Denunciantes exponen la podredumbre política que amenaza con corromper una institución pública esencial para el Atlántico
En un momento crítico para la educación superior en Colombia, la Universidad del Atlántico se ve envuelta en un torbellino de corrupción y manipulación política. Dos valientes ciudadanos, Eliasa Badel Rosales y Peter Alexander Hawkins Suárez, han levantado la voz mediante recusaciones formales ante el Consejo Superior y la Procuraduría General, denunciando conflictos de intereses que huelen a injerencia descarada.
Estos documentos, a los que Noticias La Voz Realities tuvo acceso, respaldados por evidencias irrefutables como resoluciones oficiales y material audiovisual, apuntan directamente al corazón de un complot orquestado por el clan Char –con Alejandro Char Chaljub y Fuad Char Abdala a la cabeza– y su marioneta, Leyton Barrios Torres. Es hora de llamar las cosas por su nombre: esto no es un proceso electoral limpio, sino un asalto a la autonomía universitaria que debe ser detenido de inmediato.
El Nombramiento Sospechoso de Miguel Antonio Caro Candezano: Un Voto Comprado por el Poder
En el centro de esta farsa se encuentra Miguel Antonio Caro Candezano, representante de las directivas académicas en el Consejo Superior y vicerrector de Investigación, Extensión y Proyección Social. Nombrado directamente por Danilo Hernández Rodríguez –rector saliente y principal candidato con 6.345,56 votos ponderados–, Caro depende jerárquicamente de quien ahora busca perpetuarse en el poder.
Esta relación de subordinación no es casual: es un conflicto de intereses estructural que viola flagrantemente los principios de independencia e imparcialidad consagrados en el Estatuto General de la Universidad (Acuerdo Superior No. 000001 de 2021) y el Estatuto Electoral.
Los denunciantes, con razón absoluta, argumentan que Caro no puede ser juez y parte en un proceso donde su jefe directo aspira a la reelección. Ignorar esta recusación sería convalidar una votación viciada, donde un voto decisivo –en un quórum que requiere mayoría calificada de cinco miembros– podría inclinarse por lealtades personales en lugar de méritos académicos.
Caro, al aceptar este doble rol, se convierte en cómplice de un sistema corrupto que prioriza el clientelismo sobre la excelencia educativa.
Los Representantes Estudiantiles Vendidos: Angely Loraine Díaz Cordero y Elías de Jesús Palma Sanjuanelo Bajo la Sombra del Clan Char
El escándalo se agrava con los representantes estudiantiles Angely Loraine Díaz Cordero y su suplente Elías de Jesús Palma Sanjuanelo, cuya independencia es una ilusión patética. Díaz, empleada en la Secretaría de Talento Humano del Distrito de Barranquilla –gobernado por Alejandro Char–, y Palma, con un contrato de prestación de servicios en la misma entidad, mantienen lazos económicos y políticos directos con el clan Char.
Evidencias audiovisuales, como fotos de una cena compartida con Leyton Barrios, Alejandro y Fuad Char, revelan una subordinación ideológica y funcional que apesta a corrupción. A esto sumado por una presunta relación sentimental con el rector saliente Danilo Hernández.
En efecto, estos «representantes» nunca han defiendido a los estudiantes. Sin embargo, si sirven a los intereses del poder político que los alimenta. Su participación en el Consejo Superior, donde votan por la designación del rector, representa un conflicto de intereses que viola el artículo 209 de la Constitución Política y el Código de Procedimiento Administrativo (Ley 1437 de 2011).
Los denunciantes aciertan al exigir su separación inmediata: permitir que voten equivaldría a entregar la universidad en bandeja de plata a Barrios, el candidato ungido por los Char. Esta red de dependencias no es coincidencia; es un plan deliberado para capturar una institución pública y convertirla en feudo personal.
Las Alianzas Tóxicas del Clan Char: Leyton Barrios Como Marioneta en un Juego de Poder
No podemos ignorar el elefante en la habitación: el clan Char, con su historial de dominio político en el Atlántico, ha extendido sus tentáculos hacia la Universidad del Atlántico. Leyton Barrios Torres, tercer en la lista de candidatos con 3.496,07 votos, no es más que una extensión de su influencia.
Apoyado públicamente por Alejandro Char (alcalde de Barranquilla) y Fuad Char (líder histórico de Cambio Radical), Barrios representa el peor clientelismo: un funcionario que minimiza sus lazos políticos mientras cena con sus jefes en eventos capturados en video.
La publicación realizada hace una semana por Noticia de Voz Realities, complementada por evidencias como la reunión secreta revelada por Revista Semana, confirma esta injerencia. Barrios y los Char no buscan un rector independiente; quieren un títere que perpetúe su control sobre recursos públicos.
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Esta alianza no solo viola la autonomía universitaria (Ley 30 de 1992), sino que expone a la institución a riesgos de nulidad en sus decisiones, como advierten los denunciantes. Es un atentado contra la democracia académica que debe ser repudiado con vehemencia.
¿Rector saliente paga disturbios por demora en elección?
Algunas denuncias hechas por fuentes externas, manifiestan que, Danilo Hernández presuntamente ha utilizado a estudiantes contratistas como Rosa Castillo, Antony Barrios, Cristian Chamorro y Javier Hernández. El objetivo seria contratar personal externo con el fin de generar disturbios. La fuente que prefiere mantenerse en el anónimo, comentó que, Hernández ostensiblemente ordenó directamente la contratación de encapuchados para provocar violencia en las instalaciones universitarias.
Implicaciones Legales: La Procuraduría Debe Actuar Ya para Salvar la Universidad
Las recusaciones no son simples formalidades: son un grito de alerta respaldado por el Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019), que tipifica como falta gravísima intervenir con conflictos de intereses. Ignorarlas podría llevar a nulidades absolutas bajo el CPACA (artículos 137-138), exponiendo a Caro, Díaz, Palma y sus aliados a sanciones disciplinarias.
La Procuraduría regional Atlántico, bajo Javier Enrique Crespo Muñoz y Maryoly Paola Mejía Pérez, tiene la obligación de investigar y suspender a estos miembros corruptos.
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