El desmonte de las bandas criminales debe cumplir los principios de verdad, justicia y reparación ¿Les conviene a las mafias locales una paz que responda a esos principios?
La llamada Mesa de Paz Urbana en Barranquilla y el Atlántico ha mostrado algunos avances, con acuerdos iniciales entre bandas como Los Costeños y Los Pepes. Incluso se plantea que otras estructuras, como el Tren de Aragua, se incluyan en este proceso que, para algunos sectores, podría servir como modelo en eventuales negociaciones con grupos insurgentes como el ELN.
Sin embargo, la realidad territorial revela que Barranquilla sigue siendo un hub del narcotráfico internacional, con carteles transnacionales y operaciones de lavado de activos que, si bien dinamizan sectores especulativos de la economía, agudizan la desigualdad. El DANE reportó que en 2024 la ciudad sumó 16 mil nuevos pobres, lo que confirma que la paz no puede desvincularse de la justicia social.
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La mirada del Gobierno Nacional y el vacío local
El presidente Gustavo Petro fue enfático en que la paz urbana requiere más que ceses de hostilidades: implica inversión social en los jóvenes y un cambio en las prioridades del gasto público. Mientras tanto, la administración distrital ha sido criticada por priorizar obras con beneficios políticos y empresariales, dejando de lado políticas estructurales de inclusión.
El gran desafío es qué hacer con los cerca de 10 mil jóvenes que hoy integran estas bandas, jóvenes que encontraron en el crimen organizado las oportunidades que el Estado les negó. Si no se garantizan procesos de reintegración y no repetición, cualquier acuerdo quedará en un escenario de fragilidad.
Cese al fuego: una oportunidad en observación
El reciente anuncio de alias “Castor”, líder de una facción de Los Costeños, de suspender las acciones criminales hasta el 30 de septiembre, abre un margen de esperanza. Igual ocurrió con Los Pepes, quienes también declararon un cese de actividades.
Pero la clave está en los hechos: la reducción real de homicidios, la disminución de extorsiones y el cumplimiento verificable de compromisos. La paz urbana no puede ser un simple canto a la impunidad: debe garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas.
En este proceso, la academia local ha tenido un papel fundamental. La Universidad Autónoma del Caribe, bajo la rectoría de Jorge Senior, ha sido una de las instituciones que han acompañado la construcción de propuestas técnicas y de reconciliación. Sin embargo, preocupa la intromisión oportunista de gobiernos locales, que buscan atribuirse logros que no les corresponden y que, en algunos casos, fueron indiferentes frente al crecimiento de la violencia.
El llamado es a preservar la discreción y la seriedad de las negociaciones, blindándolas de los intereses políticos que históricamente han debilitado cualquier intento de paz en la región.
Sin justicia social no hay paz urbana
El proceso en Barranquilla refleja la complejidad de lograr una paz total en contextos urbanos atravesados por crimen organizado, narcotráfico y economías ilegales. Los ceses de hostilidades son apenas un primer paso, pero no serán sostenibles si no se atacan las causas profundas: pobreza, falta de oportunidades, corrupción política y la connivencia histórica de sectores económicos con estructuras criminales.
La experiencia internacional demuestra que los pactos urbanos solo se consolidan cuando van acompañados de políticas públicas sólidas, inversión social masiva y una voluntad real de transformar las condiciones de exclusión.
En el caso de Barranquilla y el Atlántico, la paz solo será posible si el discurso se traduce en hechos: oportunidades para los jóvenes, justicia para las víctimas y un control decidido sobre los flujos ilícitos que hoy sostienen a las mafias. De lo contrario, lo que se anuncia como paz podría terminar siendo otra página más en la larga historia de pactos inconclusos.
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