El Ministerio del Trabajo ordena el cierre inmediato de tres buques de Van Camp’s en Cartagena por violaciones graves a los derechos laborales y presuntos indicios de trata de personas
En un operativo sorpresa encabezado por el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, y la viceministra (e) Sandra Muñoz, el Gobierno Nacional ordenó el cierre inmediato y preventivo de tres buques atuneros pertenecientes a Seatech International Inc. – Van Camp’s, tras descubrir graves irregularidades laborales y posibles delitos relacionados con trata de personas.
La medida, de carácter administrativo y temporal por diez días, fue ejecutada en Cartagena luego de una inspección sin previo aviso a los barcos Sandra C, Amanda S y Nascar, atracados en el kilómetro 8 de Mamonal. Allí, los inspectores constataron que ninguno de los más de 60 trabajadores tenía contrato laboral, afiliación a seguridad social ni cobertura en riesgos laborales.
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Irregularidades graves y presuntos delitos
Según explicó el ministro Sanguino, la decisión responde a una situación alarmante: “Encontramos que la totalidad de los trabajadores carecía de vínculo laboral formal. Además, existen antecedentes de incendios y graves fallas de seguridad industrial.”
Pero el hallazgo más delicado surgió durante la propia inspección: los funcionarios reportaron la desaparición temporal de varios trabajadores, que al parecer fueron escondidos o retenidos por personal de seguridad de la empresa.
“Cuando pedimos hablar con ellos, los encargados nos daban evasivas. Después supimos que estaban confinados en una bodega”, agregó el ministro, quien también reveló que algunos de los empleados no contaban con pasaporte ni documentos en regla, lo que abre una línea de investigación por posible violación a normas migratorias y de trata laboral.
La Reforma Laboral en acción: “Los derechos no son negociables”
El cierre marca un precedente en la implementación de la Reforma Laboral impulsada por el gobierno, y envía un mensaje contundente a los empresarios del país.
“Los buques con bandera colombiana deben cumplir las leyes colombianas. En este país, los derechos y la dignidad de los trabajadores se respetan.” subrayó Sanguino, quien además solicitó a la Dirección Marítima (Dimar) garantizar el cumplimiento estricto de la medida.
La viceministra (e) Sandra Muñoz respaldó la decisión:
Se trata de una acción administrativa ante riesgos inminentes para la salud, el bienestar y la vida de los trabajadores. No se puede permitir que el trabajo en el mar se convierta en una forma moderna de esclavitud
Un mensaje de fondo para la economía marítima y el empresariado
El operativo contra los buques de Van Camp’s no es solo una sanción puntual: es una señal política clara. El Estado colombiano, a través del Ministerio del Trabajo, está fortaleciendo su capacidad de control y fiscalización en sectores históricamente opacos como la pesca industrial y la economía marítima.
El mensaje es inequívoco: la productividad no puede edificarse sobre la precariedad ni el silencio de los trabajadores. La acción también pone a prueba la efectividad de la Reforma Laboral, que busca erradicar la tercerización abusiva y garantizar condiciones dignas en todos los frentes productivos.
El caso, además, podría convertirse en un referente judicial y ético sobre el tratamiento laboral en las empresas multinacionales que operan en Colombia.
Mientras se reabre la investigación y se determina la responsabilidad penal o administrativa de los involucrados, el cierre de los tres buques deja en claro una premisa: ningún negocio, por rentable que sea, puede navegar por encima de la ley.
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