El Gobierno nacional expidió el Decreto 0769 de 2026, una nueva regulación orientada a promover entornos digitales más seguros para niños, niñas y adolescentes en Colombia.
La medida, que reglamenta la Ley 2489 de 2025, establece acciones para prevenir riesgos y violencias en internet, fortalecer la educación digital y proteger los derechos de los menores de edad frente a situaciones que pueden afectar su seguridad, privacidad y bienestar.
La nueva normativa plantea que la protección en el entorno digital no es responsabilidad exclusiva del Estado. Por el contrario, establece un principio de corresponsabilidad en el que participan las familias, los cuidadores, las instituciones educativas y las empresas que ofrecen plataformas y servicios digitales.
¿Qué busca el Decreto de Entornos Digitales Sanos y Seguros?
La normativa parte de una realidad: la vida cotidiana de niños y adolescentes transcurre cada vez más en espacios digitales.
Internet, las redes sociales, los videojuegos y las aplicaciones ofrecen oportunidades para estudiar, comunicarse, crear contenidos y acceder a información, pero también pueden exponer a los menores a amenazas que afectan sus derechos y su integridad.
Por esta razón, el decreto busca fortalecer la prevención y generar condiciones para que el uso de la tecnología se desarrolle de manera segura, responsable y respetuosa de la privacidad.
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Ciberacoso, captación y abuso sexual: algunos de los riesgos identificados
Entre las situaciones que la nueva regulación busca enfrentar se encuentran el ciberacoso, la explotación y el abuso sexual en línea, la captación mediante medios digitales, la vulneración de datos personales y el acceso a contenidos inapropiados.
Estos riesgos pueden presentarse de distintas maneras y afectar tanto la seguridad como la salud y los derechos de los menores.
El material pedagógico elaborado en el marco del decreto explica que un riesgo puede surgir cuando coinciden una amenaza, una condición de vulnerabilidad y un nivel de exposición. Por ejemplo, una persona que utiliza una identidad falsa puede representar una amenaza que, combinada con la falta de acompañamiento adulto y el contacto constante a través de redes sociales, aumenta la posibilidad de que ocurra una situación perjudicial.
¿Cuáles son las principales violencias digitales?
El ABC sobre riesgos digitales identifica diferentes formas de violencia que pueden afectar a niños, niñas y adolescentes. Entre ellas está el ciberacoso, que incluye insultos, burlas, humillaciones o persecuciones mediante plataformas digitales.
También se encuentra la suplantación de identidad, que ocurre cuando una persona utiliza fotografías o información personal para hacerse pasar por otra. Otro riesgo es la explotación y el abuso sexual en línea, así como la captación digital, mediante la cual se busca establecer vínculos de confianza con menores de edad con posibles fines de engaño, explotación o reclutamiento.
La vulneración de datos personales también constituye una amenaza, especialmente cuando se difunden o utilizan indebidamente fotografías, ubicaciones, números telefónicos u otros datos privados.
Las plataformas digitales tendrán nuevas responsabilidades
Uno de los aspectos centrales del decreto es la participación de las empresas tecnológicas en la prevención de riesgos.
Los proveedores de plataformas y servicios digitales deberán adoptar medidas relacionadas con el diseño seguro de sus productos, la gestión de riesgos y el reporte periódico de los avances al Ministerio TIC.
La normativa también incorpora el principio de privacidad desde el diseño y por defecto, con el objetivo de fortalecer la protección de la información personal de los menores.
Además, se plantea el fortalecimiento de los mecanismos de reporte y atención frente a situaciones que puedan poner en peligro a niños, niñas y adolescentes.
Colegios y familias tendrán un papel fundamental
La estrategia establece responsabilidades para las instituciones educativas y las familias.
Los colegios deberán incorporar la prevención de riesgos digitales dentro de sus Proyectos Educativos Institucionales y Manuales de Convivencia, mientras que padres, madres y cuidadores tendrán acceso a herramientas para acompañar a los menores en el uso de la tecnología.
La apuesta busca fortalecer una cultura de prevención y cuidado, en la que los niños y adolescentes cuenten con acompañamiento para reconocer amenazas y desarrollar hábitos seguros en internet.
Se creará una política nacional y un sistema de monitoreo
Entre las medidas previstas se encuentra la formulación, durante los próximos doce meses, de una Política Pública Nacional de Entornos Digitales Sanos y Seguros.
El decreto también contempla la creación de un repositorio gratuito de recursos y buenas prácticas dirigido a familias, estudiantes y docentes. Este espacio no deberá incluir publicidad dirigida a menores ni exigir la entrega de datos personales como condición para acceder a sus contenidos.
A esto se suma un Sistema Integral de Monitoreo, Evaluación y Desarrollo Tecnológico, que integrará al Ministerio de Educación, el ICBF, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa, bajo la coordinación técnica del Ministerio TIC. El objetivo será fortalecer las capacidades de prevención, detección y atención de los riesgos y violencias digitales.
La regulación no contempla censura ni vigilancia generalizada
El decreto establece que las nuevas obligaciones deberán aplicarse de manera gradual y diferenciada, teniendo en cuenta factores como el nivel de riesgo, las características del servicio y las capacidades técnicas de cada actor.
La normativa también establece límites expresos: las medidas no podrán convertirse en mecanismos de censura previa, monitoreo generalizado de las comunicaciones ni debilitamiento de los sistemas de cifrado.
CiberPaz ha llevado formación digital a cientos de municipios
El Gobierno señaló que las nuevas medidas se complementan con el trabajo desarrollado a través de la estrategia CiberPaz, mediante la cual el Ministerio TIC ha realizado más de 3,4 millones de sensibilizaciones dirigidas a niños, adolescentes, padres, docentes y cuidadores.
Las actividades de formación y apropiación digital llegaron a 805 municipios de los 32 departamentos del país, con jornadas realizadas en colegios, barrios, comunidades rurales y Juntas de Acción Comunal.
El balance presentado también registra la participación de diferentes grupos poblacionales, entre ellos mujeres, adolescentes, niños y comunidades indígenas y NARP, además de personas con discapacidad y víctimas del conflicto armado.
Una responsabilidad compartida para construir entornos digitales más seguros
El Decreto 0769 de 2026 plantea un nuevo marco para abordar los desafíos que enfrentan los menores de edad en internet.
Más allá de las obligaciones para las instituciones y empresas tecnológicas, la estrategia pone el énfasis en la prevención, la educación digital y el acompañamiento familiar.
El reto será lograr que estas medidas se traduzcan en acciones efectivas de protección y que niños, niñas y adolescentes puedan aprovechar las oportunidades que ofrece la tecnología sin quedar expuestos a situaciones que vulneren sus derechos.
Con esta regulación, Colombia busca avanzar hacia una ciudadanía digital basada en la prevención, la responsabilidad, la empatía y la autoprotección, bajo un modelo en el que Estado, familias, colegios y plataformas compartan la tarea de construir espacios digitales más seguros.
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