El presidente sostiene que las altas tasas de interés reales y el bloqueo legislativo a la Ley de Financiamiento empujaron al país a una situación fiscal crítica que obliga al Ejecutivo a actuar de manera extraordinaria
El presidente Gustavo Petro intensificó su defensa del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica decretado el pasado 22 de diciembre, al advertir que Colombia enfrenta una coyuntura fiscal “grave e inminente” que pone en riesgo la estabilidad institucional y la garantía de derechos fundamentales como la salud, la educación y la seguridad.
A través de una serie de pronunciamientos en su cuenta de X, el mandatario afirmó que la declaratoria no responde a una decisión política discrecional, sino a una acumulación de hechos sobrevinientes que, a su juicio, desbordaron la capacidad ordinaria del Estado para responder a la crisis.
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El señalamiento al Banco de la República
Uno de los ejes centrales de la argumentación presidencial fue su crítica directa a la Junta Directiva del Banco de la República. Petro cuestionó la política monetaria del Emisor, señalando que el mantenimiento de tasas de interés reales por encima del crecimiento económico ha encarecido de manera significativa el servicio de la deuda pública.
En un mensaje particularmente crítico, el presidente acusó al Banco de incurrir en un “negacionismo” técnico al presentar tasas nominales sin reflejar el impacto real sobre la economía. Según Petro, esta omisión distorsiona el debate público y oculta que Colombia se encuentra entre los países con mayor costo real de endeudamiento.
Desde su perspectiva, esta política ha operado como un factor desestabilizador, incluso cuando su Gobierno —afirma— ha mantenido la deuda neta dentro de los márgenes del marco fiscal de mediano plazo.
El Congreso, en el centro del debate fiscal
El jefe de Estado también dirigió sus críticas hacia la Comisión Tercera del Senado, a la que responsabilizó por el doble hundimiento de la Ley de Financiamiento. Esta iniciativa buscaba recaudar hasta 16,3 billones de pesos para cubrir el presupuesto de 2026 y reducir la presión sobre el déficit fiscal.
Petro sostuvo que la negativa del Congreso a aprobar impuestos progresivos, enfocados en los sectores de mayores ingresos y en consumos nocivos, impidió reducir la percepción de riesgo país y agravó el escenario fiscal. En sus palabras, trasladar el ajuste a la población trabajadora sería socialmente injusto y económicamente regresivo.
Facultades extraordinarias y choque institucional
El Decreto 1390, firmado por todo el gabinete, otorga al Ejecutivo la posibilidad de expedir normas con fuerza de ley durante un periodo inicial de 30 días, prorrogable hasta 90. El Gobierno argumenta que la combinación del déficit fiscal, las obligaciones derivadas de fallos judiciales —como el incremento de la UPC en salud— y las necesidades de seguridad nacional hacen inevitable una acción inmediata.
Las cifras oficiales muestran un déficit que cerró 2024 en torno al 6,7 % del PIB y una proyección cercana al 7,1 % para 2025, con una deuda pública que ronda entre el 61 % y el 64 % del PIB. Para el Ejecutivo, sin nuevas fuentes de ingreso, el ajuste recaería sobre la inversión social.
El llamado a la Corte Constitucional
Petro solicitó a la Corte Constitucional una revisión “sensata” del decreto, advirtiendo que una eventual declaratoria de inexequibilidad podría profundizar la crisis. Según el mandatario, el escenario alternativo implicaría medidas de ajuste más drásticas, como recortes sociales o deterioro del ingreso real de los trabajadores.
El presidente insistió en que sus advertencias no constituyen una amenaza política, sino una lectura básica de la dinámica económica cuando el Estado pierde margen de maniobra fiscal.
Entre la urgencia económica y el límite institucional
La emergencia económica declarada por el Gobierno abre un nuevo capítulo en la tensión entre el Ejecutivo, el Banco de la República y el Congreso. Más allá de la confrontación discursiva, el debate de fondo gira en torno a quién debe asumir el costo del ajuste fiscal y bajo qué reglas.
Mientras el Gobierno defiende la excepcionalidad como una herramienta para proteger la inversión social, sus críticos advierten un riesgo de desbordamiento institucional y concentración de poder normativo. La decisión de la Corte Constitucional será clave para definir si el país valida una lectura amplia de la emergencia o reafirma los límites del orden constitucional.
En cualquier escenario, el episodio deja en evidencia una fractura estructural en la gobernanza económica del país, donde política fiscal, política monetaria y legitimidad democrática chocan en un momento de alta sensibilidad social y financiera.
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