La UEFA no se limitó a emitir un comunicado. El 30 de julio de 2026, tras una reunión de emergencia virtual de sus 55 asociaciones miembros, la confederación europea anunció que ninguna selección nacional de su órbita participará en competiciones de la FIFA mientras el plan de crear FIFA Forward Enterprise (FFE) y vender una participación minoritaria a inversores privados “siguiera vivo”.
Exigieron el abandono total de la propuesta y garantías vinculantes de que el organismo mundial no volverá a abrir la gobernanza o las competiciones a la propiedad privada. El mensaje fue inequívoco: “El Mundial no es un producto de inversión. No está a la venta”. El objetivo de retirar la propuesta se logró finalmente, pero la FIFA al parecer actuó a regañadientes.
La FIFA, intentó sostener el proyecto —asesorado por JPMorgan— permitiría recaudar hasta 4.200 millones de dólares sobre una valoración inicial de unos 20.000 millones. Así, distribuir fondos extraordinarios a las 211 asociaciones miembros y maximizar el valor comercial de los derechos de transmisión, patrocinio y eventos sin ceder el control deportivo.
Thrive Eternal, el vehículo de Joshua Kushner, aparece como líder esperado del grupo de inversores. Sin embargo, la presión hizo que el máximo ente del fútbol mundial terminará desistiendo del intento de privatización a través de un comunicado.
En medio de esta confrontación, una pregunta periodística se impone: ¿qué tipo de asesor financiero estructura la posible monetización del activo más simbólico del fútbol mundial? La respuesta obliga a revisar un expediente oficial de la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos, fechado el 17 de noviembre de 2016.
Reconstrucción del caso a partir del documento oficial de la SEC
El expediente (Administrative Proceeding File No. 3-17684, Accounting and Auditing Enforcement Release No. 3824) describe con detalle un programa operado entre 2006 y 2013 por la unidad de banca de inversión de JPMorgan en Asia-Pacífico, especialmente desde Hong Kong. Se denominó internamente “Client Referral Program” o, de forma más coloquial, “Sons and Daughters Program”.
Según los hallazgos de la Comisión, el objetivo era claro desde el diseño: contratar a familiares y amigos de ejecutivos de clientes, clientes potenciales y funcionarios extranjeros —en particular de empresas estatales chinas (SOEs)— para obtener o retener mandatos de banca de inversión. Se contrataron aproximadamente 200 personas. Casi 100 fueron referidas por funcionarios de más de veinte SOEs chinas. Los referidos no competían por mérito en el proceso ordinario de selección de la firma. No pasaban por las múltiples rondas de entrevistas ni debían cumplir los mismos requisitos académicos y de experiencia. Se evaluaban según la relación con el cliente referidor y las perspectivas de ingresos futuros.
Las hojas de cálculos del delito
Los banqueros crearon hojas de cálculo internas tituladas “Referral Hires vs Revenue” para medir el retorno económico de cada contratación. En revisiones de 2010 y 2011 se estimaron más de 14 millones de dólares de ingresos en 2009 y 19 millones en 2010 procedentes de clientes cuyos referidos habían sido contratados, con una “pipeline” de 21 millones para 2011.
El propio documento de la SEC indica que las SOEs referidoras generaron transacciones por más de 100 millones de dólares en ingresos para JPMorgan APAC o sus afiliadas durante el periodo.
La SEC constata que los empleados conocían el riesgo de violación de la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Políticas internas de la firma desde 2001 señalaban la contratación de familiares de funcionarios extranjeros como una “red flag”. En 2007 se exigió pre-clearance de compliance para ofertas de pasantías o formación a parientes de funcionarios públicos. Pese a ello, el programa se mantuvo y se refinó.
La restructuración para ocultar la corrupción
Hacia 2009 se reestructuró para priorizar a “decision-makers” o personas con capacidad de influir en mandatos cercanos. Se introdujeron criterios de “directamente atribuible a oportunidad de negocio” y “rendición de cuentas por conversión de deals”. Se diseñaron contratos de un año (enero a diciembre) para que ciertos referidos no contaran en el headcount de fin de año y no limitaran las plazas de analistas contratados por mérito. Legal y compliance no rechazaron ninguna solicitud entre 2007 y 2012.
Los cuestionarios de compliance (“Sons & Daughters questionnaire”) se rellenaban de forma incompleta o inexacta. Se omitía el “quid pro quo”, se afirmaba que no había “beneficio esperado” cuando los correos internos hablaban abiertamente de fortalecer la relación para conseguir IPOs o mandatos, y se presentaba a los candidatos como si hubieran pasado por el proceso normal de selección. En varios casos documentados, los borradores que mencionaban el beneficio comercial se editaban antes de la aprobación final.
Detalles del expediente
El expediente detalla ejemplos concretos. Uno de los más extensos es el de “Referral Hire A”, hijo de un ejecutivo de una SOE energética china. Tras pasantías en China y Hong Kong, se le consiguió un puesto en Nueva York pese a que varios grupos de la firma lo consideraron no cualificado. El padre y un amigo de este —alto ejecutivo de otra SOE financiera que preparaba un IPO— presionaron reiteradamente. JPMorgan APAC obtuvo un papel significativo en ese IPO (más de 23 millones de dólares de beneficios netos) y en otra operación relacionada. El referido no fue sometido a la revisión de compliance requerida para la contratación en Nueva York y no se le aplicaron las restricciones de conflicto de interés.
Otros casos vinculan contrataciones con IPOs y mandatos de SOEs manufactureras, financieras, energéticas y de transporte, con beneficios netos que suman decenas de millones de dólares.
¿Qué concluyeron las pruebas?
La SEC determinó violaciones de las disposiciones antibribery (Sección 30A), de libros y registros (13(b)(2)(A)) y de controles internos (13(b)(2)(B)) de la FCPA. JPMorgan APAC firmó un Non-Prosecution Agreement con el Departamento de Justicia en el que reconoció responsabilidad por conducta criminal relacionada.
El banco pagó 130,5 millones de dólares a la SEC (desgorgement e intereses), 72 millones de multa penal al DOJ y una sanción adicional a la Reserva Federal. La Comisión valoró la cooperación y las medidas de remediación posteriores (cambios en políticas de contratación, centralización de recursos humanos, revisión obligatoria de referidos por la oficina anticorrupción).
El nexo investigativo con el plan actual
No existe evidencia pública de que la UEFA haya fundamentado su rechazo en el expediente de 2016. Los comunicados oficiales europeos se centran en principios de gobernanza, falta de consulta y el carácter de bien común del Mundial.
Sin embargo, un enfoque investigativo no puede ignorar que el mismo banco que, según la SEC, operó durante siete años un sistema de “favores” de empleo a cambio de mandatos lucrativos, estructura ahora la posible venta de participaciones en los derechos comerciales del torneo más valioso del planeta. Las preguntas que se plantean son concretas:
- ¿Qué protocolos de compliance y due diligence aplicó JPMorgan al aceptar el mandato de asesorar a la FIFA en una operación de esta envergadura y sensibilidad política?
- ¿Cómo se gestiona el conflicto potencial entre el incentivo comercial de maximizar el valor de la entidad FFE y el interés de las asociaciones y confederaciones que se oponen a la lógica de que el Mundial sea un activo financiero?
- ¿Qué grado de transparencia se exige a un asesor con un historial documentado de elusión de controles internos en operaciones de influencia comercial?
Teoría de la Incidencia de Trump para marcar un golazo
El plan de 2026 involucra, además, capital privado con conexiones políticas de alto nivel. Thrive Eternal está ligado a Joshua Kushner. El contexto de cercanía pública entre Gianni Infantino y la administración Trump añade una capa de percepción que las confederaciones europeas, históricamente más reacias a la subordinación del fútbol a intereses financieros y políticos externos, no pasan por alto.
El precedente del Super League de 2021 —donde bancos estadounidenses desempeñaron roles de asesoramiento y financiación en un intento de ruptura que fracasó por oposición de aficionados, ligas y autoridades— sigue presente en la memoria institucional europea. El caso “Sons and Daughters” añade un estrato documental: no se trata de una acusación periodística genérica, sino de un expediente oficial en el que el propio banco, a través de su filial, reconoció los hechos principales y pagó sanciones multimillonarias.
Conclusión provisional de la investigación
La oposición de la UEFA es, en primer lugar, una defensa de un modelo de propiedad y gobernanza del fútbol. El expediente de la SEC de 2016 no “causa” esa oposición, pero sí alimenta la desconfianza hacia la idea de que la maximización del valor comercial del Mundial deba estructurarse con el asesoramiento de actores cuya trayectoria incluye, según documentos oficiales, el uso sistemático de empleos como instrumento de influencia comercial.
Un reportaje de investigación no cierra el caso. Lo abre. Exige respuestas sobre los protocolos aplicados por JPMorgan en el mandato actual, sobre el grado de independencia real de la futura entidad FFE y sobre si el fútbol mundial puede permitirse que su activo más simbólico se convierta, aunque sea parcialmente, en un producto de inversión estructurado por un banco con ese historial documentado.
¿Se debe bajar la guardia ante esta situación?
El plazo fijado por FIFA (mediados de septiembre de 2026) y la amenaza de boicot europeo convirtieron durante días el escenario difícil y aparentemente quedó como un capítulo cerrado. A pesar de ello, la FIFA ha mantenido la campaña del FIFA Forward Enterprise (FFE), esto debido a que como compartiremos a continuación mantiene las piezas publicitarias del mismo.

Por lo tanto, se puede cuestionar la buna fe del ente rector del fútbol mundial de darle fin a una negociación que acabaría con la libertad del fútbol y evidencia la voluntad del presidente infantino de entregarle el poder de este al actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Próxima entrega
La historia de JP Morgan no termina aquí, los empresarios estuvieron involucrados en un caso de soborno llamado: Pay-to-play en Jefferson County (Alabama). En el contaremos que sucedió y las razones por las cuales fueron sancionados por 75 millones de dólares.
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