El candidato presidencial avala el aumento del salario mínimo para 2026 como un acto de justicia social, pero advierte que sin una política económica integral podría convertirse en una carga insostenible para el empleo y las mipymes
El candidato presidencial Roy Barreras se sumó al respaldo del incremento del salario mínimo para 2026, al considerarlo una medida necesaria para dignificar la vida de millones de trabajadores en Colombia. Desde su visión, el ajuste corrige un rezago histórico que durante años erosionó el poder adquisitivo de amplios sectores laborales formales.
Barreras subrayó que el impacto directo beneficia a más de 2,5 millones de personas, especialmente en oficios como vigilancia, mensajería y otros servicios esenciales, donde el salario mínimo es la principal fuente de ingreso. Para el aspirante presidencial, el aumento no es un lujo, sino una respuesta mínima a una deuda social acumulada.
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El verdadero reto: que el salario alcance para vivir
Sin embargo, el dirigente político fue enfático en que el debate no puede quedarse únicamente en la cifra anunciada. A su juicio, el riesgo está en que el alza salarial sea absorbida rápidamente por el aumento del costo de vida, dejando intacta la precariedad cotidiana de los hogares trabajadores.
Barreras insistió en que sin control de precios en alimentos, medicamentos, transporte y servicios básicos, el salario vital puede perder su sentido real. En ese escenario, advirtió, el aumento se convierte en un alivio temporal y no en una transformación estructural de las condiciones laborales.
Las mipymes, en el centro de la presión económica
Uno de los puntos más sensibles señalados por el candidato es el impacto del aumento salarial en las micro, pequeñas y medianas empresas, responsables de cerca del 98 % del empleo en el país. Según Barreras, muchos pequeños empleadores enfrentan serias dificultades para asumir los costos laborales completos, que por trabajador pueden acercarse a los tres millones de pesos mensuales.
Desde esta perspectiva, alertó que sin medidas de acompañamiento, el incremento salarial podría traducirse en reducción de empleos formales, informalidad o cierre de negocios, especialmente en regiones con economías frágiles.
Propuestas de alivio para sostener el empleo
Ante este panorama, Barreras planteó una serie de medidas que, a su juicio, deberían implementarse de forma inmediata para evitar que el salario vital termine afectando a quienes pretende beneficiar. Entre ellas se destacan la reducción de cargas tributarias para las mipymes, alivios en el impuesto de industria y comercio, tasas preferenciales de renta para pequeños empleadores y beneficios en el IVA para quienes generen empleo formal.
También propuso fortalecer las líneas de crédito público con tasas subsidiadas y respaldo estatal, sin exigir fiadores, a través del sistema financiero público y mecanismos como Fogafín.
Impacto fiscal y llamado a la responsabilidad económica
El candidato también puso sobre la mesa el impacto que el aumento salarial tendrá sobre las finanzas públicas, recordando que una parte significativa del ajuste será asumida por el Estado mediante salarios públicos, pensiones y otros costos asociados. Según sus estimaciones, esto podría representar una presión fiscal cercana a los 7 billones de pesos.
Para Barreras, este escenario obliga a tomar decisiones responsables que combinen justicia social con crecimiento económico, productividad y recuperación de la confianza de los inversionistas.
salario vital, entre la justicia social y la viabilidad económica
La postura de Roy Barreras refleja una tensión central del debate actual: cómo avanzar hacia salarios dignos sin debilitar el tejido empresarial ni comprometer la estabilidad fiscal. Su respaldo al aumento reconoce una demanda social legítima, pero su advertencia apunta a una realidad estructural que el país no puede ignorar.
El salario vital, por sí solo, no transforma la economía si no va acompañado de políticas que regulen precios, fortalezcan la productividad y redistribuyan de manera más equitativa las cargas del sistema. El desafío no es solo pagar más, sino construir un modelo donde trabajadores, empresarios y Estado puedan sostener ese avance en el tiempo.
En esa ecuación, el éxito del salario vital dependerá menos del anuncio y más de la capacidad del Gobierno para convertirlo en una política integral, coherente y socialmente sostenible.
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