precisamente un marco de austeridad y eficiencia del gasto público, pero su objeto también contempla la sostenibilidad fiscal junto con la continuidad y el fortalecimiento del gasto social.
Ese equilibrio será determinante para evaluar el decreto de la nueva administración.
Un Gobierno puede buscar eficiencia eliminando gastos innecesarios, duplicidades, contrataciones cuestionables o apropiaciones cuya ejecución no sea prioritaria. Pero otra cosa muy diferente sería utilizar el déficit fiscal como argumento para detener indiscriminadamente proyectos de inversión que ya fueron aprobados dentro del presupuesto.
El precedente de 2025 demuestra que no es una medida excepcional
El aplazamiento presupuestal no es una herramienta nueva ni exclusiva del Gobierno entrante.
En enero de 2025, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 069, mediante el cual aplazó apropiaciones del Presupuesto General de la Nación de esa vigencia, invocando precisamente los artículos 76 y 77 del Estatuto Orgánico del Presupuesto.
Posteriormente, ese aplazamiento fue modificado mediante otros decretos. Incluso, en 2025 se documentó un concepto del Consejo de Ministros relacionado con un aplazamiento por $12 billones.
Esto demuestra que el instrumento tiene antecedentes recientes.
Pero también deja una pregunta para el nuevo Gobierno: si el aplazamiento se utiliza nuevamente como herramienta fiscal, ¿qué garantía existe de que los recursos congelados realmente vuelvan a ejecutarse cuando mejoren las condiciones?
Aplazar no es lo mismo que eliminar, pero puede frenar la ejecución
Hay una diferencia fundamental entre un aplazamiento y un recorte definitivo.
Cuando una apropiación es aplazada, el recurso no necesariamente desaparece del presupuesto para siempre. Sin embargo, la decisión sí puede impedir temporalmente que una entidad asuma nuevos compromisos o ejecute determinados recursos.
El propio Estatuto Orgánico del Presupuesto contempla que, después de expedido el decreto, puede ser necesario modificar el Programa Anual de Caja para retirar saldos disponibles correspondientes a las apropiaciones reducidas o aplazadas.
En términos políticos, esto significa que una partida puede existir sobre el papel y, al mismo tiempo, quedar prácticamente congelada en su ejecución.
Ahí aparece uno de los principales riesgos de la medida.
El nuevo Gobierno tendrá que mostrar las cifras
Si la razón del decreto es el déficit fiscal, la administración De La Espriella tiene una obligación política evidente: mostrar las cifras que justifican el ajuste.
La ciudadanía debería conocer cuánto dinero se pretende aplazar, qué porcentaje representa frente al presupuesto nacional, qué sectores serán afectados, cuánto corresponde a inversión y cuánto a funcionamiento.
También debería explicarse qué parte del déficit pretende corregirse mediante esta decisión y cuál será la estrategia complementaria para aumentar los ingresos o reducir estructuralmente el desequilibrio fiscal.
Porque congelar gasto puede aliviar temporalmente la presión de caja, pero no necesariamente resuelve por sí solo un problema fiscal estructural.
El riesgo de gobernar con el presupuesto congelado
Existe además un riesgo político.
El nuevo Gobierno llega al poder con un programa que deberá traducirse en políticas públicas, inversión y ejecución presupuestal. Si una de sus primeras decisiones consiste en restringir una parte significativa del gasto, tendrá que demostrar que la medida no termina contradiciendo sus propias promesas de campaña.
La pregunta será especialmente relevante en las regiones.
Colombia mantiene importantes brechas en infraestructura, educación, salud, vivienda, conectividad y servicios públicos. En muchos territorios, los recursos del Gobierno Nacional representan la posibilidad concreta de poner en marcha proyectos que difícilmente podrían financiarse exclusivamente con recursos locales.
Una política de austeridad mal focalizada podría terminar afectando precisamente a las regiones con menor capacidad fiscal.
El control no desaparece porque exista una facultad legal
Que el Presidente tenga una facultad legal para aplazar apropiaciones no significa que pueda utilizarla sin límites.
El decreto tendrá que ajustarse al Estatuto Orgánico del Presupuesto y a las demás normas que regulan la ejecución presupuestal. Además, las decisiones del Gobierno están sometidas a los controles institucionales correspondientes.
El propio Decreto 111 establece responsabilidades para quienes ordenen y efectúen pagos sin cumplir los requisitos legales y asigna a la Contraloría General funciones de vigilancia sobre el cumplimiento de las normas presupuestales.
Por eso será fundamental revisar el decreto una vez sea publicado: no bastará con conocer el monto total aplazado; habrá que identificar cada apropiación afectada.
El primer examen económico de Abelardo De La Espriella
El decreto de aplazamiento puede terminar convirtiéndose en la primera gran prueba económica del nuevo Gobierno.
Si la administración logra demostrar que está retirando gastos innecesarios, mejorando la eficiencia y protegiendo la inversión social, la medida podría convertirse en una señal de disciplina fiscal.
Pero si detrás de la palabra «austeridad» aparece un congelamiento amplio de recursos para programas sociales, infraestructura o inversión regional, el Gobierno tendrá que responder por las consecuencias.
La discusión, entonces, no debería reducirse a «austeridad sí o austeridad no». La verdadera discusión es otra: ¿qué gasto considera prioritario el Gobierno de Abelardo De La Espriella y cuál está dispuesto a sacrificar para enfrentar el déficit fiscal?
La respuesta estará en el decreto que se expida en las próximas horas. Y será allí donde podrá medirse si el nuevo Gobierno está realizando un ajuste fiscal quirúrgico o simplemente poniendo en pausa una parte importante del presupuesto nacional.
Palabras de posesión del Presidente Abelardo de la Espriella 2026-2030
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Licenciado en comunicación Digital y Analista de prensa y comunicación de UTEL. Docente con 10 años de experiencia en educación. Apasionado a la historia, la ciencia y las tecnologías. He escritó para El Histonauta, Tech365science, Comunicar Noticias, Voxpopuli.digital, Soccer Adictos MX y Periódico El Popular. Como periodista siempre destacado en el área investigativa de análisis. Director de Noticias Voz Realities y defensor de DDHH
