Mientras los homicidios y las extorsiones golpean a Barranquilla y su área metropolitana, la Gobernación del Atlántico, vende a la opinión pública una narrativa de diálogo con grupos armados que sigue dejando más dudas que certezas
El gobernador Eduardo Verano le reveló a la Revista Semana los avances de un supuesto proceso de paz con “bandas criminales” como Los Costeños y Los Pepes. La estrategia parece más orientada a minimizar el pánico ciudadano que a enfrentar el verdadero problema: estas organizaciones no son simples bandas, sino estructuras armadas con control territorial y económico, algo que el propio alcalde Alejandro Char lleva años intentando maquillar con un lenguaje que suaviza la realidad.
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Negociaciones bajo un lenguaje equivocado
En plenas negociaciones, tanto la Gobernación como la Alcaldía de Barranquilla insisten en llamarlos “bandas criminales”, cuando en la práctica actúan como ejércitos ilegales que siembran terror en barrios, comercios y hasta en las escuelas.
Esa insistencia en negar su carácter de grupos armados organizados no solo desinforma: también posterga soluciones reales y oculta la gravedad de la amenaza. Nuestro medio de comunicación conoció información del último comité de Justicia Transicional del distrito de Barranquilla del año 2023, en el cual se dejó claro que son grupos armados. Sin embargo, la narrativa sigue siendo distinta.
Amenazas ignoradas: la posición cuestionable de la UNP
Mientras tanto, la Unidad Nacional de Protección sostiene que las amenazas de los cabecillas desde prisión no representan un peligro. Nada más alejado de la realidad: Noticias La Voz Realities denunció ante la Fiscalía General de la Nación las intimidaciones contra este medio y otros periodistas del Atlántico. A pesar de las pruebas y del aumento de agresiones, la institucionalidad sigue mirando para otro lado. ¿De qué sirve hablar de paz cuando la prensa y líderes sociales siguen en la mira de los mismos cabecillas?
El espejismo del acuerdo de paz
Como señalamos en un editorial anterior, el discurso de la paz urbana funciona como cortina de humo. Se anuncia un cese de hostilidades, pero en las calles la violencia continúa, cobrando la vida de comerciantes, docentes, periodistas y líderes sociales. El Atlántico no necesita acuerdos maquillados, sino garantías reales de seguridad y justicia.
Petro y la paz total: ¿consenso o concesión?
El presidente Gustavo Petro respalda estos diálogos bajo el paraguas de su política de “paz total”. Pero, en la práctica, la orden presidencial parece más un consenso para reducir la alarma pública que una estrategia para proteger a la ciudadanía. Minimizar los riesgos desde el discurso político puede calmar titulares, pero no detiene las balaceras ni las extorsiones que cada día padecen los atlanticenses.
Un riesgo disfrazado de oportunidad
Los anuncios oficiales buscan mostrar voluntad de diálogo, pero la realidad en el Atlántico es otra: los cabecillas siguen operando desde prisión, los homicidios no cesan y las extorsiones se disparan. Si el Estado insiste en tratar con eufemismos a quienes controlan territorios y vidas, lo que se genera no es paz, sino un riesgo mayor de impunidad y fortalecimiento criminal.
El diálogo no puede ser una excusa para normalizar la violencia ni para reducirla a cifras de prensa. El Atlántico necesita un compromiso real, transparente y con garantías para la población civil, no acuerdos que solo sirven para lavar la cara de los gobernantes.
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