El reconocimiento de la UPC en noviembre de 2025 revela una inyección récord de recursos al sistema de salud, pero también expone desequilibrios persistentes en la relación entre EPS, IPS y el Estado
Durante noviembre de 2025, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) reconoció $7,37 billones por concepto de Unidad de Pago por Capitación (UPC) para los regímenes subsidiado y contributivo. Se trata de uno de los desembolsos mensuales más altos del año, reflejo del peso fiscal que sostiene el aseguramiento en salud en Colombia.
De ese total, $5,85 billones fueron girados directamente a IPS y proveedores, mientras que $1,36 billones llegaron a las EPS para gastos de administración y otros compromisos, bajo un esquema que prioriza el flujo directo de recursos hacia los prestadores de servicios.
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El dato más relevante no es únicamente el monto, sino el mecanismo. Más del 78 % de la UPC reconocida se ejecutó vía giro directo, tanto en el régimen subsidiado como en el contributivo. Este porcentaje confirma un viraje estructural: el Estado, a través de la ADRES, limita cada vez más la intermediación financiera de las EPS.
En el régimen subsidiado, por ejemplo, el 80,21 % de los recursos fue transferido directamente a IPS y proveedores, mientras que en el contributivo la cifra alcanzó el 78,51 %. Esta tendencia no es coyuntural; es el resultado de nuevas reglas, decretos y medidas de vigilancia especial impulsadas desde 2024.
EPS vigiladas: Obligaciones y cumplimientos
El informe también expone el comportamiento desigual de las EPS sometidas a vigilancia especial, intervención o incumplimiento del patrimonio adecuado. Aunque muchas alcanzan o superan el umbral del 80 % de giro directo, otras siguen registrando rezagos, giros incompletos o recursos pendientes de programación.
Este escenario refuerza la tesis del Gobierno Nacional: el modelo de aseguramiento, tal como está concebido, presenta fallas estructurales que obligan al Estado a intervenir de manera más agresiva para proteger la red hospitalaria y garantizar la continuidad del servicio.
El trasfondo político de la UPC
Más allá de las tablas y porcentajes, el boletín de la ADRES confirma que la discusión sobre la financiación de la salud ya no es solo técnica. Es profundamente política. El aumento sostenido de recursos, el control del giro directo y la presión sobre las EPS forman parte de una disputa de fondo: quién administra el dinero de la salud y bajo qué lógica.
Mientras el Gobierno defiende el giro directo como una herramienta de transparencia y supervivencia del sistema, los críticos advierten riesgos de centralización excesiva y tensiones operativas. Lo cierto es que las cifras de noviembre dejan claro que el Estado ya no actúa como árbitro distante, sino como actor principal en la caja del sistema de salud.
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