El escándalo que sacude a la Universidad del Atlántico destapa una cadena de omisiones y falsedades en la elección rectoral. El Ministerio de Educación actúa mientras la comunidad universitaria exige verdad, sanciones y una reforma ética profunda
La historia que Noticias La Voz Realities venía denunciando desde hace semanas finalmente se confirma: la elección de Leyton Daniel Barrios Torres como rector de la Universidad del Atlántico no solo fue irregular, sino que hoy está oficialmente anulada. Se cayó el teatro que seguramente se armó con complicidad del mismo gobernador, Eduardo Verano de la Rosa para que los Char siguieran usando la Universidad del Atlántico como una caja menor electoral.
El Comité Electoral declaró su nulidad total por falsedad en los documentos aportados y el Ministerio de Educación Nacional ordenó una investigación preliminar contra los miembros del Consejo Superior y el Comité de Credenciales que avalaron su candidatura sin verificar debidamente los requisitos.
El falso “docente universitario” que nunca dio clase
El detonante fue la revelación judicial del 5 de noviembre de 2025 ante el Juzgado Tercero Administrativo de Barranquilla, donde la Corporación Universitaria Americana confirmó que Leyton Barrios jamás tuvo vínculo docente ni laboral con esa institución.
Lo que se presentó como “experiencia universitaria” resultó ser un conjunto de contratos civiles y actividades de extensión —nada que acreditara docencia formal, ni cargos directivos en educación superior, como exige el artículo 29 del Estatuto General de la Universidad del Atlántico. En otras palabras: la candidatura de Barrios se sustentó en certificaciones falsas.
El Comité Electoral fue tajante: los documentos eran contradictorios, insuficientes y carentes de validez académica. Por ello, la Resolución N.° 002 del 7 de noviembre declara la nulidad de su elección y ordena su exclusión definitiva del proceso rectoral 2025–2029.
Una red de omisiones y responsabilidades compartidas
El golpe institucional no se detiene ahí. El Ministerio de Educación Nacional, mediante la Resolución 021457 del 7 de noviembre, abrió investigación formal contra los miembros del Comité de Credenciales y del Consejo Superior de la Universidad.
El objetivo: determinar por qué se habilitó la candidatura de Barrios pese a que su documentación no cumplía con los requisitos legales. Según el Ministerio, estas instancias violaron disposiciones constitucionales y estatutarias al “presumir de buena fe” certificaciones sin verificar su autenticidad. Una omisión grave que vulnera la transparencia del proceso electoral universitario.
Noticias La Voz Realities ya lo había advertido
Desde el mes de octubre, este medio independiente reveló indicios de irregularidades en la elección de Barrios, así como presuntos conflictos de interés dentro del Consejo Superior. Mientras algunos sectores de poder intentaban imponer una narrativa de legitimidad, las pruebas —hoy reconocidas por el propio Estado— mostraban que el proceso estaba viciado desde su origen.
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La nulidad del acto y la apertura de la investigación confirman que las denuncias eran ciertas y que una de las universidades públicas más importante del Caribe colombiano fue puesta al borde del descrédito por intereses particulares.
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Una lección de transparencia para la educación pública
Este caso no solo expone a un aspirante que falseó su hoja de vida, sino también a un sistema universitario que permitió que ello ocurriera. La falta de control interno, el uso político de los órganos de gobierno y la manipulación de procesos electorales universitarios abren un debate urgente sobre la autonomía universitaria y su responsabilidad frente a la ética pública.
La Universidad del Atlántico, que en su historia ha sido bastión del pensamiento crítico y la formación científica, enfrenta hoy la necesidad de reconstruir su credibilidad. El reto inmediato será designar un rector legítimo, transparente y capaz de devolver la confianza a una comunidad académica hastiada de los pactos de poder que la han secuestrado por años.
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