La Unidad para las Víctimas dio a conocer los principales resultados de su gestión durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2025, en la que destacó avances significativos en la implementación de la política de reparación integral, con inversiones históricas en indemnizaciones, fortalecimiento de la reparación colectiva y acompañamiento a comunidades afectadas por el conflicto armado.
La entidad informó que actualmente el país registra 10.279.191 víctimas en el Registro Único de Víctimas (RUV) y reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo las acciones orientadas a garantizar sus derechos y promover la reconstrucción del tejido social.
Más de medio millón de personas fueron incorporadas al Registro Único de Víctimas
Durante 2025, la Unidad incorporó 586.900 personas al Registro Único de Víctimas y adelantó la caracterización de 376.574 ciudadanos, herramienta fundamental para orientar la oferta institucional de acuerdo con las necesidades de la población afectada.
Asimismo, la entidad reportó la inclusión de 233 nuevos Sujetos de Reparación Colectiva, entre ellos 109 comunidades negras y afrocolombianas, fortaleciendo las estrategias de reparación con enfoque diferencial y territorial.
La directora general (e) de la Unidad para las Víctimas, Alix Aguilar, destacó que la gestión permitió acercar la institución a las regiones y construir respuestas más efectivas junto a las comunidades.
Indemnizaciones alcanzaron una inversión récord de $2,5 billones
Uno de los principales logros presentados durante la rendición de cuentas fue la destinación de 2,5 billones de pesos para indemnizaciones administrativas, recursos que beneficiaron a 220.533 víctimas durante la vigencia 2025.
Con este resultado, el actual Gobierno acumula 674.431 personas indemnizadas, con una inversión total cercana a 6,8 billones de pesos, equivalente al 42,7 % de todos los recursos entregados en la historia de la política pública de reparación administrativa.
A esta gestión se sumó la reparación por vía judicial, mediante la cual el Fondo para la Reparación de las Víctimas realizó 13.336 pagos, por un valor superior a 267 mil millones de pesos.
La reparación colectiva avanzó con nuevos planes en todo el país
En materia de reparación colectiva, la entidad informó que destinó 31.981 millones de pesos para fortalecer 48 Sujetos de Reparación Colectiva.
Igualmente, durante 2025 fueron formulados y concertados 92 Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC), cifra que permitió alcanzar 234 planes implementados en 26 departamentos del país.
Según la Unidad, este resultado representa un incremento del 169 % frente a la administración anterior, consolidando uno de los avances más importantes en la atención a comunidades afectadas por el conflicto.
Retornos y reubicaciones fortalecieron la estabilización de las familias
La entidad también destacó los avances en los procesos de retorno y reubicación, acompañando a 1.620 hogares en sus rutas de estabilización.
Entre las acciones desarrolladas sobresale el retorno de la comunidad Emberá, que permitió el traslado seguro de 614 hogares, integrados por 1.449 personas, mediante un proceso articulado con diferentes instituciones.
Estas iniciativas estuvieron respaldadas por 276 intervenciones comunitarias, orientadas a consolidar condiciones de seguridad y sostenibilidad para las familias beneficiarias.
Más apoyo para la estabilización socioeconómica
Como parte de las estrategias para fortalecer la autonomía de las víctimas, la Unidad entregó 2.000 Esquemas Especiales de Acompañamiento Familiar en 55 municipios, con una inversión superior a 22.000 millones de pesos.
Estos recursos buscan mejorar las condiciones de vida de las familias mediante acciones de acompañamiento, estabilización económica y fortalecimiento comunitario.
Con este balance, la Unidad para las Víctimas reiteró su compromiso con la transparencia en el manejo de los recursos públicos y con el fortalecimiento de una política de reparación integral que contribuya a garantizar los derechos de las víctimas y a consolidar procesos de transformación en los territorios afectados por el conflicto armado.
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