La educación pública colombiana atravesó importantes cambios durante la gestión del ministro de Educación Nacional, Daniel Rojas Medellín, periodo en el que el Gobierno de Gustavo Petro impulsó una política orientada a ampliar el acceso, fortalecer la financiación pública y reducir las desigualdades entre regiones.
El balance presentado por el Ministerio destaca avances en todos los niveles educativos, desde la primera infancia hasta la educación superior, con especial énfasis en la gratuidad, la ampliación de la cobertura y la llegada de programas académicos a territorios históricamente apartados de la oferta educativa.
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Educación superior alcanza cifras históricas de cobertura
Uno de los principales resultados reportados durante este periodo está relacionado con el crecimiento de la matrícula universitaria y de educación superior.
Colombia superó los 2,7 millones de estudiantes matriculados, alcanzando una cobertura del 61,75 %. De acuerdo con el balance, entre 2023 y 2026 más de 425.000 jóvenes se incorporaron al sistema de educación superior.
El crecimiento es presentado por el Gobierno como parte de una estrategia destinada a ampliar las oportunidades de acceso para los jóvenes y avanzar hacia un sistema en el que la educación superior pública tenga un carácter cada vez más universal.
Gratuidad para millones de estudiantes de instituciones públicas
La política de gratuidad se convirtió en uno de los principales ejes de la estrategia educativa del Gobierno.
Según las cifras divulgadas, actualmente el 97 % de los estudiantes de las instituciones públicas de educación superior estudian bajo esquemas de gratuidad, una medida que beneficia a más de un millón de jóvenes.
La apuesta busca reducir las barreras económicas que históricamente han limitado el ingreso y la permanencia de estudiantes en las universidades públicas, sustituyendo progresivamente mecanismos asociados al endeudamiento por un modelo de financiación directa para las instituciones.
Reforma a la financiación de las universidades públicas
Otro de los cambios destacados está relacionado con la financiación de la educación superior.
La administración de Daniel Rojas impulsó una modificación al esquema establecido por la Ley 30 de 1992, con el objetivo de responder al déficit financiero acumulado durante décadas en las instituciones públicas.
La propuesta plantea avanzar hacia una inversión equivalente al 1 % del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación superior pública, con la expectativa de garantizar mayor estabilidad presupuestal y permitir que las universidades amplíen su capacidad de atención.
El Gobierno considera esta transformación como una de las reformas estructurales más importantes para el sistema universitario en las últimas décadas.
La educación llega a más territorios
La ampliación de la oferta educativa también tuvo como objetivo reducir las diferencias entre las grandes ciudades y las zonas apartadas.
De acuerdo con el balance, más de 120.000 jóvenes de 427 municipios pudieron acceder a programas de educación superior sin tener que abandonar sus lugares de origen.
La estrategia busca fortalecer la presencia de las instituciones públicas en regiones que durante años tuvieron una oferta limitada y facilitar que los jóvenes puedan desarrollar sus proyectos de vida en sus propios territorios.
Formación integral desde las aulas
Los cambios no se limitaron a las universidades. En los colegios públicos también se promovió una visión de formación integral que incorpora áreas como el arte, la cultura, el deporte y la educación ambiental.
El balance señala que más de 1,3 millones de estudiantes de 5.519 instituciones educativas públicas hacen parte de esta estrategia.
La apuesta pretende complementar la formación académica tradicional con herramientas que contribuyan al desarrollo integral de los estudiantes y al fortalecimiento de valores relacionados con la convivencia, la ciudadanía y la construcción de paz.
Más estudiantes rurales lograron completar su trayectoria educativa
Uno de los desafíos históricos del sistema educativo colombiano ha sido garantizar la permanencia de los estudiantes en las zonas rurales y en territorios afectados por el conflicto armado.
En este frente, el Ministerio reportó que alrededor de 201.000 niñas, niños y jóvenes de estas zonas lograron completar su trayectoria educativa, gracias a la ampliación de grados disponibles y al fortalecimiento de la planta docente mediante la estrategia Simes.
El objetivo de estas medidas es reducir la deserción y garantizar que los estudiantes puedan avanzar de manera continua desde los primeros niveles hasta la culminación de la educación media.
Más atención para la primera infancia
La política educativa también incluyó esfuerzos para ampliar la atención durante los primeros años de vida.
El Gobierno reportó un incremento en la cobertura de los niveles de prejardín y jardín, con 128.284 niñas y niños beneficiados.
La ampliación de la oferta en educación inicial busca fortalecer el desarrollo temprano y garantizar que más familias tengan acceso a servicios educativos desde las primeras etapas de formación.
Inversión en infraestructura educativa
La recuperación y modernización de los espacios escolares fue otro de los componentes destacados en el balance.
En educación básica y media se destinaron alrededor de 2,1 billones de pesos para intervenir más de 11.100 ambientes educativos.
En el caso de la educación superior, se financiaron 108 proyectos de infraestructura, con recursos cercanos a los 1,7 billones de pesos.
Estas inversiones estuvieron dirigidas a mejorar, ampliar y construir espacios destinados al aprendizaje, con el propósito de ofrecer mejores condiciones físicas para estudiantes y docentes.
Más oportunidades para los docentes
La dignificación de la carrera docente también ocupó un lugar central en la gestión del Ministerio.
Durante el periodo analizado se reportó la creación de 12.725 nuevos cargos y el avance de más de 106.000 maestros en procesos de ascenso y reubicación salarial.
A esto se sumó el otorgamiento de 6.792 becas para docentes interesados en realizar estudios de licenciatura y programas de posgrado.
La estrategia busca fortalecer la formación de los educadores y mejorar sus condiciones profesionales, entendiendo que la calidad del sistema educativo está directamente relacionada con la preparación y estabilidad de quienes están al frente de las aulas.
El PAE aumenta sus recursos
El Programa de Alimentación Escolar, PAE, también registró un incremento en la asignación de recursos.
Según el balance, la financiación del programa aumentó en 78,9 %, una medida que busca contribuir a la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo y garantizar condiciones adecuadas para su proceso de aprendizaje.
La alimentación escolar es considerada una herramienta fundamental para enfrentar factores que pueden afectar la asistencia y continuidad de los niños, niñas y adolescentes en las instituciones educativas.
Educación como prioridad de inversión pública
El balance general de la gestión señala un aumento significativo de los recursos destinados al sector.
Entre 2022 y 2026, el presupuesto de educación habría registrado un crecimiento real del 39,1 %, de acuerdo con las cifras presentadas por el Gobierno.
Esta mayor asignación presupuestal hace parte de la estrategia oficial para fortalecer la educación pública y utilizarla como una herramienta para reducir las brechas sociales y territoriales.
Un balance marcado por reformas y expansión educativa
La gestión de Daniel Rojas Medellín al frente del Ministerio de Educación deja, según el balance gubernamental, una agenda centrada en ampliar la cobertura, fortalecer la educación pública y garantizar mayores oportunidades para estudiantes de diferentes regiones del país.
Los resultados reportados abarcan desde la gratuidad en la educación superior y la reforma a su financiación hasta inversiones en infraestructura, ampliación de la educación inicial, fortalecimiento de la carrera docente y aumento de los recursos destinados al PAE.
El principal desafío para los próximos años será garantizar la continuidad y sostenibilidad de estas políticas, así como convertir los avances en resultados permanentes que permitan cerrar las brechas educativas entre las ciudades y las regiones.
La discusión sobre el futuro de la educación colombiana queda así marcada por una pregunta fundamental: cómo mantener y ampliar los avances alcanzados para que el acceso a una educación pública de calidad sea una realidad para más niños, jóvenes y adultos en todo el país.
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