Tras 25 años de concesión, la terminal aérea pasa nuevamente a manos del Estado bajo gestión de la Aerocivil
En un acto protocolario liderado por la ministra de Transporte, Mafe Rojas, el Gobierno Nacional, a través de la Aeronáutica Civil, asumió oficialmente la operación pública del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Cali, considerado la principal puerta de entrada al suroccidente del país.
La decisión se da después de 25 años de concesión a Aerocali S.A., y busca garantizar continuidad, seguridad y calidad en los servicios para los más de 6 millones de pasajeros anuales que transitan por esta terminal.
“Hoy el Estado vuelve a asumir la responsabilidad directa de un aeropuerto clave para la conectividad nacional e internacional. Con inversión, talento humano y transparencia, aseguramos un servicio eficiente y de calidad para la ciudadanía”, afirmó la ministra Rojas durante el evento.
Operación espejo y estabilidad institucional
La terminal contará con un equipo de 122 funcionarios misionales, entre ellos 58 controladores aéreos y 45 bomberos aeronáuticos, quienes operarán bajo la modalidad de “Operación Espejo”. Este esquema incluye un Puesto de Mando Avanzado diseñado para reducir riesgos y asegurar la continuidad de los servicios.
Mientras tanto, el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) trabajan en la estructuración de una nueva concesión, que será adjudicada en los próximos años bajo un proceso que, según el Gobierno, se garantizará con total transparencia.
En paralelo, se mantienen vigentes más de 160 contratos comerciales y comodatos con entidades del Estado, lo que asegura tanto la estabilidad institucional como la operación eficiente del aeropuerto.
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Estado y gestión aeroportuaria, entre la soberanía y la eficiencia
La recuperación directa de la operación del Alfonso Bonilla Aragón marca un hito en la política de infraestructura del país. Por un lado, responde al interés del Gobierno Petro de fortalecer la gestión pública de activos estratégicos, una línea que busca reforzar la soberanía sobre sectores clave de la economía.
Este paso también plantea debates relevantes: ¿puede el Estado garantizar la misma eficiencia que un operador privado en una terminal con alto flujo de pasajeros? El modelo de “Operación Espejo” busca precisamente responder a ese reto, mostrando capacidad técnica y operativa mientras se prepara una nueva licitación.
Más allá de lo inmediato, la transición del aeropuerto de Cali refleja un cambio de paradigma en la relación público-privada: las concesiones ya no se entienden solo como delegación al sector privado, sino como instrumentos flexibles que pueden dar paso a la gestión pública directa cuando así lo demanden los intereses nacionales.
En el fondo, lo que está en juego es la capacidad del Estado de demostrar que puede administrar infraestructuras críticas con transparencia, eficiencia y visión de largo plazo. Si logra consolidar esta transición con éxito, el caso del Alfonso Bonilla Aragón podría convertirse en un precedente para futuras discusiones sobre la gestión de aeropuertos y otras infraestructuras estratégicas en Colombia.
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