El caso Colfuturo pone en evidencia cómo el acceso al conocimiento ha sido mediado por desigualdades sociales, territoriales y económicas
Durante años, el debate sobre Colfuturo se presentó como un asunto técnico, casi contable: convenios, fiducias, créditos condonables y porcentajes de retorno. Pero esa narrativa es incompleta y, en muchos casos, deliberadamente cómoda. La discusión sobre Colfuturo no es únicamente administrativa; es profundamente política y simbólica, porque toca el corazón de una pregunta incómoda: ¿para quién ha funcionado realmente el modelo de financiamiento de la educación superior en Colombia?
Colfuturo no es solo una fundación privada que administra recursos públicos. Es, en la práctica, un filtro de acceso al conocimiento, un intermediario que durante décadas definió quién podía y quién no podía estudiar maestrías y doctorados, especialmente en el exterior. Y lo hizo bajo un esquema que, aunque legal, terminó reproduciendo desigualdades sociales y territoriales históricas.
Recursos públicos, control privado
El punto más sensible del debate es este: recursos públicos administrados por un operador privado sin competencia real. Durante años, billones de pesos del Estado terminaron concentrados en un solo esquema, con escasa discusión pública sobre alternativas, impactos reales o mecanismos de redistribución.
Cuando hoy el Ministerio de Ciencia plantea revisar ese modelo, diversificar operadores o fortalecer lo público, la reacción ha sido inmediata: alarmas mediáticas, titulares de “desfinanciación” y una defensa casi sacralizada de Colfuturo, como si cuestionar el modelo fuera equivalente a atacar la educación.
Pero no lo es. cuestionar a Colfuturo no es estar contra la formación de alto nivel; es preguntarse si esa formación ha sido realmente democrática, equitativa y alineada con las necesidades del país.
El símbolo que incomoda
Colfuturo se convirtió en un símbolo de estatus académico. No solo financiaba estudios: otorgaba legitimidad, una marca de prestigio que separaba a quienes “lograron salir” de quienes nunca tuvieron esa opción. Por eso el debate es tan incómodo. Porque tocar a Colfuturo es tocar una narrativa de mérito que ignora las condiciones materiales de origen.
En ese sentido, la resistencia al cambio no es solo institucional, sino cultural. Hay sectores que prefieren mantener intacto un modelo que los benefició, incluso si eso implica seguir excluyendo a la mayoría.
¿Reforma o amenaza al privilegio?
El viraje que hoy propone el Gobierno —más operadores, más presencia pública, mayor enfoque territorial y social— no elimina la formación internacional ni los apoyos a posgrados. Lo que hace es disputar el monopolio simbólico y financiero que durante años tuvo un solo actor.
Y ahí está el verdadero conflicto. No se discute si Colombia debe formar doctores y magísteres; se discute quién decide, a quién se financia y con qué criterios. Se discute si el conocimiento seguirá siendo un privilegio administrado desde pocos escritorios o un derecho ampliado a los territorios históricamente excluidos.
Una discusión que el país debe dar
Reducir este debate a una pelea burocrática es una forma de despolitizarlo. En realidad, estamos ante una discusión sobre justicia educativa, democratización del conocimiento y uso del dinero público.
Colfuturo no es intocable. Ninguna institución que administra recursos del Estado debería serlo. Someter su modelo a revisión no es un ataque, es una obligación democrática. Desde Noticias La Voz Realities sostenemos que el país necesita abrir esta discusión sin miedos ni dogmas. El conocimiento no puede seguir siendo un bien concentrado. Democratizarlo no es ideología: es justicia social, equidad territorial y futuro.
La pregunta de fondo sigue abierta: ¿seguiremos financiando el conocimiento para unos pocos o nos atreveremos, por fin, a convertirlo en una herramienta real de transformación social?
Realice su donación en Noticias La Voz Realities
Con tu aporte, apoyas el periodismo independiente y alternativo dando clic en el botón de BOLD:
