De los $217 millones destinados para apoyar la participación de víctimas del conflicto, solo se habrían ejecutado $75 millones. Fundación contratista alegó en el año 2024 que el resto “se fue en impuestos”
Una denuncia realizada por fuentes cercanas a la Mesa Distrital de Víctimas de Barranquilla pone en tela de juicio la ejecución del contrato CD-03-2024-1900, firmado entre la Alcaldía Distrital y la Fundación Social y Educativa del Caribe – SEDUCAR, por un valor de $217.800.000. Malversación de fondos en proyecto para víctimas del conflicto en Barranquilla deberá ser investigado, ya enviamos denuncias formales ante los entes de control incluida la Fiscalía General de la Nación.
Según la información obtenida, en reuniones internas se habría reportado que únicamente $75 millones del total fueron utilizados en actividades destinadas a garantizar la participación de víctimas del conflicto armado, mientras que el resto del dinero fue supuestamente absorbido por impuestos.
Sin embargo, una revisión documental y fiscal realizada por Noticias La Voz Realities revela inconsistencias graves en esta afirmación en el contrato celebrado en el año 2024.
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El contrato exige plena ejecución y ya incluye los impuestos
El objeto del contrato era prestar apoyo logístico, metodológico y administrativo a la Mesa Distrital de Víctimas durante seis meses, con múltiples actividades programadas: sesiones, capacitaciones, fortalecimiento institucional y conmemoraciones clave.
El valor del contrato, según los documentos oficiales, incluye el IVA (19%), discriminado claramente en el presupuesto. De hecho, el contrato establece expresamente que los tributos no afectan el cumplimiento de las metas pactadas y que el contratista debe asumirlos sin alterar el desarrollo de las actividades.
¿Dónde está el dinero restante?
La versión de que el dinero restante fue consumido por impuestos no se sostiene legal ni contablemente. De acuerdo con el análisis del RUT, la Cámara de Comercio y las cláusulas contractuales, la Fundación está obligada a facturar y transferir el IVA, pagar renta como entidad del régimen ordinario, y asumir otros tributos si corresponde. Pero nada de esto justifica que más del 65% del presupuesto no se haya ejecutado socialmente.
Si efectivamente solo se ejecutaron $75 millones, se estaría ante un caso de posible malversación de recursos públicos, encubrimiento institucional o negligencia en la supervisión contractual.
Posibles delitos y faltas
Expertos consultados advierten que los hechos podrían configurar:
- Falsedad ideológica en documento público, si se presentaron informes alterados o incompletos.
- Peculado por apropiación, si el dinero no fue devuelto ni reinvertido.
- Incumplimiento del objeto contractual, lo cual amerita intervención disciplinaria y fiscal.
¿Quién responde?
La responsabilidad recaería tanto en la Fundación contratista como en la coordinación de la Mesa de Víctimas, si se demuestra que conocían la situación y aun así validaron informes o permitieron el incumplimiento.
Lo extraño del reporte subido a la base de datos de la contratación pública revela dos operadores; el primero, Fundación Social y Educativa del Caribe – SEDUCAR, el segundo lo encontramos en el acto inicial del contrato, Fundación Escuela Barranquillera. Ambas recibieron el pago por parte del distrito en «dos partidas». Explicación que deberá entregar Nelson Patrón Díaz, quien estuvo en las funciones como Secretario de Gobierno.
Llamado a la acción
Organizaciones sociales, líderes de víctimas y entes de control están llamados a exigir transparencia y rendición de cuentas. Este contrato no solo implicaba recursos públicos, sino la confianza de quienes han sufrido el conflicto armado y esperan ser escuchados. ¿Qué se hará con esta denuncia? ¿Actuarán la Contraloría y la Procuraduría? Se exigen claridades sobre contratos de participación de víctimas en Barranquilla: más del 60% del presupuesto está en duda.
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