A menos de un día de haber dejado la Presidencia de Colombia, Gustavo Petro volvió a poner sobre la mesa uno de los temas más controversiales de su política de seguridad: los bombardeos contra grupos armados.
El expresidente reaccionó a una publicación del nuevo ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien había celebrado la neutralización de un cabecilla de la Segunda Marquetalia y sostuvo que, cuando existe voluntad estatal, los resultados pueden llegar rápidamente.
La respuesta de Petro fue más allá de una disputa política. En su mensaje reconoció que durante sus cuatro años de Gobierno ordenó 25 bombardeos. Una herramienta militar que había cuestionado en el pasado y que terminó siendo utilizada durante su administración. “No me siento orgulloso” de esas operaciones, fue la posición expresada por el exmandatario.
Pero el elemento más polémico de su mensaje no fue el reconocimiento de los bombardeos. Sino la explicación que planteó sobre por qué, según su relato, los principales objetivos del narcotráfico armado no fueron neutralizados.
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Petro apunta a la inteligencia estadounidense
El expresidente sostuvo que en varias operaciones la inteligencia militar colombiana ubicaba previamente a los jefes de estructuras armadas. Sin embargo, según su versión, cuando llegaba el momento de ejecutar los bombardeos, los objetivos ya no se encontraban en el lugar.
Petro describió situaciones en las que, de acuerdo con la información que recibió, los jefes armados habían abandonado el sitio apenas segundos antes de la operación o habían sido alertados de la llegada de las aeronaves.
A partir de esos episodios, aseguró que llegó a sospechar de una posible infiltración dentro de los altos mandos militares y que planteó esa preocupación durante su Gobierno.
Sin embargo, ahora, ya desde la oposición, plantea otra hipótesis: que la explicación podría estar relacionada con la manera en que los intereses geopolíticos estadounidenses inciden en la lucha contra el narcotráfico.
Una acusación que Petro no acompaña con pruebas documentales
La tesis planteada por Petro es de enorme alcance. Según su interpretación, determinados sectores de la inteligencia estadounidense tendrían conocimiento sobre los movimientos de los grandes jefes del narcotráfico. Por lo tanto, existiría una lógica geopolítica detrás de algunas decisiones relacionadas con su captura o neutralización.
El expresidente incluso plantea la posibilidad de que algunos narcotraficantes puedan ser utilizados como piezas de negociación o como fuentes de información contra actores políticos.
Sin embargo, en el planteamiento citado no presenta pruebas documentales que permitan comprobar esas acusaciones.
Lo que expone es su lectura de lo ocurrido durante su Gobierno, apoyada —según afirma— en información recibida de agentes que participaron en las operaciones y que compartían sus sospechas.
Por eso, sus afirmaciones abren un debate que requiere ser contrastado con documentos, informes de inteligencia, investigaciones judiciales y registros oficiales antes de poder establecer responsabilidades.
La pregunta que queda sobre la mesa
La propia explicación de Petro deja un interrogante. Si, como sostiene, su Gobierno mantuvo al máximo los niveles de cooperación entre la inteligencia colombiana y las agencias estadounidenses, ¿por qué esa cooperación no permitió capturar a los principales objetivos del narcotráfico?
Hay varias preguntas que quedan abiertas. ¿La cooperación funcionaba principalmente en el nivel operativo? ¿Existían diferencias entre la información compartida y las decisiones estratégicas? ¿Hubo filtraciones dentro de las estructuras colombianas? ¿O las dificultades para capturar a determinados objetivos obedecieron a factores completamente diferentes?
Petro no presenta una respuesta documental definitiva. Su mensaje plantea una hipótesis política que ahora tendrá que ser examinada frente a los hechos.
Los 25 bombardeos y la contradicción de la “paz total”
La revelación también expone una contradicción dentro de la propia administración Petro. Durante años, el actual expresidente cuestionó los bombardeos como herramienta militar, particularmente por el riesgo de que las operaciones terminaran causando la muerte de menores de edad.
Sin embargo, durante su Gobierno esta herramienta volvió a ser utilizada contra estructuras armadas. Según su explicación, la diferencia estuvo en el intento de utilizar información de inteligencia con mayor precisión para reducir el riesgo de afectar a civiles y, especialmente, a niños y adolescentes.
A pesar de ello, varias operaciones terminaron generando controversia por la presencia de menores entre las víctimas. Lo cual produjo fuertes cuestionamientos a la política de seguridad del Gobierno.
La disputa entre “mano dura” y cambios estructurales
La discusión también marca una diferencia clara entre la visión de Petro y la del nuevo Gobierno. Mientras Rodrigo Lara reivindica la capacidad operacional del Estado como una herramienta para obtener resultados contra las estructuras criminales, Petro insiste en que el narcotráfico no puede enfrentarse únicamente mediante la fuerza militar.
Su tesis sostiene que el problema también está relacionado con las condiciones sociales, económicas y territoriales que permiten la reproducción de las economías ilegales.
En ese marco, el expresidente vuelve a defender una transformación social basada en mayor equidad, educación y cambios en el modelo económico y energético del país.
El petróleo, el carbón y la geopolítica aparecen en la discusión
Uno de los elementos más controversiales de la interpretación de Petro es su vínculo entre la lucha contra el narcotráfico y los intereses energéticos.
El expresidente plantea que determinados intereses geopolíticos y económicos de Estados Unidos, particularmente relacionados con el petróleo y el carbón, podrían influir en la manera como se desarrolla la política antidrogas en Colombia.
La hipótesis supone que el narcotráfico no puede analizarse únicamente como un problema criminal, sino también como parte de una disputa más amplia por poder, recursos e influencia en la región. Se trata, nuevamente, de una interpretación política cuya comprobación requeriría evidencia adicional.
¿Una confesión o una explicación de los límites de su Gobierno?
El mensaje de Petro puede leerse desde dos perspectivas. Para sus seguidores, podría representar una revelación sobre las dificultades que encontró su Gobierno para enfrentar a las grandes estructuras del narcotráfico y sobre las limitaciones de la cooperación internacional.
Para sus críticos, en cambio, podría interpretarse como una explicación retrospectiva de por qué una de las principales promesas de seguridad de su administración no alcanzó los resultados esperados.
Lo cierto es que la declaración deja una discusión abierta. Petro reconoce haber autorizado 25 bombardeos durante su mandato y admite que no se siente orgulloso de esas operaciones. Al mismo tiempo, plantea una acusación de enorme gravedad sobre la forma en que, según su percepción, se habría manejado la información alrededor de los grandes objetivos del narcotráfico.
La guerra contra las drogas vuelve
Más allá de la confrontación política entre el Gobierno saliente y la nueva administración, las declaraciones de Petro reabren una discusión que Colombia arrastra desde hace décadas.
¿La lucha contra el narcotráfico debe concentrarse en la ofensiva militar? ¿Debe priorizarse la inteligencia y la cooperación internacional? ¿Es necesario modificar las condiciones económicas y sociales que alimentan las economías ilegales? ¿Hasta dónde llegan los intereses de otros Estados en la política antidrogas colombiana?
Y, quizá la pregunta más delicada: ¿qué ocurrió realmente con los objetivos de alto valor que fueron ubicados por la inteligencia colombiana durante los últimos cuatro años?
Por ahora, las respuestas de Petro corresponden a su interpretación de los hechos y no constituyen, por sí mismas, una demostración de las acusaciones planteadas.
Pero su mensaje deja un asunto sobre la mesa que difícilmente desaparecerá con el cambio de Gobierno: la lucha contra el narcotráfico en Colombia no solo se libra en los territorios donde operan las organizaciones criminales; también se disputa en los despachos donde se define quién recibe información, quién toma las decisiones y cuáles son los intereses que terminan determinando la política de seguridad del país.



