La cartera de Ciencia asegura la continuidad de los apoyos para maestrías y doctorados, cuestiona la concentración histórica de recursos en un operador privado y plantea una transición hacia un esquema más equitativo y descentralizado
En medio de la controversia pública sobre el futuro del financiamiento para estudios de posgrado, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación salió al paso para aclarar que el Estado colombiano no ha desfinanciado ni desmontado los programas de apoyo para maestrías y doctorados, como se ha sugerido en algunos sectores.
Por el contrario, la entidad confirmó que en 2026 se abrirá una nueva convocatoria que permitirá a colombianos acceder a apoyos financieros tanto para estudios en el país como en el exterior, ratificando que la formación de alto nivel sigue siendo una política estratégica del Gobierno nacional.
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El origen del debate: recursos públicos y operadores privados
Uno de los ejes centrales del pronunciamiento oficial gira en torno al CONPES 3862, heredado de gobiernos anteriores, que establecía la asignación directa de recursos públicos a Colfuturo, una entidad privada encargada de administrar los créditos-beca para posgrados.
Según el Ministerio, actualmente existen cerca de 18 millones de dólares ya girados a Colfuturo y depositados en fiducias y cuentas en el exterior, recursos que siguen disponibles para cubrir a beneficiarios activos. En ese sentido, la cartera negó de manera tajante que exista una decisión de desmontar el programa o retirar apoyos vigentes.
Transición institucional: del monopolio privado a la competencia pública
Más allá de la coyuntura, el Ministerio plantea una discusión de fondo: la necesidad de dejar de concentrar recursos públicos en un solo operador privado. La cartera considera legítimo y responsable avanzar hacia un modelo de competencia que priorice lo público, optimice el uso del presupuesto y amplíe el impacto social de los programas de formación avanzada.
Las cifras respaldan esta postura. Entre 2014 y 2022, cerca del 80 % de los beneficiarios del esquema tradicional se concentraron en solo 14 departamentos y Bogotá, mientras que alrededor del 60 % pertenecía a los estratos socioeconómicos 4, 5 y 6, evidenciando una distribución desigual del acceso.
Descentralización y equidad: el nuevo enfoque
Desde 2023, el Ministerio implementó un nuevo mecanismo en alianza con el ICETEX, orientado a descentralizar el acceso a la formación de alto nivel y favorecer a estudiantes de los estratos 1, 2 y 3.
Como resultado, entre 2023 y 2025 el programa amplió su cobertura a 17 departamentos, con crecimientos significativos en regiones históricamente excluidas como Cauca, Córdoba, Nariño y Chocó. Este viraje busca corregir brechas territoriales y sociales que durante años limitaron el alcance real de la política educativa.
Condonaciones, inversión y cifras del actual gobierno
El Ministerio también destacó que durante el gobierno del presidente Gustavo Petro se incrementó de manera sustancial el número de créditos educativos condonados para estudiantes de maestría y doctorado. Para el primer semestre de 2026, la proyección es superar las 2.500 condonaciones.
En términos globales, la entidad reporta que 7.995 personas han sido financiadas en programas de formación de alto nivel, con una inversión acumulada de 1,2 billones de pesos, lo que refuerza el argumento de que estos apoyos no solo se mantienen, sino que se han fortalecido.
Transparencia y control: el trasfondo fiscal
Otro elemento clave del comunicado es el llamado a la transparencia en el manejo de los recursos. El Ministerio recordó que la Contraloría General de la República identificó hallazgos fiscales y disciplinarios en la auditoría al convenio con Colfuturo, relacionados con el reintegro de cartera recuperada y el seguimiento administrativo.
En ese contexto, la cartera de Ciencia insistió en la necesidad de un debate informado, basado en evidencia, y rechazó lo que calificó como presiones mediáticas para mantener el control de los recursos públicos en manos de un solo operador privado.
¿Reforma técnica o disputa política?
Más allá del cruce de versiones, el debate revela una tensión estructural entre dos modelos: uno que privilegia la tercerización privada de la política pública y otro que apuesta por fortalecer la rectoría estatal, la equidad territorial y el acceso social al conocimiento.
La discusión sobre Colfuturo no es únicamente administrativa; es política y simbólica. Se trata de quién decide, cómo se distribuyen los recursos y a quiénes llega realmente la inversión en ciencia y educación avanzada. En ese sentido, la postura del Ministerio refleja un intento de reordenar prioridades, aunque no sin generar resistencias.
Lo que está en juego no es solo la financiación de posgrados, sino el modelo de país que se construye desde el conocimiento: uno concentrado y elitizado, o uno más amplio, descentralizado y socialmente justo.
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