Con 49 votos contra 47, el Congreso de la República negó la solicitud del Gobierno Nacional de convocar una consulta popular
Después de dos intensas sesiones en la plenaria, el Senado de la República negó la solicitud del Gobierno Nacional para convocar una consulta popular. La votación final fue de 49 en contra y 47 a favor, sellando así un nuevo revés para el presidente Gustavo Petro y lo peor, la clase trabajadora de nuestro país. El Senado le cierra las puertas a la reforma laboral y la oposición al gobierno se niega a garantizar los derechos de los trabajadores de Colombia.
El editorial del profe Venera: El Congreso desconoce la voluntad ciudadana
En una decisión que deja más preguntas que respuestas sobre la solidez del sistema democrático colombiano, el Senado negó este martes la solicitud del presidente Gustavo Petro para convocar una consulta popular. La iniciativa, que buscaba habilitar un mecanismo constitucional para consultar al pueblo, fue rechazada por una votación estrecha: 47 votos por el sí y 49 por el no.
La negativa no solo representa un revés político para el Gobierno y el Pacto Histórico, sino que se configura como un obstáculo directo al derecho de participación ciudadana que garantiza la Constitución. Impedir que el pueblo se exprese mediante las urnas no debería celebrarse como una victoria política, sino cuestionarse como una señal preocupante de regresión democrática.
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Consulta popular: herramienta legítima, no capricho presidencial
Lo que estaba en juego no era una imposición del Ejecutivo ni un atajo institucional. La consulta popular es un mecanismo legítimo y previsto por la Constitución de 1991, precisamente para que la ciudadanía pueda pronunciarse sobre temas trascendentales. Negarle ese derecho a los colombianos es cerrar una puerta al debate amplio y plural, y reemplazarlo por el cálculo político de unos pocos senadores.
Lo sucedido en la plenaria muestra cómo el Congreso, en lugar de ser un canal para la voz popular, actúa muchas veces como un filtro que la bloquea. La democracia no se agota en los periodos electorales; requiere herramientas de participación constante, y el Senado ha decidido clausurar una de ellas.
Una mayoría sin legitimidad moral
Aunque la votación fue legal, no puede decirse que haya sido legítima desde un punto de vista democrático. ¿En qué momento 49 senadores pueden decidir que 50 millones de colombianos no tienen derecho a ser consultados? ¿Con qué autoridad moral se clausura un debate nacional antes de que siquiera ocurra?
Esta actitud de cerrazón frente a los mecanismos de participación directa no es nueva en la política colombiana, pero sí resulta cada vez más insostenible. Rechazar la consulta es enviar el mensaje de que el pueblo solo cuenta cuando vota por sus representantes, pero no cuando quiere participar activamente en las decisiones que afectan su destino.
¿Y ahora qué?
El episodio deja a la vista una desconexión profunda entre las instituciones y la ciudadanía. Si el Congreso insiste en blindarse de la participación directa, no solo se erosiona la confianza pública, sino que se siembra el terreno para la apatía, el abstencionismo y la radicalización. Ante ello, el presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta X donde manifestó:
La crítica no es al resultado del voto, sino a lo que representa: una democracia de puertas cerradas, donde las reglas del juego se utilizan para excluir, no para ampliar la voz ciudadana. La democracia colombiana necesita urgentemente menos cálculos electorales y más voluntad de diálogo con el pueblo que dice representar. ¿Seguirá el Senado cerrándole las puertas a la democracia?
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