El erario que le pertenecen a las víctimas, viven enlazados en la administración y lo liquidan mal. Presuntamente se reparten «para la gaseosa» mientras que niños, ancianos que llegan desplazados, ni para eso le alcanza. En barranquilla, deberá responder Marinela Figueredo Calderon y la secretaria de gestión social
Al parecer, conseguir una gran bicoca a costilla del sufrimiento de los desplazados, personas que se vieron obligados a cambiar su entorno por la guerra interna, es todo un placer para los entes territoriales. En Barranquilla, tenemos el caso más evidente. Funcionarios pueden ser llamados «el cartel de la revictimización», encontrados en la alcaldía ¿La unidad de víctima arropa este gran robo?
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Así se descubrió el cartel que revictimiza a los desplazados por la violencia
En pasados artículos manifestamos las irregularidades en la liquidación de las ayudas humanitarias. En el caso particular del distrito de Barranquilla la encargada y denominada enlace entre el distrito y la unidad de víctimas es Marinela Figueredo Calderon, podríamos considerarla la reina de este cartel de la revictimización.
Información que se escucha en los pasillos de Ministerio Público por parte de otras víctimas, hablan de la ama y señora del egocéntrismo. Toda una victimizante a mano limpia, una vez paga las malas liquidaciones de las ayudas humanitarias, se lava las manos y abandona a los desplazados que seguramente le genera ingresos extras.
¿Quién es la reina del cartel y por qué recibe extras a costillas de víctimas tratados cómo cautivos?
Marinela Figueredo tiene aproximadamente 10 años trabajando en la alcaldía de Barranquilla. Una víctima del conflicto que olvidó sus sufrimientos y se transforma en la dama de robos evidenciados por la resolución 00097 de noviembre de 2022.
Por ejemplo, en la liquidación presentada en la nota publicada por Abel Marrugo, director del periódico, se evidencia una cucaña de 4 millones de pesos, si sumamos las miles de víctimas que han pasado por sus manos, tenemos una bolsa millonaria a costilla de los sufridos por la violencia.
Con ella caminan otros funcionarios indolentes de las situaciones con desplazados, entre ellos Bianey Mercado Montalvo, trabajadora social del centro regional de la atención a víctima – no precisamente un enlace de trabajo social, realmente un enlace entre la sinvergüenzura y los desplazados- su participación es la de recibir la firma de las ayudas humanitarias.
Para Marianela Figueredo Calderon, a quien la alcaldía o la unidad de víctima arropa desde hace tiempo, permitiéndole la revictimización hacia los desplazados, ha manifestado en reiteradas ocasiones que, la alcaldía maneja su propia tabla. Es decir, con su propias leyes inexistentes y violando la ley 1448 de 2011.
¿Y ahora, quién podrá defendernos del operador de la muerte?
Entre la historia del Chapulín Colorado y las desesperanzas que genera la funcionaría Marinela Figueredo existe polos opuestos. Mientras el comediante era tonto por naturaleza, la representante de la secretaria de Gestión Social le ha venido viendo la cara a los desplazados. Su modus operandi parte de un supuesto operador contratado con el nombre de Fundación 2030 cuya identificación no coincide en su código de verificación entregado en las facturación y se encuentra en el Cesar.
La situación manifestada por ella misma, se conoce por lo que ha vividó el equipo de trabajo del Periódico El popular desde el viernes 10 marzo (Ver: La dignidad en Barranquilla… ¿Será que se mendiga? (II) Crónica de una revictimización) donde nos enteramos que el operador es quien recibe por licitación de las ayudas humanitarias y alojamientos.
Sin embargo, al recibir la ayuda humanitaria no se tiene derecho a tener copia de la constancia del dinero recibido, en nuestro caso el acceso a este se dio gracias al apoyo del Ministerio Público y representante de la personería en el momento de extender el recibimiento de este el día 13 de marzo en un subcomité de seguridad.
El revelador del operador de la muerte
El operador que legaliza la facturación de las entregas de las ayudas humanitarias se dio a conocer justamente ese mismo día con acceso al documento.
Realizamos las respectivas investigaciones donde encontramos que, su lugar de funcionalidad es ubicada en la ciudad del Cesar y con representación legal presuntamente de Ibarra Maury Juan Rene, donde lo más extraño es la no entrega de un documento que por ley de transparencia deben dar copias a los beneficiarios y al no hacerlo dejaría sospechas en la credibilidad del proceso.
De llegar a estas conclusiones, la unidad de víctima arropa al operador en manos de Marinela Figueredo Calderon y presuntamente es ella quien administra los fondos del «cartel de la revictimización». A pesar de ello, una vez los desplazados quedan sin recursos por la mala liquidación de las ayudas humanitarias, se lava las manos cuando las víctimas quedan desprotegidas a raíz de esta situación. Para ella, cada víctima por desplazamiento huele a formol (esto es, por su comportamiento indolente).
Mientras nuestras investigaciones avanzan, es necesario que los entes de control investiguen a estos funcionarios. Son recursos del estado que podrían estar cayendo en manos de víctimas revictimizadoras u operadores que asociados a ellos, se lucran prestándose para un presunto deterioro patrimonial, quizás el más grande que vamos a ir revelando día tras días, ya que son decenas de víctimas que en un día se desplazan a un distrito que pide a gritos cambios en el principio de seguridad.
Primeras conclusiones
La alcaldía de Barranquilla tiene la obligación de garantizar el derecho a la vida y la libertad de expresión, son ellos los responsables de atender de manera justa y digna la atención a víctima y evitar el retroceso que genera revictimización por parte sus funcionarios, tal y como sucede en la secretaria de gestión social, que de no atender las quejas presentadas, se asumirá como cómplice de violación a derechos humanos.
Es posible que, el Plan de Acción Territorial (PAC) tenga inconsistencia al no vincular como se debe la ley 1448 de 2011 violando los acuerdos de justicia transicional con unos indicadores que no incluyan a las víctimas del conflicto armado por priorizar intereses particulares.
Sobre el operador, se debe revaluar la situación, ya que al no tener recursos suficientes que garanticen los derechos de los desplazados, no cumple con las condiciones impuestas en el decreto 111 de 1996 (estatuto orgánico presupuestal). Es decir, no tiene músculo financiero para atender las ayudas humanitarias. Por lo tanto, el Ministerio Público nunca tendrá respuesta ante el plan de contingencia de la ley 1448.
Claramente, apostar a la conjetura que dijimos de «la unidad de víctimas arropa al cartel de la revictimización» pueda ser un acierto. Pero, perder en en ese acierto es mucho peor, pues el ente territorial (Distrito de Barranquilla) estarían en una claro y posible caso de detrimento patrimonial, al final son ellos quienes contactan a un operador que no había sido mencionado y son quienes hacen uso de los recursos. Entonces ¿La unidad de víctima arropa al cartel?
Tomado de: Periódico El Popular
