Una decisión que revivió un escándalo incómodo para el poder militar. La Corte mantiene abierta una investigación de alto perfil que salpica al mando militar en Colombia
La Corte Suprema de Justicia ha dado un nuevo giro al caso del general retirado Eduardo Enrique Zapateiro, al rechazar la solicitud de preclusión presentada por la Fiscalía. Esta determinación implica que la investigación penal contra el excomandante del Ejército continuará su curso, mientras persisten dudas sobre sus presuntos vínculos con el Clan del Golfo y posibles delitos de concierto para delinquir agravado. El caso Zapateiro sigue abierto.
Esta decisión, más allá de lo judicial, refuerza el debate sobre la relación entre sectores de la fuerza pública y estructuras armadas ilegales, una discusión que también ha sido abordada en distintos momentos por informes de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en especial aquellos relacionados con alianzas entre agentes del Estado y grupos paramilitares.
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Un testimonio explosivo y una Fiscalía poco diligente
El caso se remonta a diciembre de 2022, cuando Richard Maok Riaño Botina, conocido como el “hacker de la Fiscalía”, presentó una denuncia afirmando haber encontrado información incriminatoria contra Zapateiro en dispositivos del exjefe del Clan del Golfo, alias Otoniel. Dicho material, según Riaño, vincularía al entonces comandante del Ejército con esa organización criminal.
Sin embargo, durante la audiencia, la Fiscalía Octava Delegada alegó que no existían pruebas concluyentes contra Zapateiro. Citó la ausencia de menciones a su nombre en las versiones de Otoniel ante la JEP, la falta de hallazgos materiales como la supuesta memoria MicroSD, y el cuestionable historial del denunciante, previamente condenado por calumnia. La Corte, sin embargo, no compró ese argumento.
Una investigación incompleta y con omisiones graves
Para la Sala Especial de Primera Instancia, la solicitud de archivo del caso fue prematura. Señaló múltiples fallas en la labor de la Fiscalía:
- No se reprogramó la entrevista con el denunciante, a pesar de que reside en Canadá, ni se intentó usar medios consulares o virtuales.
- No se insistió en obtener una declaración adicional de alias Otoniel, quien ahora está en custodia en EE. UU.
- No se exploraron otras fuentes testimoniales ni se investigaron expedientes relacionados con vínculos de otros militares con el Clan del Golfo.
Todo esto llevó a la Corte a concluir que la Fiscalía no agotó las diligencias necesarias para cerrar la investigación. Por tanto, la preclusión fue negada y el expediente sigue abierto.
Silencio institucional y la vigencia de los informes de la JEP
Lo más preocupante de este caso no es solo el nombre de Zapateiro, sino lo que representa: una posible relación estructural entre las élites militares y grupos armados ilegales. La JEP ha documentado en sus informes múltiples patrones de connivencia entre agentes estatales y estructuras criminales, especialmente en regiones donde operan redes como el Clan del Golfo.
Que un general de alto rango sea mencionado en este contexto —aunque aún sin sentencia— refuerza la necesidad de continuar indagando en profundidad sobre el papel de las Fuerzas Armadas en el conflicto armado y sus zonas grises.
¿Y ahora qué?
La Corte fue clara: la Fiscalía debe seguir investigando, recoger las pruebas que faltan, buscar nuevas declaraciones y fortalecer su argumentación antes de volver a pedir una preclusión. La defensa del general, por su parte, también deberá esperar, ya que el alto tribunal no accedió a compulsar copias contra el denunciante mientras el caso principal no esté resuelto.
En un país donde las instituciones suelen preferir el olvido a la verdad, esta decisión judicial reivindica el derecho de la sociedad a conocer toda la verdad, incluso cuando esta incomode a los poderes armados.
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