Un giro en la política de combustibles busca proteger el transporte público, la economía popular y la sostenibilidad fiscal. El Decreto 1428 de 2025 marca un punto de quiebre en la política de subsidios al diésel, al excluir a los vehículos particulares y priorizar el interés colectivo
El Gobierno Nacional dio un paso decisivo en la reconfiguración de la política de subsidios a los combustibles con la expedición del Decreto 1428 de 2025, una norma que introduce un mecanismo diferencial en el precio del diésel (ACPM) para vehículos de servicio particular, diplomático y oficial, dejando explícitamente por fuera al transporte público de carga y pasajeros.
La medida, anunciada desde Bogotá el pasado 7 de enero de 2026, busca corregir una distorsión histórica: durante años, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) terminó subsidiando el consumo de diésel de sectores que no cumplen una función social esencial, generando un alto costo fiscal y desviando recursos que podrían destinarse a inversión social.
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El fondo del problema: subsidios mal focalizados
De acuerdo con el diagnóstico del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas y Energía, el FEPC, creado para amortiguar la volatilidad internacional de los precios, terminó funcionando como un subsidio implícito generalizado, incluso para vehículos particulares. Esta situación profundizó el déficit fiscal del fondo y comprometió la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Con el nuevo decreto, el precio del diésel para vehículos particulares se acerca a su valor real de mercado, mientras que el transporte público queda protegido de cualquier impacto, evitando efectos en cadena sobre el precio de los alimentos, el transporte y el costo de vida de los hogares colombianos.
Protección al transporte público y a la economía popular
El Gobierno fue enfático en señalar que no se trata de un aumento generalizado del combustible. Por el contrario, el transporte público de pasajeros y de carga —responsable de la movilidad de personas y mercancías en el país— queda excluido del mecanismo diferencial, preservando su papel estratégico en la economía nacional.
“El subsidio a los combustibles debe estar donde cumple una función social. Proteger al transporte público es proteger el empleo, la producción y el bolsillo de millones de familias”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.
La implementación será gradual y focalizada, iniciando en las principales ciudades y áreas metropolitanas, lo que permitirá al Gobierno evaluar el impacto real de la medida antes de extenderla a otros municipios.
Equidad fiscal y señales económicas claras
Más allá del debate coyuntural, el Decreto 1428 introduce una discusión de fondo sobre equidad, progresividad y eficiencia del gasto público. Subsidiar el consumo de combustibles fósiles de vehículos particulares no solo resulta regresivo, sino que contradice los principios de justicia distributiva y racionalidad económica.
Al focalizar el subsidio en los sectores que cumplen una función social —transporte público y de carga— el Estado envía una señal clara: los recursos públicos no son infinitos y deben destinarse a proteger el bienestar colectivo, no privilegios individuales.
En un contexto de restricciones fiscales y presión sobre el presupuesto nacional, esta decisión se perfila como un ajuste estructural necesario, que, aunque impopular para algunos sectores, apunta a una política energética más coherente, sostenible y alineada con las necesidades reales del país.
Para Noticias La Voz Realities, este decreto no es solo una medida técnica: es una definición política sobre quién debe ser protegido por el Estado y cómo se distribuyen los costos de mantener la estabilidad económica en Colombia.
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