La decisión de suspender la programación habitual de las 20 Emisoras de Paz y las emisoras descentralizadas de Radio Nacional de Colombia, para reemplazarla por una señal musical centralizada desde Bogotá, generó un fuerte rechazo por parte de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC).
Las organizaciones advirtieron que la medida, aplicada desde el pasado 18 de agosto y hasta nueva instrucción, no es un simple cambio de programación. Para ellas, representa un golpe a la información local y a la participación de comunidades que dependen de la radio para conocer lo que ocurre en sus propios territorios.
Puedes leer: Ministra TIC recorre Valle del Cauca y Quindío para recuperar la conectividad tras el terremoto
De las regiones al control desde Bogotá
Durante años, la radio pública desarrolló un modelo de producción descentralizada que permitió fortalecer la presencia de periodistas y contenidos regionales. Desde ciudades como Pasto, Manizales, Bucaramanga, San Andrés, Villavicencio, Quibdó, Barranquilla y Valledupar se construían contenidos relacionados directamente con la realidad de cada región.
Ahora, la decisión de impedir temporalmente las conexiones y centralizar la señal en Bogotá amenaza con silenciar esas voces.
Y la preocupación no es menor: centralizar la radio pública significa correr el riesgo de que el país vuelva a escucharse únicamente desde la capital, mientras las regiones pierden uno de sus principales escenarios para informar sobre sus problemas, sus emergencias y sus realidades.
Una decisión anunciada en medio de la revisión del sistema público
La orden de suspender las programaciones fue comunicada a los directores y directoras de las emisoras a través de un mensaje de WhatsApp. La medida ocurrió, además, después de que el Ministerio TIC anunciara una revisión de contenidos, formatos, contratos y convenios del Sistema de Medios Públicos.
El Gobierno ha planteado la necesidad de desmontar lo que denominó un “aparato de propaganda” dentro del sistema estatal. Sin embargo, las organizaciones firmantes del pronunciamiento advierten que combatir una eventual utilización política de los medios públicos no puede convertirse en una excusa para eliminar de manera generalizada los contenidos informativos.
Una cosa es revisar la calidad, independencia o pluralidad de los contenidos; otra muy distinta es apagar las voces territoriales mientras se realiza esa revisión.
Las Emisoras de Paz no nacieron como un proyecto editorial cualquiera
Uno de los puntos más delicados del pronunciamiento está relacionado con las Emisoras de Paz.
Estas estaciones fueron creadas como parte de los compromisos establecidos en el Acuerdo Final de Paz, con una misión concreta: llegar a zonas históricamente golpeadas por el conflicto armado, promover la reconciliación, informar sobre la implementación de los acuerdos y fortalecer la convivencia.
Por eso, su programación no puede entenderse únicamente como una decisión administrativa de una entidad o de un Gobierno de turno.
Suspender de manera generalizada sus contenidos informativos plantea un cuestionamiento de fondo: ¿puede una revisión institucional dejar en pausa compromisos que responden a la construcción de paz y al derecho de comunidades históricamente excluidas a tener acceso a información sobre sus territorios?
Para FLIP, MOE y AMARC existen alternativas menos restrictivas para revisar los contenidos sin sacrificar la función social de estas emisoras.
Más de 463.000 personas podrían quedar sin información cercana
La preocupación adquiere una dimensión aún mayor en los territorios rurales.
Las organizaciones señalaron que las Emisoras de Paz cumplen una función informativa para más de 463.000 personas, incluyendo comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes en municipios afectados históricamente por la violencia y ubicados en zonas PDET.
En lugares como Arauquita, Bojayá, Ituango, Mesetas, Tierralta, San José del Guaviare, Florida, Algeciras, San Jacinto, Fundación y Aracataca, la radio puede ser el medio más cercano para conocer información sobre la seguridad, las decisiones de las autoridades, las emergencias y las situaciones que afectan directamente a las comunidades.
Una canción puede acompañar una jornada. Pero no puede advertir sobre un desplazamiento, un enfrentamiento, una restricción de movilidad o una emergencia.
Ese es, precisamente, el punto central de la alerta: una programación musical centralizada puede mantener una señal al aire, pero no reemplaza el periodismo local ni el derecho de una comunidad a saber qué está ocurriendo a pocos kilómetros de su casa.
La información también es una forma de protección
En territorios donde todavía persisten actores armados y dinámicas de violencia, la información oportuna puede ser un elemento fundamental para la protección de las comunidades.
Por eso, reducir la radio territorial a una señal musical puede tener consecuencias que van mucho más allá de una modificación en la parrilla de programación. El debate toca directamente el derecho constitucional a informar y recibir información, pero también el papel que debe cumplir un sistema público de medios en un país profundamente desigual en materia de acceso a la comunicación.
La pregunta que deja esta decisión es incómoda para el nuevo Gobierno: si la intención es corregir los problemas del sistema de medios públicos, ¿por qué la primera medida termina afectando a quienes menos posibilidades tienen de ser escuchados?
Porque una radio pública verdaderamente independiente no debería ser la voz de un Gobierno, pero tampoco debería convertirse en una emisora silenciosa frente a las necesidades de las regiones.
El llamado: revisar sí, silenciar no
FLIP, MOE y AMARC pidieron al Ministerio TIC y a las directivas responsables del sistema de medios públicos adoptar medidas que permitan avanzar en la revisión administrativa y editorial sin afectar de manera desproporcionada el derecho de las comunidades a recibir información.
Las organizaciones solicitaron el restablecimiento inmediato de la programación informativa y territorial, insistiendo en que cualquier transformación del sistema debe respetar la vocación comunitaria, regional y plural de la radio pública.
El debate apenas comienza. Pero mientras se toman decisiones desde los despachos, en las regiones queda una preocupación que no debería ser ignorada: Colombia necesita revisar sus medios públicos, sí; pero una reforma no puede terminar pareciéndose a un apagón de las voces que más cuesta escuchar.
Realice su donación en Noticias La Voz Realities
Con tu aporte, apoyas el periodismo independiente y alternativo dando clic en el botón de BOLD:




