La situación de orden público en Barranquilla vuelve al centro del debate tras una contundente crítica de la analista Andrea Vargas, quien cuestionó abiertamente la gestión del alcalde Alejandro Char frente al manejo de la seguridad ciudadana.
De acuerdo con los datos expuestos, el Plan de Desarrollo 2024–2027 evidencia una brecha significativa en la asignación de recursos: mientras sectores como infraestructura y espacio público concentran gran parte del presupuesto, la seguridad recibe apenas una fracción.
El monto destinado a seguridad ciudadana asciende a $461.213 millones, lo que representa solo el 2,4% del total del plan. En contraste, áreas como infraestructura para la competitividad superan los $2,5 billones, dejando en evidencia una diferencia que, según expertos, termina impactando directamente en la calidad de vida de los ciudadanos.
Puedes leer: Gobierno controla emergencia en vía del Meta y garantiza movilidad en corredor clave de la Orinoquía
Cifras que vienen encendiendo las alarmas
Los resultados, según Andrea Vargas, no tardaron en reflejarse. Durante 2024, primer año de ejecución bajo esta planificación, Barranquilla registró 493 homicidios, convirtiéndose en el peor indicador de los últimos cinco años, con un incremento del 46% frente al promedio anterior.
A esto se suma el preocupante aumento de la extorsión, que alcanzó 892 casos, lo que representa un crecimiento del 608% en comparación con 2020. La violencia intrafamiliar tampoco escapa de esta tendencia, con 3.066 casos reportados en 2025, el registro más alto de la serie histórica reciente.
Estas cifras, provenientes de la Policía Nacional y la DIJIN, refuerzan la percepción de que la seguridad no ha sido una prioridad estratégica dentro de la administración distrital.
Más inversión en «cemento» que en seguridad
Uno de los puntos más críticos del análisis radica en la comparación presupuestal. Según los datos, la inversión en infraestructura supera en más de cinco veces la destinada a seguridad, y si se amplía el enfoque hacia el desarrollo urbano, la diferencia llega a ser de hasta 7,2 veces. Para la Representante electa por el Pacto historico por el departamento del Atlántico, esta disparidad explica en gran medida el deterioro de los indicadores de seguridad.
Cuando el presupuesto prioriza el cemento sobre la vida, las consecuencias se reflejan en las calles, advierte
Además, se cuestiona la pertinencia de algunas obras proyectadas, como la construcción de nuevos CAI en zonas con baja incidencia delictiva, mientras sectores más afectados continúan desprotegidos.
Responsabilidades políticas del ente territorial
En medio de la crisis, el alcalde Alejandro Char ha atribuido parte de la problemática a políticas del Gobierno nacional, especialmente a la estrategia de “Paz Total” impulsada por el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, el mandatario olvida que contó con recursos de la gobernación de 78 mil millones de pesos a inició de su mandato.
Además, la crítica señala que la seguridad ciudadana en Colombia recae en gran medida sobre las administraciones locales, que son responsables de la inversión, la prevención del delito y la articulación territorial.
Barranquilla, además, ha estado bajo el mismo proyecto político durante 16 de los últimos 18 años, lo que pone en entredicho la narrativa de responsabilidades externas y abre el debate sobre la continuidad de políticas que no han logrado contener la criminalidad.
Los contrastes incomodos en materia de seguridad
El contraste con otras ciudades como Bogotá también ha sido parte del debate. Mientras la capital del país ha avanzado en sistemas de videovigilancia integrados, tecnología predictiva y coordinación metropolitana, Barranquilla enfrenta cuestionamientos por la falta de innovación en sus estrategias de seguridad.
La crítica no desconoce los avances en infraestructura urbana, pero insiste en que el desequilibrio en las prioridades presupuestales ha tenido un costo alto en términos de seguridad y convivencia. Se puede concluir que, la actual situación no es producto de decisiones recientes, sino de una acumulación de políticas que durante años han relegado la seguridad a un segundo plano.
Hoy, con cifras que evidencian un deterioro sostenido, crece la presión sobre la administración distrital para replantear su estrategia y priorizar la protección de la ciudadanía.
Realice su donación en Noticias La Voz Realities
Con tu aporte, apoyas el periodismo independiente y alternativo dando clic en el botón de BOLD:



