El Decreto 1028 de 2026 reemplaza el esquema de garantías vigente desde 2018 y establece un nuevo modelo de prevención, protección y justicia para líderes y defensores de derechos humanos, con implicaciones relevantes para periodistas alternativos y comunitarios que realizan labores de denuncia y documentación en los territorios - Imagen: IA Generated
El Decreto 1028 del 5 de agosto de 2026 establece un nuevo marco para la protección de líderes sociales, defensores de derechos humanos y organizaciones que desarrollan actividades relacionadas con la promoción y defensa de derechos en Colombia.
La norma adiciona un nuevo título al Decreto 1066 de 2015 y adopta la Política Pública Integral de Garantías para el Liderazgo y la Defensa de los Derechos Humanos, con la intención de que estas actividades puedan desarrollarse de manera libre y segura en todo el territorio nacional.
El cambio va más allá de la protección individual frente a una amenaza. La política plantea una estrategia que combina prevención, protección, acceso a la justicia, respeto por la labor de defensa de los derechos humanos y garantías de no repetición. El decreto también deroga el esquema establecido mediante el Decreto 2137 de 2018, posteriormente modificado por el Decreto 1138 de 2021.
¿Por qué es importante una política de garantías para los defensores de derechos humanos?
La importancia de la nueva política está en que el Estado reconoce que proteger a quienes defienden derechos humanos no significa únicamente reaccionar cuando una persona ya ha sido amenazada. La apuesta consiste en intervenir también las condiciones que permiten que las agresiones ocurran.
En ese sentido, la política busca fortalecer las capacidades institucionales para identificar riesgos, prevenir agresiones, proteger a las personas amenazadas, investigar los hechos y evitar que las situaciones de violencia se repitan. El modelo está estructurado alrededor de cinco componentes principales:
Respeto
Prevención
Protección
Justicia efectiva
Garantías de no repetición
La combinación de estos elementos pretende que la respuesta estatal no dependa exclusivamente de la asignación de un esquema de seguridad, sino que tenga en cuenta las condiciones sociales, territoriales e institucionales que generan riesgo.
Un cambio frente al modelo de protección anterior
Uno de los puntos centrales del Decreto 1028 es el reemplazo del modelo de política pública establecido en 2018.
La nueva estrategia busca fortalecer la coordinación entre las entidades del Estado y aumentar la participación de las organizaciones sociales en las decisiones relacionadas con la prevención y protección.
La política también contempla mecanismos de implementación, seguimiento y verificación, además de la necesidad de contar con recursos presupuestales que permitan convertir sus objetivos en acciones concretas.
Esto significa que el éxito de la nueva política no dependerá únicamente de la expedición del decreto, sino de la capacidad de las instituciones para ejecutarlo en los territorios.
El derecho a defender derechos humanos
El decreto parte de una concepción amplia de la defensa de los derechos humanos. Esta labor puede incluir actividades de denuncia, documentación de vulneraciones, promoción de derechos, educación, acompañamiento a comunidades, participación ciudadana y acciones dirigidas a exigir el cumplimiento de obligaciones estatales.
Estas actividades pueden desarrollarse en escenarios locales, regionales, nacionales e internacionales. Por ello, la política está dirigida no solamente a personas individuales, sino también a diferentes formas organizativas de liderazgo y defensa de derechos humanos.
Prevención: anticiparse a las amenazas
Uno de los componentes más importantes del Decreto 1028 es el fortalecimiento de las medidas de prevención. La política busca mejorar la capacidad del Estado para identificar situaciones de riesgo antes de que se conviertan en agresiones.
Para ello se plantea fortalecer los sistemas de información sobre ataques contra líderes y defensores, mejorar la respuesta frente a las alertas tempranas y aumentar la coordinación entre las instituciones encargadas de atender estas situaciones.
Las entidades territoriales también adquieren un papel relevante. Gobernaciones y alcaldías deberán incorporar recursos y acciones relacionadas con la prevención y protección dentro de sus instrumentos de planeación y presupuestos.
De esta manera, la protección deja de ser exclusivamente una responsabilidad de las entidades del orden nacional y pasa a requerir una respuesta coordinada en los territorios.
Protección y respuesta frente a situaciones de emergencia
La política también contempla mecanismos de respuesta inmediata para situaciones que puedan poner en riesgo la vida o integridad de líderes y defensores.
Entre las respuestas posibles se encuentran medidas como el traslado o la reubicación temporal de personas que enfrenten situaciones de riesgo y la atención urgente cuando las circunstancias lo requieran.
El objetivo es reducir los tiempos de reacción institucional frente a las amenazas. El decreto también incorpora criterios orientados a disminuir determinadas barreras probatorias y administrativas que podrían retrasar la adopción de medidas de protección para personas consideradas sujetos de especial protección constitucional.
La información y el riesgo de perfilamientos indebidos
Otro de los componentes que merece atención está relacionado con las actividades de inteligencia y contrainteligencia. La política plantea fortalecer los mecanismos de control sobre archivos, registros y bases de datos institucionales cuando contengan información relacionada con líderes sociales, defensores de derechos humanos, periodistas y organizaciones sociales.
La finalidad es prevenir posibles prácticas de perfilamiento indebido, seguimientos arbitrarios o utilización inadecuada de información que puedan aumentar el riesgo para estas personas.
Este componente adquiere especial relevancia en contextos donde las actividades de liderazgo, denuncia o investigación pueden ser confundidas o asociadas indebidamente con actividades ilícitas.
¿Qué significa el Decreto 1028 para los periodistas alternativos?
Aunque el Decreto 1028 no es una norma exclusiva para periodistas, su contenido puede tener especial importancia para quienes ejercen el periodismo desde medios alternativos, comunitarios, independientes y territoriales. En muchos lugares de Colombia, estos comunicadores cumplen funciones que van más allá de transmitir información.
Investigan denuncias ciudadanas, documentan conflictos, acompañan comunidades, realizan seguimiento a decisiones de las autoridades, visibilizan vulneraciones de derechos y llevan a la opinión pública hechos que en ocasiones permanecen fuera de la agenda de los grandes medios.
Por eso, el enfoque de prevención y protección planteado por el decreto resulta especialmente relevante para este sector.
Periodistas que también enfrentan riesgos por informar
El riesgo para un periodista no necesariamente comienza con una agresión física. Puede manifestarse a través de amenazas, intimidaciones, hostigamientos, seguimientos, estigmatización, presiones, restricciones al acceso a información o campañas destinadas a desacreditar su trabajo.
En determinados territorios, además, investigar asuntos relacionados con violencia, corrupción, conflictos sociales, economías ilegales o derechos humanos puede aumentar la exposición del comunicador.
Por ello, una política de garantías que incorpore mecanismos de prevención y respuesta puede convertirse en una herramienta importante para proteger el ejercicio periodístico.
La protección no debería depender del tamaño del medio
Para los periodistas alternativos existe además un desafío particular. Mientras los grandes medios pueden contar con equipos jurídicos, recursos económicos, infraestructura y protocolos internos de seguridad, muchos comunicadores independientes desarrollan su trabajo con recursos limitados y directamente desde los territorios.
Esto hace que la respuesta institucional sea especialmente importante. Un sistema de garantías efectivo debería permitir que un periodista pueda reportar una amenaza y acceder oportunamente a las rutas institucionales de protección, independientemente de si trabaja para un gran conglomerado de medios, una emisora comunitaria, un portal digital, un medio local o desarrolla su actividad de manera independiente.
Garantías frente a la estigmatización
El componente relacionado con el respeto también resulta relevante para el ejercicio periodístico. Cuando un periodista es presentado como enemigo, opositor, agitador o integrante de determinada organización simplemente por investigar o publicar información sobre un asunto de interés público, puede producirse un escenario de estigmatización que aumente su vulnerabilidad.
La nueva política plantea precisamente la necesidad de generar condiciones de respeto hacia quienes ejercen labores de defensa de derechos humanos.
Para el periodismo alternativo, esto representa una discusión fundamental: informar, investigar, preguntar y denunciar hechos de interés público no debería convertirse en una razón para poner en riesgo al comunicador.
Una Mesa Nacional de Garantías con participación de la sociedad civil
El Decreto 1028 también establece una nueva arquitectura de participación alrededor de la Mesa Nacional de Garantías. Este espacio está concebido como un mecanismo de diálogo, interlocución y concertación entre instituciones estatales, organizaciones sociales y representantes de la comunidad internacional.
La participación de la sociedad civil busca tener carácter efectivo e incidente en la implementación, seguimiento y evaluación de la política.
Además, se contemplan criterios relacionados con pluralidad, enfoque diferencial, paridad de género y representación territorial.
La comunidad internacional podrá participar como observadora y acompañante de los esfuerzos dirigidos a fortalecer las garantías para líderes y defensores de derechos humanos.
El territorio será clave para identificar los riesgos
Uno de los objetivos de la nueva política es evitar que las respuestas institucionales se desarrollen de manera uniforme en todo el país sin tener en cuenta las particularidades de cada territorio.
Para ello se plantea la focalización de zonas donde se concentran riesgos y agresiones contra personas líderes y defensoras. El decreto contempla un índice destinado a identificar territorios prioritarios mediante información proveniente de entidades públicas, organizaciones sociales y organismos internacionales.
La intención es que el Estado pueda concentrar sus esfuerzos donde existan mayores niveles de riesgo y atender no solamente las consecuencias de la violencia, sino también sus causas.
Atención frente a desplazamientos y confinamientos
La política también contempla respuestas para situaciones de emergencia humanitaria.
En casos de confinamientos, desplazamientos forzados masivos o riesgos inminentes, se plantea la activación de rutas de atención humanitaria y una respuesta integral por parte del Estado.
Esto representa un cambio importante en el enfoque, porque la atención de estas situaciones no debería limitarse a operaciones de carácter militar o policial.
La protección debe estar acompañada de respuestas sociales, humanitarias e institucionales que permitan atender a las comunidades afectadas.
Justicia y garantías de no repetición
Otro de los cinco pilares de la política es la justicia. La protección pierde eficacia cuando una agresión ocurre y los responsables permanecen en la impunidad.
Por esta razón, el nuevo modelo incorpora la necesidad de fortalecer las acciones institucionales destinadas a esclarecer las agresiones contra líderes y defensores, establecer responsabilidades y avanzar en medidas que impidan la repetición de estos hechos.
Las garantías de no repetición buscan precisamente que la respuesta estatal no termine con la atención de una amenaza individual, sino que permita modificar las condiciones que hicieron posible la agresión.
La participación de las organizaciones será determinante
El nuevo modelo también pone énfasis en la participación de las organizaciones sociales. Esto significa que las comunidades y organizaciones que conocen directamente las problemáticas de sus territorios pueden tener un papel importante en la identificación de riesgos, construcción de propuestas y evaluación de las medidas adoptadas por el Estado.
Para los medios comunitarios y alternativos, esta participación también abre una discusión sobre el papel de la comunicación territorial.
Los periodistas que trabajan directamente con las comunidades pueden convertirse en actores fundamentales para documentar situaciones de riesgo, hacer seguimiento a las respuestas institucionales y verificar si las políticas públicas realmente llegan a los territorios.
El reto: pasar del decreto a la protección efectiva
La expedición del Decreto 1028 representa un cambio importante en la política estatal de garantías, pero su verdadero impacto tendrá que medirse en la práctica.
El nuevo marco establece responsabilidades para diferentes entidades nacionales y territoriales y plantea mecanismos de participación, prevención, protección y seguimiento. Sin embargo, la existencia de una norma no garantiza por sí sola la seguridad de los líderes, defensores o periodistas.
Será necesario determinar si existen recursos suficientes, si las entidades coordinan efectivamente sus actuaciones, si las alertas tempranas producen respuestas oportunas y si las organizaciones sociales tienen una participación real en la toma de decisiones.
Una política que también debe proteger el derecho a informar
El Decreto 1028 de 2026 plantea una idea de fondo: proteger a quienes defienden derechos humanos implica también crear condiciones para que puedan denunciar, investigar, organizarse y participar sin temor a represalias.
Dentro de ese escenario, el periodismo alternativo y comunitario tiene un papel fundamental. Los medios independientes son, en muchos territorios, los encargados de contar las historias que no siempre llegan a los grandes medios; documentar las denuncias de las comunidades; investigar actuaciones de las autoridades y visibilizar situaciones que afectan derechos fundamentales.
Por eso, la discusión sobre las nuevas garantías también debe incluir a quienes ejercen el periodismo desde los barrios, municipios, zonas rurales y regiones apartadas.
El desafío para el Estado será demostrar que la nueva política no se queda en el papel y que sus mecanismos pueden traducirse en prevención real, protección efectiva, justicia y garantías para ejercer libremente la defensa de los derechos humanos y el derecho a informar.
¿Qué cambia con el Decreto 1028 de 2026?
En términos generales, la nueva política plantea:
Un nuevo marco de garantías para líderes y defensores de derechos humanos.
Prevención de riesgos antes de que las amenazas se conviertan en agresiones.
Fortalecimiento de las medidas de protección y de las respuestas de emergencia.
Mayor coordinación entre Nación y territorios.
Participación de organizaciones sociales en la implementación y seguimiento.
Controles sobre información de inteligencia y contrainteligencia para prevenir usos indebidos.
Focalización territorial de las zonas con mayores riesgos.
Fortalecimiento de la justicia frente a las agresiones.
Garantías de no repetición.
Participación de la comunidad internacional como observadora y acompañante.
Un papel relevante para periodistas alternativos y comunitarios, especialmente cuando su trabajo está relacionado con la defensa, denuncia y documentación de derechos humanos.
¿Por qué es importante este decreto para los periodistas alternativos?
La importancia del Decreto 1028 para el periodismo alternativo está, finalmente, en una premisa fundamental: no puede existir una democracia sólida si quienes investigan, denuncian y cuentan lo que ocurre en los territorios deben trabajar bajo amenazas o miedo.
La protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos debe estar acompañada de garantías para quienes documentan sus historias, investigan las denuncias y llevan esas realidades a la opinión pública.
Por eso, el verdadero alcance de la nueva política no dependerá únicamente de lo que diga el decreto, sino de cómo las instituciones nacionales y territoriales implementen sus mecanismos de prevención, protección, participación y respuesta.
Para los periodistas alternativos, el reto será también hacer seguimiento a esa implementación y verificar que las garantías previstas en el papel se traduzcan en protección efectiva para quienes ejercen el derecho a informar desde los territorios.
El seguimiento a la implementación del Decreto 1028 será, por tanto, una tarea no solo de las instituciones, sino también de las organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y medios de comunicación que quieran verificar si las garantías anunciadas realmente se convierten en protección efectiva.
Licenciado en comunicación Digital y Analista de prensa y comunicación de UTEL. Docente con 10 años de experiencia en educación. Apasionado a la historia, la ciencia y las tecnologías. He escritó para El Histonauta, Tech365science, Comunicar Noticias, Voxpopuli.digital, Soccer Adictos MX y Periódico El Popular. Como periodista siempre destacado en el área investigativa de análisis. Director de Noticias Voz Realities y defensor de DDHH
