El exmandatario estadounidense ha ordenado preparativos militares para atacar cárteles en países latinoamericanos sin autorización, lo que genera alarma diplomática y cuestionamientos legales
El gobierno de Donald Trump ha dado un giro radical en su lucha contra el narcotráfico, autorizando al Pentágono a preparar opciones militares contra cárteles latinoamericanos, incluidos en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras.
Entre las acciones contempladas se encuentran ataques con drones, misiles navales y despliegue de fuerzas especiales, con el fin de desmantelar redes de narcotráfico como el Cártel de Sinaloa, Tren de Aragua y MS-13.
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Rechazo firme desde México y Colombia
El gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, rechazó rotundamente cualquier intervención militar extranjera en su territorio, defendiendo la plena soberanía del país
En Colombia, el presidente Gustavo Petro llamó a la región a defender su autonomía frente a posibles operaciones militares unilaterales, reafirmando que toda colaboración contra el narcotráfico debe ser consensuada entre naciones.
Posible impacto regional y estrategias alternativas
Aunque la medida busca responder al aumento del tráfico de fentanilo y opioides, expertos advierten que una respuesta exclusivamente militar podría:
- Generar tensión diplomática e inestabilidad regional.
- Violentar marcos legales como la Carta de las Naciones Unidas y la ley doméstica estadounidense (Posse Comitatus).
- Ser inefectiva ante cárteles fragmentados y adaptativos.
¿Lucha contra el narco o amenaza geopolítica?
La escalada de Trump reconfigura cómo EE.UU. concibe el narcotráfico: ya no es solo un problema criminal, sino una amenaza comparable al terrorismo. Con ello, los derechos soberanos de países vecinos quedan en riesgo, y se impulsa un enfoque de seguridad militarizado lejos de la diplomacia tradicional.
La región enfrenta ahora un dilema: mantener la cooperación internacional o resguardar su autonomía frente a una potencia que criminaliza territorios sin consulta previa. Más allá de la eficacia operativa, está en juego la legitimidad de las relaciones intercontinentales y el respeto al derecho internacional.
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