A cuatro años del Informe Final de la Comisión de la Verdad, el Comité de Seguimiento alerta sobre avances en reparación a víctimas, pero advierte que el Estado tardaría 62 años en indemnizar a toda la población afectada por el conflicto armado - Imagen- Prensa Comisión de la Verdad
Cuatro años después del Informe de la Comisión de la Verdad, Colombia avanza en reparación, pero las víctimas aún enfrentan una deuda histórica
El Sexto Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad reconoce avances sin precedentes en materia de derechos de las víctimas, pero advierte que el sistema institucional atraviesa una crisis de capacidad y financiación que pone en riesgo el cumplimiento efectivo de la reparación integral
Cuatro años después de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad, el país enfrenta un escenario de claros contrastes. Mientras el Estado ha impulsado reformas legales, incrementado las indemnizaciones y fortalecido algunos mecanismos de reconocimiento para las víctimas del conflicto armado, la magnitud de la tragedia humanitaria supera ampliamente la capacidad institucional para responder de manera oportuna.
El Sexto Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo (CSM) concluye que Colombia ha logrado avances importantes en la ampliación de los derechos de las víctimas. Sin embargo, también evidencia que la estructura creada para atenderlas hace más de una década ya no responde a la realidad actual, en la que el número de personas reconocidas como víctimas supera los 10,2 millones.
Reparación: los mayores avances de los últimos años
Entre los principales resultados destacados por el Comité sobresale la prórroga de la Ley de Víctimas mediante la Ley 2421 de 2024, así como la formulación participativa del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos 2026-2036.
El informe también resalta que durante 2025 se registró el mayor número de indemnizaciones otorgadas a mujeres víctimas de violencia sexual relacionada con el conflicto, alcanzando 8.574 beneficiarias, una cifra cuatro veces superior a la del año anterior.
A ello se suman actos oficiales de reconocimiento por parte del Estado frente a ejecuciones extrajudiciales, nuevos procesos simbólicos de reparación para víctimas en el exterior y la reactivación de la construcción del Museo Nacional de la Memoria, cuya apertura parcial está prevista para 2027.
En el ámbito judicial, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) continúa ampliando el reconocimiento de víctimas individuales y colectivas, mientras la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas fortalece su presencia territorial y la coordinación institucional para localizar a quienes aún permanecen desaparecidos.
Un sistema desbordado por la dimensión del conflicto
A pesar de estos avances, el informe presenta cifras que reflejan la enorme distancia entre las obligaciones del Estado y su capacidad real para cumplirlas.
El Registro Único de Víctimas supera actualmente los 10,2 millones de personas, una cifra diez veces mayor a la prevista cuando fue diseñado el sistema de atención.
Como consecuencia, el Comité advierte que, manteniendo el ritmo actual de indemnizaciones, Colombia necesitaría aproximadamente 62 años para reparar económicamente a todas las víctimas reconocidas.
La situación también representa un enorme desafío financiero. Según estimaciones de la Contraloría General de la República, la reparación integral requerirá cerca de 303,9 billones de pesos entre 2025 y 2031, recursos que aún no cuentan con respaldo presupuestal suficiente.
Actualmente, apenas el 19 % de las personas con derecho a indemnización han recibido esta medida de reparación desde la entrada en vigencia de la Ley de Víctimas.
Persisten las brechas institucionales
El informe también alerta sobre problemas estructurales de articulación entre las entidades encargadas de atender a las víctimas.
Uno de los principales ejemplos es la falta de integración entre los registros de la Unidad para las Víctimas, la JEP y la Unidad de Búsqueda, situación que provoca que cerca del 43 % de las víctimas acreditadas ante la JEP aún no aparezcan registradas oficialmente en el Registro Único de Víctimas.
En materia de reparación colectiva, el panorama tampoco resulta alentador.
Aunque existen cientos de sujetos colectivos reconocidos, la mayoría presenta niveles de ejecución inferiores al 40 % en sus planes de reparación, mientras que muy pocos procesos han logrado concluir completamente.
Las víctimas residentes en el exterior continúan enfrentando barreras adicionales. Aunque la Comisión de la Verdad estimó que cerca de un millón de colombianos afectados por el conflicto viven fuera del país, el Registro Único apenas recoge poco más de 31.000 declaraciones y más de la mitad de los consulados colombianos todavía no reciben estos trámites.
La violencia continúa produciendo nuevas víctimas
Uno de los aspectos más preocupantes del informe es que las garantías de no repetición aún están lejos de consolidarse.
Desde la firma del Acuerdo de Paz hasta finales de 2025 han sido asesinados al menos 1.865 líderes y lideresas sociales, mientras que el propio Registro Único de Víctimas reporta más de un millón de nuevas personas afectadas por hechos relacionados con el conflicto armado durante ese mismo periodo.
Esta realidad demuestra que, aunque existen avances institucionales en reparación, las dinámicas de violencia siguen presentes en diversas regiones del país.
Reparar el pasado mientras el conflicto sigue produciendo víctimas
Más allá de las cifras, el Sexto Informe del Comité de Seguimiento deja una reflexión de enorme importancia para el país.
El problema ya no consiste únicamente en reconocer derechos a las víctimas mediante leyes, decretos o nuevas políticas públicas. El verdadero desafío radica en que el Estado colombiano logre convertir esos compromisos jurídicos en resultados concretos para millones de personas que aún esperan reparación.
Las cifras muestran una paradoja evidente: nunca antes Colombia había contado con un marco normativo tan amplio para proteger a las víctimas y, al mismo tiempo, nunca había tenido un universo tan grande de personas esperando respuestas.
El informe también evidencia que la reparación no puede analizarse únicamente desde una perspectiva económica. Mientras continúen los asesinatos de líderes sociales, los desplazamientos forzados, las amenazas y el reclutamiento de comunidades vulnerables, el país seguirá ampliando el número de víctimas al mismo tiempo que intenta reparar las del pasado.
Con la llegada de un nuevo gobierno en agosto de 2026, el principal reto no será únicamente aumentar el presupuesto para la reparación integral, sino garantizar que las políticas de verdad, justicia, reparación y no repetición se conviertan en una política de Estado con continuidad institucional.
De lo contrario, la advertencia del Comité seguirá vigente: Colombia corre el riesgo de construir un sistema que repara lentamente mientras la violencia continúa generando nuevas víctimas, haciendo cada vez más difícil cerrar las heridas de más de seis décadas de conflicto armado.
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Licenciado en comunicación Digital y Analista de prensa y comunicación de UTEL. Docente con 10 años de experiencia en educación. Apasionado a la historia, la ciencia y las tecnologías. He escritó para El Histonauta, Tech365science, Comunicar Noticias, Voxpopuli.digital, Soccer Adictos MX y Periódico El Popular. Como periodista siempre destacado en el área investigativa de análisis. Director de Noticias Voz Realities y defensor de DDHH
