Detrás de está sanción esta el expresidente Iván Duque Márquez y alguno de los exministros de Defensa o todos los que ocuparon el cargo ¿Debería ser sancionados?
La reciente sanción de la Procuraduría General de la Nación a nueve militares activos por perfilamientos ilegales contra defensores de derechos humanos marca un punto de inflexión en la lucha por la transparencia y la rendición de cuentas dentro de las Fuerzas Armadas colombianas. Militares sancionados debería abrir una investigación a los actores políticos detrás de estos delitos.
Lo que está en juego aquí no es solo la responsabilidad de algunos oficiales, sino la legitimidad misma del aparato de inteligencia estatal y su relación con la sociedad civil. Lo que revela la Procuraduría no es un hecho aislado ni una “manzana podrida”, sino una práctica sistemática y orquestada desde el corazón del Ejército, bajo el silencio o la complicidad del alto mando y el gobierno de turno. En este caso, bajo la administración de Iván Duque y la comandancia del general Nicacio Martínez.
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Un uso pervertido de la inteligencia
La Ley 1621 de 2013 establece límites claros para las actividades de inteligencia. Estas herramientas existen para proteger la soberanía nacional, no para espiar a periodistas, sindicalistas o abogados de derechos humanos. Al actuar sin orden judicial, sin justificación legal y de manera encubierta, los oficiales sancionados traspasaron la línea entre defensa nacional y persecución política.
El uso de “órdenes verbales” y el rastreo sin documentación escrita es una táctica clásica del encubrimiento. Evitar registros es, en sí mismo, una alerta roja que revela la conciencia de ilegalidad por parte de los responsables.
La justicia como validación de la denuncia social
Durante años, colectivos como Cajar y organizaciones de víctimas han denunciado que el Estado ha usado su poder para intimidar y vigilar a quienes lo cuestionan, especialmente en temas tan sensibles como las ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”.
Este fallo valida esas denuncias desde una institución del propio Estado, y envía un mensaje claro: los servicios de inteligencia no son instrumentos personales del gobierno de turno, ni armas contra la disidencia política.
La importancia de la sanción… y sus límites
Si bien la sanción disciplinaria impuesta por la Procuraduría es significativa, el castigo no equivale a justicia penal. La gravedad de los hechos—perfilamientos ilegales, persecución sistemática, abuso de poder—exige que la Fiscalía avance en investigaciones de carácter penal, pues aquí podrían estar comprometidos delitos contra la libertad personal, la intimidad, y hasta asociación para delinquir e incluso, la Libertad de expresión.
Además, queda la duda sobre el grado de conocimiento o participación de los altos mandos y del entonces presidente. Hasta ahora, no hay responsables políticos investigados ni juzgados.
Un llamado a la vigilancia democrática
Este caso subraya la necesidad urgente de establecer controles más estrictos, civiles y judiciales, sobre las actividades de inteligencia en Colombia. Una democracia real no puede tolerar que quienes defienden los derechos humanos sean tratados como enemigos internos.
Como bien lo señala Yessika Hoyos, directora de CAJAR: sin vigilancia sobre el poder armado, no hay garantías de no repetición, ni tampoco futuro democrático.
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