La estrategia prioriza departamentos de frontera y regiones con alta presión migratoria, en el marco del inicio del año escolar 2026, como parte del compromiso del Gobierno del Cambio con la educación como derecho fundamental
El Ministerio de Educación Nacional puso en marcha un plan de choque del sector educativo con el objetivo de garantizar el acceso, la permanencia y la continuidad en el sistema educativo de niñas, niños y jóvenes migrantes venezolanos, así como de la población colombiana, en el contexto del inicio del año escolar 2026 en todo el territorio nacional.
Esta estrategia hace parte de las acciones prioritarias del Gobierno del Cambio para asegurar el derecho fundamental a la educación, con un enfoque diferencial en zonas de frontera y territorios históricamente afectados por la migración, la pobreza y la conflictividad, donde el sistema educativo enfrenta mayores desafíos estructurales.
Presencia institucional y fortalecimiento territorial
El plan contempla acompañamiento técnico permanente, mayor presencia institucional y un trabajo articulado con las entidades territoriales certificadas en educación, con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta del sistema educativo oficial frente al incremento de la demanda escolar.
En esta fase inicial, el Ministerio prioriza acciones en La Guajira, Arauca, Norte de Santander (con énfasis en la región del Catatumbo), Vichada y Cesar, departamentos donde se reforzará la atención integral a las comunidades educativas. De acuerdo con las proyecciones oficiales, el sistema educativo cuenta con capacidad institucional para absorber población adicional, garantizando cupos escolares en caso de ser requeridos.
Matrícula, permanencia y continuidad educativa
Entre las medidas del plan de choque se incluye la identificación y habilitación de cupos escolares, el acompañamiento a los procesos de matrícula y permanencia, así como el apoyo directo a las secretarías de educación para asegurar la continuidad del servicio educativo y prevenir la deserción escolar.
De manera paralela, el Ministerio realiza un seguimiento permanente al inicio del año escolar 2026, brindando asistencia técnica a directivos docentes y autoridades locales, y promoviendo la articulación interinstitucional para mitigar riesgos asociados a la movilidad humana, la pobreza y el conflicto armado.
Educación superior como eje de inclusión y arraigo
En las zonas de frontera, el Ministerio fortalece el acceso a la educación superior mediante el Programa de Tránsito Inmediato a la Educación Superior (PTIES), dirigido a estudiantes de grados décimo y undécimo. Esta estrategia promueve la nivelación de competencias en matemáticas y lenguaje, la orientación socioemocional y la inmersión temprana en la vida universitaria, con participación activa de las familias y comunidades.
Durante 2026, el PTIES se implementará en Uribia y Dibulla (La Guajira); El Tarra, Convención y Tibú (Catatumbo); y Chimichagua (Cesar), beneficiando a cerca de mil jóvenes de educación media.
Las cifras evidencian la relación directa entre presencia institucional, oferta académica y matrícula. La Guajira cuenta con 13 Instituciones de Educación Superior (IES) oficiales y 154 programas académicos, seguida por Cesar con 11 IES y 130 programas. En contraste, departamentos como Arauca y Vichada registran una oferta limitada y bajas tasas de matrícula, lo que refleja los retos históricos de cobertura educativa en estos territorios.
Educación superior en el territorio
De forma complementaria, el Ministerio implementa la estrategia Educación Superior en tu colegio, que permitirá a jóvenes de zonas rurales y municipios priorizados acceder a educación superior pública sin abandonar su territorio. Para el primer periodo de 2026, se ofertarán más de 6.200 cupos en 82 colegios de 47 municipios de los departamentos priorizados, con al menos 100 programas técnicos, tecnológicos y universitarios, en alianza con 16 instituciones públicas de educación superior.
La educación como política de protección y cohesión social
La activación de este plan de choque educativo representa una respuesta estructural del Estado colombiano a uno de los fenómenos sociales más complejos de la última década: la migración forzada y la desigualdad territorial. Más allá de garantizar cupos escolares, la estrategia reafirma la educación como herramienta de protección de derechos, prevención de violencias y construcción de tejido social.
Para Noticias La Voz Realities, este esfuerzo del Gobierno del Cambio consolida una visión de país que entiende la educación no solo como un servicio, sino como una política de inclusión, arraigo territorial y dignidad humana, especialmente en regiones históricamente marginadas. Invertir en educación para población migrante y comunidades de frontera no es una concesión, sino una apuesta estratégica por la estabilidad, la convivencia y el futuro del país.
