La senadora Jennifer Pedraza, junto con los ciudadanos Alejandro Palacio Restrepo y Carlos Felipe Parra Rojas, presentó ante el Consejo de Estado una demanda de pérdida de investidura contra Wadith Alberto Manzur Imbett, senador electo para el período 2026-2030. La solicitud se fundamenta en el incumplimiento del plazo legal para asumir el cargo.
De acuerdo con el documento, la acción se sustenta en el artículo 183 de la Constitución Política y en la Ley 1881 de 2018, normas que establecen la pérdida de investidura para aquellos congresistas que no tomen posesión de sus funciones dentro del término señalado por la ley.
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El origen de la controversia
La demanda señala que Manzur fue elegido senador en las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 con el aval del Partido Conservador y obtuvo 134.914 votos.
Sin embargo, días después de los comicios, la Corte Suprema de Justicia profirió una resolución de acusación en su contra por el presunto delito de cohecho impropio dentro de las investigaciones relacionadas con el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Posteriormente, se ordenó su detención.
La discusión sobre la posesión en el Congreso
El documento también indica que la defensa del congresista solicitó autorización para que pudiera asistir a la instalación del Congreso o, en su defecto, adelantar la diligencia de posesión mediante otros mecanismos. No obstante, la Corte Suprema de Justicia consideró improcedente el traslado del senador a las instalaciones del Capitolio Nacional.
Según la certificación expedida por la Secretaría General del Senado, Manzur no tomó posesión de su curul el 20 de julio ni dentro del plazo constitucional de ocho días establecido para ello.
Los argumentos jurídicos de la demanda
Los demandantes sostienen que la condición de senador electo quedó plenamente acreditada, al igual que la instalación del Congreso y el vencimiento del término legal sin que se produjera la posesión.
Asimismo, argumentan que la medida de aseguramiento impuesta al dirigente político no constituye, necesariamente, un caso de fuerza mayor que lo exima de responsabilidad, ya que, según el escrito, el proceso judicial en su contra era conocido antes de las elecciones y su evolución podía ser prevista.
¿Qué podría ocurrir ahora?
Entre las pretensiones de la demanda se encuentra la solicitud para que el Consejo de Estado declare la pérdida de investidura de Wadith Manzur y determine su inhabilidad permanente para ejercer cargos de elección popular. Además, se pide notificar la decisión al Senado, al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil.
La decisión final quedará en manos de las Salas Especiales de Decisión de Pérdida de Investidura del Consejo de Estado, organismo que deberá establecer si la ausencia de posesión constituye una causal suficiente para retirar la investidura al congresista.
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