El proyecto de ley busca garantizar el acceso equitativo al Internet fijo, estableciendo tarifas especiales para los hogares más vulnerables y un esquema solidario donde quienes más tienen aporten a quienes más lo necesitan
El ministro TIC, Julián Molina, radicó en el Congreso el proyecto de ley “Internet Solidario”, con el objetivo de desarrollar el derecho fundamental al acceso a Internet y convertirlo en un servicio público domiciliario. La iniciativa parte de un principio claro: el Internet no debe ser un lujo, sino un prerrequisito para la inclusión social, educativa, económica y cultural de todos los colombianos.
Actualmente, los hogares de estratos bajos destinan hasta el 30 % de sus ingresos para pagar Internet, mientras que en los estratos más altos ese gasto apenas representa el 0,5 %. Esta desigualdad, según el Ministerio TIC, perpetúa la llamada pobreza digital, que afecta al 22 % de la población.
Un modelo de solidaridad digital
El corazón de la propuesta es un esquema de redistribución solidaria:
- Estratos 5 y 6, además de grandes empresas comerciales e industriales, deberán pagar un 30 % adicional en su factura de Internet fijo.
- Ese recaudo permitirá subsidiar a los hogares de estrato 1 registrados en el Sisbén A, quienes podrán acceder a un plan especial cercano a los $35.000 mensuales.
- Además, los beneficiarios podrán recibir un subsidio de hasta el 55 % de su factura, garantizando así que el servicio sea asequible y sostenible.
La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y el Ministerio TIC definirán los criterios técnicos y económicos para estos planes, buscando que sean viables para los operadores y justos para los usuarios.
Justicia social digital
El proyecto también refuerza las funciones del Ministerio TIC en materia de inspección, vigilancia y control (IVC), con el fin de exigir a los operadores mejores planes y evitar prácticas que perpetúen la desigualdad en el acceso.
El ministro Julián Molina fue enfático:
El acceso a Internet no debe ser un lujo, sino un derecho fundamental. Con esta ley construiremos un pacto social digital donde la solidaridad entre estratos cierre la brecha digital y asegure igualdad de oportunidades
¿Un modelo sostenible?
El Internet Solidario marca un giro en la política digital del país. Su lógica es comparable a los subsidios cruzados que existen en servicios básicos como la energía o el agua, pero trasladados al mundo digital.
Los puntos fuertes del proyecto son claros: democratiza el acceso, pone en práctica la justicia social digital y reconoce el Internet como un derecho que atraviesa la educación, la productividad y la vida diaria.
No obstante, surgen interrogantes:
- ¿Cómo garantizar que los operadores mantengan calidad en el servicio mientras cumplen con tarifas diferenciadas?
- ¿Qué tan sostenible será el esquema de subsidios si la demanda aumenta más rápido que la capacidad de financiación?
- ¿Cómo evitar que este modelo sea usado políticamente y se diluya en el tiempo, como ha pasado con otros programas sociales?
En todo caso, el proyecto abre un debate impostergable: en el siglo XXI, la conectividad no es un privilegio, es un derecho, y la desigualdad digital es tan grave como la pobreza en educación o salud.
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