La delincuencia juvenil es una realidad que se viene manifestando en Argentina desde hace muchos años. ¿Qué papel ejerce el Estado en la prevención y cumplimiento de reglas mínimas para velar por la integridad del joven que delinque, y proteger a la sociedad de este flagelo?
La delincuencia juvenil es un problema que afecta a los países de América Latina desde hace tiempo. En Argentina, si bien no es el peor escenario, la situación se ve preocupante.
La situación en la región, en especial en Argentina
El país atraviesa una crisis alarmante, la red de contención social y educativa se está deteriorando de manera seria, casi al borde un quiebre. El Estado no está brindando respuestas eficientes a las demandas económicas, laborales, sanitarias, de seguridad y educativas.
En lugar de enfocarse en políticas que promuevan la emancipación y protección de los ciudadanos, está centrado en políticas asistenciales que dejan a los asistidos en una situación de desamparo. En estas circunstancias, la delincuencia es uno de los fenómenos sociales que se evidencia, y comienza a romper el entramado social.
Los actos delictivos de los menores, el papel del Estado en la prevención, el tratamiento del delito y las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención del crimen juvenil
Las Naciones Unidas han dictaminado una serie de normas para que los Estados miembros las acaten y sus legislaciones guarden coherencia con el sistema.
Tienen como finalidad formalizar políticas de prevención de la delincuencia juvenil, sobre todo en los sectores de riesgo social, que se definen como aquellos niños o adolescentes que sufrieron abandono, abuso, viven en la calle o están en la pobreza extrema.
Estos programas deben estar orientados a proteger el desarrollo de los menores, y trabajar en concordancia con las provincias y municipios, tratando de involucrar a la comunidad.
Objetivos de los programas de prevención
Los programas tienen como objetivo la protección de las familias, en especial, de niños y adolescentes de grupos vulnerables, por su situación económica y por pertenencia de origen.
Es importante velar por la educación de calidad en valores y DDHH, asistirlos en la salud física y mental, en la socialización y cubrir las necesidades de vivienda. También es crucial reducir los mensajes públicos de difusión que menoscaben y humillen a los niños y adolescentes, en cualquier forma.
Tratamiento e investigación de estudios especiales para prevención del delito ¿Qué se considera delincuencia juvenil?
La delincuencia juvenil es todo hecho ilícito cometido por un menor de edad. Es decir que, niños o adolescentes menores de 18 años que haya cometido un acto sancionado por la ley. Este tipo de acciones criminales, en niños y adolescentes, es multicausal, por lo que el papel del Estado en la prevención es fundamental.
Consumado el delito, el Poder Público debe garantizar reglas mínimas de administración judicial aceptadas por la comunidad internacional para los niños y jóvenes que han incurrido en la acción delictiva.
Consideraciones generales de las Directrices que cada país debe adaptar de acuerdo a su normativa
Principio de no diferenciación de acuerdo a sexo, raza, situación económica: Si bien no es excluyente, la criminalidad se da por causas de pobreza, baja o falta de escolaridad, carencia de oportunidades, discriminación, desigualdad, y políticas públicas deficientes en la educación sexual.
Los delitos deben juzgarse de acuerdo a su gravedad: No todos los delitos poseen el mismo calibre, es importante atender aun al más insignificante, para evitar la naturalización por parte del menor.
Condiciones personales del menor: La edad mínima de penalidad se recomienda que no sea muy temprana debido al proceso madurativo natural. La primera contención debe estar dentro del hogar, y luego la escuela, los clubes. El Estado debe proporcionar las herramientas y la financiación para el cumplimiento de los beneficios a favor del menor.
Causas de la delincuencia juvenil: los primeros actos delictivos en los jóvenes delincuentes
Tan valiosa como la prevención es el tratamiento. Las consecuencias, además de las que puede afrontar el menor en términos legales, pueden ser significativas en su desarrollo personal y social.
Los primeros actos ilícitos tienen la facultad de marcar el inicio de una trayectoria delictiva. Por lo que es fundamental realizar un tratamiento adecuado para evitar la reincidencia.
El tratamiento debe estar orientado a la reinserción social del joven, brindándole herramientas para que pueda integrarse de forma positiva a la sociedad. Es importante que se realice una evaluación individualizada de cada caso, y que se brinden recursos adecuados en materia de educación, salud mental y socialización.
El papel del Estado en el tratamiento de la delincuencia juvenil
El Estado tiene la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de las normas internacionales en materia de derechos humanos y de protección de los menores, tanto en la prevención como en el tratamiento de los comportamientos delictivos de los jóvenes.
Es primordial contar con políticas públicas adecuadas, que contemplen la prevención y el tratamiento de este tipo de delitos, y que se involucren todos los actores de la comunidad.
El rol estatal es de una relevancia decisiva para prevenir la marginalidad y la delincuencia juvenil. Especialmente en aquellos menores que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Es necesario tomar medidas para asistir a la sociedad de este flagelo. Pensar en el futuro de estos niños y adolescentes.
Es urgente brindar herramientas adecuadas para el desarrollo personal y social de los jóvenes y garantizar el cumplimiento de las normas internacionales. La solución requiere de una decisión política que proteja a la comunidad y ofrezca un futuro mejor para estos jóvenes.