En Valledupar, donde la política debería debatirse con argumentos y no con el dedo cerca del gatillo, un video de apenas 15 segundos encendió una polémica nacional y abrió serios interrogantes sobre los límites que algunos dirigentes públicos están dispuestos a cruzar en medio de la polarización.
El protagonista es Oswaldo Juan Díaz Ávila, concejal de Valledupar por el Partido Conservador, quien aparece sentado, sosteniendo lo que parece ser una pistola y pronunciando una frase que desató indignación:
Listo para la guerra… Cualquier petrista que venga, eso va a llevar el balín
Las palabras, difundidas masivamente el pasado 19 de agosto, no pasaron como un simple exabrupto de redes sociales. Porque cuando quien habla es un servidor público, elegido por miles de ciudadanos, y lo hace mientras exhibe un arma y señala a un sector político, el asunto deja de ser una simple bravuconada.
La pregunta es inevitable: ¿en qué momento la diferencia ideológica comenzó a expresarse con amenazas y balas como metáfora?
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De la política al “balín”: una frase que no puede normalizarse
Díaz fue elegido concejal de Valledupar para el periodo 2024-2027 con 4.074 votos, la mayor votación de su lista. Como funcionario público tiene una responsabilidad que va mucho más allá de representar una ideología o defender unas posiciones políticas.
Pero el video que circuló en redes sociales proyecta exactamente lo contrario de lo que debería representar un dirigente democrático: la imagen de un político armado hablando de “guerra” y advirtiendo lo que, según el contenido difundido, les podría ocurrir a quienes identifica como “petristas”.
Y aquí no hay que ser de izquierda, de derecha, de centro ni de ningún partido para entender la gravedad.
La política no puede convertirse en una ruleta rusa donde el que piensa distinto termina señalado como enemigo.
Porque hoy se dice “balín” frente a una cámara y mañana alguien puede interpretar esa retórica como una autorización para pasar de las palabras a los hechos.
El concejal dice que el video fue editado
Tras la avalancha de críticas, el concejal publicó un segundo pronunciamiento en el que aseguró que el video viralizado fue editado y construido de una forma que, según él, no refleja fielmente sus expresiones ni su pensamiento. Expertos en multimedia ven dificil evidenciar ediciones en el vídeo.
Díaz pidió disculpas a las personas que se sintieron ofendidas o preocupadas. Aunque aclaró que su mensaje no debía interpretarse como una aceptación de las versiones que se han difundido sobre el contenido.
El cabildante insistió en que nunca ha promovido la violencia, el odio político, la guerra ni la estigmatización de personas por sus ideas. Pero precisamente por esa controversia, la discusión ahora no puede resolverse únicamente con videos contra videos. Debe establecerse técnicamente qué ocurrió, qué se dijo y en qué contexto.
Porque si hubo edición, deberá demostrarse. Y si el contenido difundido refleja de manera auténtica las palabras pronunciadas por el concejal, también deberá establecerse qué responsabilidades pueden derivarse de ellas.
La Procuraduría ya abrió investigación
La polémica no quedó únicamente en las redes sociales. La Procuraduría Regional de Instrucción del Cesar abrió de oficio una investigación disciplinaria contra el concejal para determinar si incurrió en conductas que puedan comprometer sus deberes como servidor público.
Entre las órdenes emitidas está la realización de un peritaje técnico-científico del video para establecer si fue editado, cómo fue grabado y, en lo posible, precisar las circunstancias relacionadas con la fecha y el lugar de la grabación.
También se solicitó información sobre su hoja de vida, credencial, posesión y antecedentes, además de recopilar sus pronunciamientos públicos en redes sociales. Hasta ahora, no se conocen resultados públicos del peritaje y el proceso disciplinario continúa en curso.
En el Cesar, las palabras tienen memoria
Pero esta historia tiene un elemento que hace imposible tratar el episodio como un simple “show político”. El Cesar y gran parte de la región Caribe cargan una historia dolorosa de violencia política. Entre ello: paramilitarismo, asesinatos y persecución contra líderes sociales, sindicalistas y sectores considerados opositores.
En un territorio con esa memoria, un dirigente público no puede jugar alegremente con el lenguaje de la guerra.
Por eso resulta preocupante que en Colombia se esté normalizando una política cada vez más agresiva. Donde el adversario no es simplemente alguien que piensa distinto, sino alguien a quien se insulta, se deshumaniza o se presenta como una amenaza. La democracia se debilita cuando los dirigentes cambian el argumento por la intimidación.
Una curul no es licencia para intimidar
La controversia alrededor de Oswaldo Díaz debe servir para una reflexión que va mucho más allá de un video viral.
Un concejal, un congresista, un alcalde o cualquier funcionario puede tener diferencias profundas con el Gobierno, con Gustavo Petro, con el petrismo o con cualquier movimiento político. Eso es legítimo y hace parte de la democracia.
Lo que no puede convertirse en costumbre es que el debate político se acompañe de armas, amenazas o discursos que parezcan dividir al país entre quienes merecen respeto y quienes pueden convertirse en blancos. Aquí toca hablar claro, como diría cualquier costeño: una cosa es tener carácter político y otra muy distinta es creerse el dueño del plomo y de la verdad.
Si el concejal tiene razón y el video fue manipulado, el peritaje deberá demostrarlo y las responsabilidades tendrán que establecerse. Pero mientras eso ocurre, la escena que se hizo pública deja una advertencia preocupante sobre el nivel al que ha llegado la confrontación política en Colombia. Porque la democracia no se defiende diciendo quién merece “balín”.
Se defiende garantizando que nadie tenga que temer por pensar diferente. Y eso deberían entenderlo, con especial claridad, quienes fueron elegidos precisamente para representar a los ciudadanos.
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