El Juzgado Octavo del Circuito negó la reapertura del establecimiento, argumentando que el cierre tiene apariencia de legalidad y responde al incumplimiento del uso del suelo
La Alcaldía de Cartagena celebró la reciente decisión del Juzgado Octavo del Circuito, que negó la solicitud de reapertura de la discoteca Omnia. Un establecimiento para adultos ubicado en el Centro Histórico. La medida representa un respaldo legal a las acciones emprendidas por el Distrito para preservar el orden urbano y hacer cumplir las normas sobre usos del suelo. Cartagena reafirma autoridad urbana gracias a la decisión judicial.
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El fallo judicial responde a una acción presentada por los representantes del establecimiento tras ser cerrado de forma definitiva, por decisión de la Inspectora de Policía Urbana 1B. Esta autoridad, en audiencia desarrollada en noviembre de 2024, determinó que el local violaba la normatividad urbanística vigente, afectando la integridad del Centro Histórico de Cartagena.
Omnia: entre la reincidencia y la ilegalidad
El establecimiento, anteriormente conocido como “Space”, había sido objeto de numerosos operativos de control. En varias ocasiones, las autoridades constataron la presencia de trabajo sexual en el lugar. Lo que implicó múltiples cierres preventivos antes de que se tomara la medida definitiva el pasado 4 de diciembre.
A pesar de estas advertencias, Omnia reabrió en reiteradas ocasiones, desafiando la normativa local y poniendo en evidencia la necesidad de una respuesta contundente. La Dirección de Control Urbano confirmó la medida en segunda instancia, tras resolver el recurso de apelación interpuesto por el propietario.
Un fallo que da continuidad al proceso judicial
La solicitud de reapertura mediante medida cautelar fue rechazada por el juez, quien consideró que la actuación de la Alcaldía de Cartagena tiene «apariencia de legalidad» y, por tanto, debe seguir su curso hasta una sentencia definitiva.
Según Emilio Molina, director de Control Urbano del Distrito, esta decisión no solo representa un alivio para los residentes del Centro Histórico, sino que sienta un precedente normativo clave sobre el uso del suelo y el respeto a la normativa vigente en zonas patrimoniales.
Más allá de Omnia: turismo sí, pero con reglas claras
Para la administración distrital, esta decisión judicial fortalece su compromiso con un modelo de turismo responsable, que promueva la convivencia entre el desarrollo económico y la preservación de la identidad cultural y arquitectónica de la ciudad.
La Alcaldía reitera que continuará haciendo valer la normativa vigente en el espacio público, particularmente en zonas de especial protección, como lo es el Centro Histórico.
Patrimonio o comercio ¿cuál es la prioridad?
Este caso marca un punto de inflexión importante para Cartagena. La decisión judicial no solo valida la capacidad del Estado local para hacer cumplir su propia normativa, sino que refuerza la legitimidad institucional frente a modelos de negocio que, bajo el amparo del turismo, promueven actividades que desdibujan la vocación cultural de sectores históricos.
La tensión entre la necesidad de atraer visitantes y la urgencia de proteger el patrimonio sigue siendo uno de los grandes dilemas urbanos de ciudades como Cartagena. En este caso, la justicia ha inclinado la balanza hacia la protección patrimonial, enviando un mensaje claro: el desarrollo turístico no puede justificar la transgresión de las normas urbanísticas ni el deterioro del tejido social.
El reto ahora es sostener esta línea de acción con coherencia, transparencia y vigilancia permanente. Porque preservar la ciudad no solo es una decisión política: es también una responsabilidad con su historia y su gente.
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