Una reunión “selectiva” con influenciadores reabre el debate sobre la libertad de prensa, el acceso equitativo a información pública y el respeto a estándares de la CIDH
El 4 de agosto, la Casa de Nariño convocó a un grupo de influenciadores digitales y, en sus propias publicaciones oficiales, los presentó como “medios alternativos”. La reunión incluyó —según se informó— apoyos logísticos y de transporte para facilitar coberturas de eventos gubernamentales. Lo que para el Gobierno fue una señal de apertura terminó exhibiendo un contraste incómodo: mientras un segmento de creadores de contenido accedía a la agenda presidencial, otros medios alternativos e independientes —que llevan años cubriendo lo público— quedaron por fuera, con solicitudes de diálogo sin respuesta y, en algunos casos, con barreras de seguridad sin resolver que limitan su trabajo en terreno.
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El derecho a preguntar no es un privilegio
La libertad de expresión y el derecho a informar no dependen del tamaño de la audiencia, del modelo de negocio ni del sello editorial. El artículo 20 de la Constitución protege a toda persona para “informar y recibir información veraz e imparcial”, y el artículo 74 garantiza el acceso a documentos públicos.
La Ley 1755 de 2015 obliga a dar trámite oportuno y de fondo a las peticiones (incluidas solicitudes de reunión y garantías para ejercer periodismo), y la Ley 1712 de 2014 exige transparencia activa y pasiva: no basta con publicar; hay que asegurar acceso sin discriminación. Cuando el Estado habilita cupos, traslados y espacios de alto valor informativo solo para un grupo escogido, crea, de facto, un carril rápido para unos y un embudo para otros.
Estándares interamericanos: pluralismo y no discriminación
La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH (Relatoría Especial) es clara:
- El Estado debe promover el pluralismo y la diversidad de voces;
- Evitar discriminaciones directas o indirectas en el acceso a información pública;
- No usar herramientas administrativas, de pauta, de acreditación o de logística para favorecer o castigar líneas editoriales.
Trasladado al caso: si se financian traslados, se reparten acreditaciones y se abren puertas para unos, deben existir reglas generales, públicas y no arbitrarias para todos los medios (grandes, locales, comunitarios, nativos digitales o de nicho). Llamar “medios alternativos” a un conjunto de influenciadores no reemplaza la obligación de garantizar igualdad material de acceso al escrutinio y la información.
La paradoja de la “apertura”
El Gobierno se presenta como aliado de la comunicación popular, pero la práctica revelada por este episodio sugiere curadurías informales: visibilidad y logística para quienes encajan en la foto, y silencio administrativo ante quienes piden garantías para trabajar —incluida la resolución de riesgos de seguridad que impiden cubrir regiones enteras—. Esa paradoja erosiona la confianza y alimenta una brecha informativa que golpea justo a las audiencias más vulnerables: las que solo alcanzan la conversación pública a través de medios comunitarios y alternativos.
Lo que el Gobierno debería corregir de inmediato
- Criterios públicos de acceso y apoyos: reglas claras, publicadas, con convocatorias abiertas y puntajes verificables para asignar cupos, traslados y acreditaciones.
- Mesas de garantía para medios alternativos: con cronograma, actas y compromisos medibles (seguridad, movilidad, respuestas oficiales, acceso a agenda).
- Transparencia reforzada: publicación de listados de asistentes, costos, procedimientos de selección y criterios técnicos de las invitaciones.
- Canal único y trazable de peticiones: respuesta de fondo y en plazo legal a solicitudes de reunión y de protección; justificación escrita cuando se niegue.
- Enfoque de riesgo y seguridad: coordinación inmediata con autoridades competentes para que periodistas y comunicadores no queden autoexiliados de sus coberturas por falta de garantías.
Un llamado necesario
El pluralismo no se declama: se organiza. Si el Gobierno quiere honrar la promesa de una comunicación democrática, debe abandonar las listas a dedo y sustituirlas por reglas públicas, previsibles y auditables. La libertad de prensa se mide en cómo trata el Estado a las voces que lo incomodan. Y hoy, la señal que queda es que hay asientos preferenciales en la sala de prensa del poder.
Reconocer a los influenciadores no está mal; excluir, sí. Colombia necesita un ecosistema informativo abierto y competitivo, donde la Casa de Nariño sea la primera en cumplir los estándares constitucionales y de la CIDH. La credibilidad institucional se juega en estos detalles: sin igualdad de acceso, no hay libertad de expresión plena; sin garantías, no hay periodismo posible.
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