Paola D’Haro fue la única en votar contra el concepto favorable al proyecto de ley de sometimiento

La representante a la Cámara Paola Andrea Quiñones D’Haro fue la única integrante del Consejo Superior de Política Criminal que votó en contra del concepto favorable al proyecto de ley de sometimiento promovido por el Gobierno nacional. La decisión, adoptada por 14 votos a favor y uno en contra, estuvo acompañada de cuestionamientos sobre la seguridad jurídica de la propuesta y sus posibles efectos sobre los derechos de las víctimas.

La congresista del Pacto Histórico por el Valle del Cauca advirtió que la necesidad de mantener herramientas para enfrentar a los grupos armados no justifica, por sí sola, aprobar una iniciativa que, según sus reparos, presenta vacíos legales y requiere mayores garantías institucionales.

D’Haro cuestiona los vacíos jurídicos del proyecto

Uno de los principales cuestionamientos de la representante apunta a la intención de prorrogar la Ley 418 de 1997 e introducir, al mismo tiempo, un nuevo modelo de sometimiento. A su juicio, esta combinación plantea dificultades jurídicas que deben examinarse antes de avanzar con la iniciativa.

Entre sus observaciones, señaló posibles contradicciones con el artículo 68A del Código Penal y cuestionó la suficiencia de las garantías para asegurar la verdad verificable y la participación efectiva de las víctimas durante los procesos.

También expresó preocupación por los beneficios penales que podrían recibir responsables de delitos graves, entre ellos terrorismo, concierto para delinquir y reclutamiento de menores.

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Víctimas, control judicial y transparencia en el centro del debate

La congresista también puso el foco en las decisiones que, quedarían reservadas a la ley en manos del Gobierno, así como en disposiciones de contratación que no tendrían suficiente publicidad ni competencia.

Estos aspectos, sostuvo, exigen mayor rigor jurídico y control institucional. La discusión no se limita a la posibilidad de facilitar el sometimiento de integrantes de grupos armados, sino que también involucra las condiciones bajo las cuales se aplicarían los beneficios y las garantías para quienes han sufrido los efectos de la violencia.

Para D’Haro, cualquier mecanismo de sometimiento debe establecer reglas claras, controles judiciales y garantías efectivas para las víctimas, de manera que la búsqueda de salidas al conflicto no termine debilitando sus derechos.

Propone separar la prórroga de la Ley 418 del nuevo modelo

Como alternativa, la representante planteó archivar la iniciativa o tramitar por separado la prórroga de la Ley 418 de 1997 y el nuevo modelo de sometimiento. La segunda opción permitiría, según su propuesta, discutir el mecanismo de manera independiente y examinar con mayor detalle sus garantías jurídicas.

D’Haro reiteró su compromiso con el Pacto Histórico y con la construcción de paz en Colombia, pero insistió en que los instrumentos dirigidos a facilitar el sometimiento de grupos armados deben contar con bases jurídicas sólidas, control judicial y respeto por los derechos de las víctimas.

Su voto en contra dejó planteado un interrogante central para el debate público: ¿Cómo avanzar en mecanismos de sometimiento sin abrir vacíos legales ni poner en riesgo los derechos de quienes han sufrido la violencia?

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