El escándalo arbitral que, desde 2001, dejó una sombra de sospecha sobre la credibilidad del fútbol español
El caso Negreira comenzó a gestarse a inicios de siglo. En 2001, bajo la presidencia de Joan Gaspart, el FC Barcelona inició una serie de pagos regulares a DASNIL 95 SL, empresa propiedad de José María Enríquez Negreira, exárbitro de Primera División y entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA). Según la versión oficial del club, aquellos pagos respondían a servicios de asesoría arbitral, informes técnicos y recomendaciones para evitar conflictos disciplinarios entre jugadores y árbitros. Sin embargo, la documentación que respaldara la existencia de esos informes nunca apareció.
El monto inicial rondaba los quinientos mil euros anuales, cifra que con el paso del tiempo aumentó hasta superar los setecientos mil. Negreira, que desde 1994 ostentaba un papel decisivo en el CTA, tenía influencia directa sobre ascensos, descensos y designaciones arbitrales. En ese escenario, la mera existencia de una relación financiera con el Barcelona sembró dudas sobre la imparcialidad del sistema arbitral.
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Los años de continuidad silenciosa
En 2003, con la llegada de Joan Laporta a la presidencia, la dinámica no cambió. Los pagos se mantuvieron intactos, incluso se ampliaron con transferencias dirigidas a empresas vinculadas al hijo de Negreira, Javier Enríquez Romero. A través de la sociedad NILSA, este recibió alrededor de setecientos cincuenta mil euros por supuestos servicios de “scouting arbitral”. También se detectaron pagos menores, como los realizados a la secretaria de Negreira, lo que mostraba una red de ingresos difícil de justificar con los supuestos servicios.
Durante los años siguientes, en los que el Barcelona alcanzó una de las épocas más exitosas de su historia deportiva, no hubo interrupción en los desembolsos. Tampoco existieron contratos detallados ni evidencia clara de los trabajos prestados. La propia Guardia Civil, en informes posteriores, subrayó que no encontró documentos técnicos suficientes que demostraran la utilidad de lo pagado.
De Rosell a Bartomeu: continuidad y amenaza
En 2010, Sandro Rosell asumió la presidencia y mantuvo las mismas prácticas. El flujo de dinero hacia las empresas de Negreira continuó sin alteraciones. Tras su dimisión en 2014, motivada por el escándalo del fichaje de Neymar, Josep Maria Bartomeu heredó la presidencia y prolongó los pagos hasta 2018. Fue entonces cuando se produjo un giro significativo: la salida de Negreira del CTA, tras 24 años en el cargo, coincidió con la suspensión de los desembolsos.
Poco después, Negreira envió un burofax al club en el que amenazaba con revelar supuestas irregularidades si no se reanudaban los pagos. El documento fue interpretado como un intento de extorsión, y hoy constituye una de las piezas clave en la investigación judicial. Los informes policiales sostienen que este gesto evidenció que Negreira era consciente del poder de la información que poseía y de las consecuencias de hacerla pública.
Al mismo tiempo, surgieron sospechas en torno a la esposa de Negreira, Ana Paula Relaño, quien ingresó alrededor de tres millones de euros no justificados en cuentas bancarias, presuntamente vinculados a los pagos recibidos del Barcelona. El círculo se cerraba con operaciones sospechosas que sugerían ventas ficticias y una red de favores dentro del arbitraje español.
El estallido público y la maquinaria judicial
El caso permaneció en silencio hasta 2019, cuando la Agencia Tributaria inició una inspección sobre las declaraciones fiscales de Negreira. Fue allí donde se descubrieron las transferencias millonarias provenientes del club. Aunque al principio la investigación se limitó al ámbito fiscal, en febrero de 2023 la Cadena SER destapó la noticia y el escándalo explotó mediáticamente.
La Fiscalía presentó una denuncia contra el Barcelona como entidad jurídica, así como contra sus expresidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, además del propio Negreira y otros directivos como Óscar Grau y Albert Soler. Los delitos señalados incluían corrupción en los negocios, administración desleal y falsedad documental. La UEFA reaccionó de inmediato abriendo una investigación paralela, aunque finalmente permitió al club competir en la Champions League por no encontrar pruebas directas de amaño de partidos. LaLiga, en cambio, fue tajante al definirlo como “el mayor escándalo en la historia del fútbol español”, mientras que el Real Madrid se personó en la causa como acusación particular.
Un proceso judicial interminable
La investigación judicial se convirtió en un laberinto. En septiembre de 2023, la causa incorporó la acusación de cohecho, bajo el argumento de que Negreira, como vicepresidente del CTA, podía ser considerado funcionario público. Sin embargo, la Audiencia de Barcelona desestimó este cargo en enero de 2024, señalando que el puesto no reunía las características de función pública estricta. En mayo del mismo año también se descartó la acusación de blanqueo de capitales, aunque permanecieron vigentes los cargos por corrupción en los negocios y administración desleal.
A lo largo de 2024, la Guardia Civil entregó un informe devastador: no existían informes técnicos que justificaran los pagos, se detectaron ingresos injustificados en cuentas de Negreira y se confirmó su enorme influencia en el arbitraje.
En 2025, lejos de cerrarse, la investigación se prorrogó en varias ocasiones. En septiembre de ese año, la jueza instructora amplió la causa hasta marzo de 2026 y citó a declarar a Joan Laporta, actual presidente, así como a Luis Enrique y Ernesto Valverde, entrenadores del club durante parte del período investigado. El objetivo es esclarecer si los cuerpos técnicos fueron beneficiarios directos o conocedores de esos supuestos servicios de asesoría arbitral.
La defensa del club y el peso de la duda
El FC Barcelona sostiene que los pagos eran legítimos y que buscaban garantizar neutralidad, recibiendo asesorías verbales sobre árbitros y normativas. Joan Laporta, en su rol actual de presidente, insiste en que el club será absuelto y recuerda que incluso se contrató una auditoría externa que no halló pruebas concluyentes de delitos. Negreira, por su parte, mantiene que los servicios existieron, aunque de forma oral, y niega cualquier influencia directa en las decisiones arbitrales.
Sin embargo, la ausencia de pruebas documentales y la coincidencia entre el fin de los pagos y la salida de Negreira del CTA son elementos que han sembrado la mayor de las sospechas: la posibilidad de que durante casi dos décadas el club más laureado de España haya mantenido una relación económica con quien controlaba buena parte del arbitraje nacional.
El impacto en el fútbol español
Más allá de las responsabilidades jurídicas, el Caso Negreira ha tenido un efecto devastador sobre la imagen del fútbol español. La credibilidad del sistema arbitral quedó gravemente afectada. Aunque no se ha demostrado la manipulación de partidos específicos, el hecho de que existiera un flujo millonario de dinero entre un club y un alto cargo arbitral cuestiona la esencia de la competencia justa.
En el plano institucional, el caso abrió un debate profundo sobre la necesidad de reformas en la Real Federación Española de Fútbol y en los mecanismos de designación y supervisión arbitral. El arbitraje, ya cuestionado por decisiones polémicas en la cancha, quedó marcado por la sospecha de connivencia y corrupción estructural.
Conclusión: Un desenlace pendiente
A 5 de septiembre de 2025, el Caso Negreira sigue siendo una herida abierta. El proceso judicial avanza con lentitud, las pruebas documentales brillan por su ausencia y las declaraciones pendientes en noviembre podrían arrojar nuevas luces o prolongar la sombra.
El Barcelona, pese a seguir compitiendo en la élite del fútbol europeo, enfrenta un daño reputacional difícil de revertir. Y el fútbol español, atrapado en la maraña de este caso, carga con una pregunta incómoda que aún no ha sido respondida: ¿hasta qué punto se jugó limpio?
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