Reuniones políticas, denuncias de clientelismo y posibles presiones a líderes de víctimas ponen en el centro del debate a la Unidad para las Víctimas en el Atlántico
La publicación de una investigación de Noticias La Voz Realities sobre presuntas prácticas de instrumentalización política en la Unidad para las Víctimas generó un fuerte impacto en el departamento del Atlántico, desatando reacciones internas, reuniones extraordinarias y comunicaciones directas con este medio de comunicación.
El reportaje inicial reveló una reunión que, según testimonios recibidos, habría tenido como objetivo asegurar apoyo electoral para el candidato al Senado Gustavo Moreno, del partido Alianza Verde, en presunta complicidad con funcionarios públicos, lo que abrió un debate público sobre posibles irregularidades en el manejo institucional.
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Derecho a la réplica y rectificación informativa
Tras la publicación, uno de los funcionarios mencionados ejerció su derecho constitucional a la presunción de inocencia y solicitó rectificación. En atención a ello, este medio publicó íntegramente la respuesta oficial suministrada por el enlace de víctimas del municipio de Soledad, Orlando Montiel, quien negó cualquier vínculo político con los hechos investigados.
Noticias La Voz Realities reafirma que el ejercicio del periodismo responsable incluye garantizar el derecho a réplica, sin que ello implique desestimar las denuncias ni el deber de profundizar en los hechos de interés público.
Reuniones paralelas y llamadas a líderes de víctimas
De manera coincidente, el mismo día de la publicación del reportaje inicial, los organizadores de la reunión denunciada habrían convocado encuentros extraordinarios, algunos en oficinas de la Unidad para las Víctimas – Regional Atlántico y otros desde sedes de campaña política.
Ese mismo día, personas que asistieron a dichas reuniones se comunicaron con este medio para confirmar que estaban recibiendo llamadas en las que se indagaba sobre su relación con Noticias La Voz Realities. Con el fin de proteger la integridad y seguridad de las fuentes, el medio recomendó negar cualquier vínculo, en cumplimiento del deber ético y legal del periodismo.
Reserva de la fuente y cuestionamientos a la Fiscalía
Posteriormente, la Fiscalía General de la Nación solicitó información sobre las fuentes de la investigación, requerimiento que fue negado por este medio al amparo del artículo 74 de la Constitución Política de Colombia, que protege de manera expresa la reserva de la fuente periodística.
Adicionalmente, se solicitó a este medio otorgar poderes para acceder a información de investigaciones en curso sobre funcionarios públicos. Una actuación que expertos consultados consideran improcedente, dado que el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) establece la reserva de actuaciones y limita el acceso a terceros no procesales, lo que podría configurar una actuación negligente por parte del ente investigador.
Alertas por presunta interceptación de comunicaciones
Durante varias de las llamadas recibidas, los informantes manifestaron sospechas sobre posibles intervenciones a sus líneas telefónicas y mensajes de WhatsApp, lo que, de confirmarse, constituiría una grave vulneración al derecho fundamental a la intimidad (artículo 15 de la Constitución).
Estos hechos adquieren mayor gravedad tras la reciente normativa expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que fijó reglas estrictas para el uso de datos personales en campañas políticas, especialmente durante periodos electorales. Ante ello, Noticias La Voz Realities anunció que solicitará una revisión formal de la campaña del candidato Gustavo Moreno.
Coincidencias con investigaciones nacionales
De manera paralela, el diario El País publicó el pasado 26 de enero una investigación que señala la existencia de cuotas políticas y concentración de poder dentro de la Unidad para las Víctimas, describiendo la influencia de estructuras políticas en decisiones de contratación y manejo presupuestal.
Las similitudes entre ambas investigaciones refuerzan las alertas sobre un posible patrón de utilización de la entidad con fines políticos, más allá del ámbito regional.
El presunto entramado: votos a cambio de indemnizaciones
Según la información recopilada por este medio, la reunión denunciada habría tenido como finalidad garantizar apoyo electoral a cambio de indemnizaciones administrativas, a través de:
| Convocatorias a coordinadores de mesas de víctimas del Atlántico. |
| Articulación con líderes de campaña para ofrecer cargos dentro de la entidad. |
| Planificación estratégica atribuida a actores con amplio conocimiento institucional. |
| Un esquema que, según las fuentes, se habría mantenido incluso antes de la salida de Adith Romero de la dirección de la Unidad para las Víctimas. |
| La presunta articulación de estas acciones por parte de Carlos López, quien conoce ampliamente la entidad y mantiene relaciones cercanas con estructuras políticas tradicionales del Atlántico, con antecedentes en otras entidades públicas |
| Presunta asignación de contratos y direccionamiento político desde altos niveles de la entidad. |
| La versión según la cual Michael Sabbatino Iguarán habría actuado siguiendo directrices de Carlos López y bajo instrucciones atribuidas a Adith Romero, relacionadas con asignación de contratos y coordinación política. |
Estos hechos, de comprobarse, podrían configurar graves faltas disciplinarias y delitos contra la administración pública.
A la espera de los entes de control
Actualmente, Noticias La Voz Realities se encuentra a la espera de respuestas formales por parte de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Una vez se conozcan dichos pronunciamientos, este medio solicitará al Consejo Nacional Electoral (CNE) la revisión del caso.
Como medio seguiremos atento al desarrollo de esta investigación. Por la gravedad de las denuncias, el presunto amedrentamiento a líderes sociales y las posibles prácticas de espionaje denunciadas.
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