¿Puede Colombia transformar la economía ilegal del cannabis en un mercado regulado bajo vigilancia del Estado? Esa es una de las preguntas que estará en el centro de la audiencia pública convocada por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes para discutir el Proyecto de Acto Legislativo 017 de 2026.
La iniciativa busca modificar el artículo 49 de la Constitución Política para permitir la regulación del cannabis de uso adulto en el país. La propuesta plantea abrir el camino para que una actividad que actualmente opera en la clandestinidad pueda desarrollarse progresivamente dentro de un marco legal, con licencias, controles sanitarios, trazabilidad y supervisión estatal.
La representante a la Cámara por el Valle del Cauca, Paola Andrea Quiñones D’Haro, coordinadora ponente del proyecto, sostiene que el debate debe ir más allá del consumo y abordar quién controlaría esa actividad económica, cómo se protegería a la población y qué sectores podrían beneficiarse de una eventual regulación.
Puedes leer: Expo Agrofuturo 2026 abre sus puertas en Bogotá con más de 350 empresas y apuesta por transformar el campo
Salud pública y control estatal, en el centro de la discusión
La audiencia busca examinar las implicaciones de cambiar el enfoque frente al cannabis de uso adulto, con énfasis en la protección de niños, niñas y adolescentes, la prevención del consumo problemático y el control de la calidad y composición de los productos.
El proyecto contempla medidas de atención desde la salud pública y la reducción de riesgos y daños. También propone mecanismos de vigilancia para que la actividad regulada opere bajo condiciones definidas por el Estado.
“Esta audiencia no busca promover el consumo de cannabis. Busca debatir una pregunta de Estado: ¿seguimos dejando una actividad económica de uso adulto en la clandestinidad o diseñamos reglas que permitan proteger a la niñez, controlar la calidad, exigir responsabilidades y abrir oportunidades legales a comunidades que han vivido las consecuencias de la prohibición y la violencia?”, plantea D’Haro en su intervención
El debate pone sobre la mesa una discusión sobre las responsabilidades institucionales frente a una economía que, de acuerdo con el planteamiento de la iniciativa, podría pasar progresivamente a un esquema de regulación y control.
¿Qué oportunidades tendría la regulación para campesinos y pequeños cultivadores?
Uno de los componentes del proyecto es la participación de comunidades campesinas, étnicas y pequeños cultivadores, especialmente en territorios afectados por el conflicto armado y por la presencia de cultivos de uso ilícito.
La propuesta contempla disposiciones orientadas a facilitar su participación en las oportunidades económicas que podría generar un mercado regulado. El propósito planteado es que la discusión no se limite a las condiciones de producción y comercialización, sino que también examine quiénes podrían acceder a los beneficios de una eventual transformación del sector.
Este punto abre preguntas sobre las condiciones de acceso a licencias, los mecanismos de control, la participación de pequeños productores y las garantías para las comunidades que han vivido las consecuencias de la ilegalidad y la violencia.
Sin embargo, no detalla los mecanismos específicos mediante los cuales se distribuirían esas oportunidades ni las condiciones definitivas de participación. Estos aspectos se deberán precisarse en el desarrollo legislativo de la iniciativa.
Un proyecto en discusión, pero que buscar una construcción de paz
El Proyecto de Acto Legislativo 017 de 2026 se encuentra en etapa de debate y su objetivo es modificar el artículo 49 de la Constitución para permitir la regulación del cannabis de uso adulto.
La audiencia pública convocada por la Comisión Primera de la Cámara constituye un espacio para discutir el alcance de la propuesta y sus posibles efectos en materia de salud pública, control estatal, economía y participación territorial.
La discusión también plantea un interrogante sobre el modelo que adoptaría Colombia si avanza hacia la regulación: cómo establecer controles efectivos, prevenir el acceso de menores de edad, supervisar la calidad de los productos y crear condiciones para que las comunidades rurales puedan participar en el mercado legal.
El resultado dependerá del trámite legislativo, del contenido que finalmente se apruebe y de las reglas que lleguen a establecerse. Por ahora, la propuesta abre un debate político y constitucional sobre la forma en que el Estado podría abordar el cannabis de uso adulto y las actividades económicas vinculadas a su producción. Una iniciativa que que por lo anunciado por la representante Paola D’Haro, busca una construcción de paz en el país.
Realice su donación en Noticias La Voz Realities
Con tu aporte, apoyas el periodismo independiente y alternativo dando clic en el botón de BOLD:




