La Ley 2466 ya es oficial y promete mejores derechos para trabajadores, estudiantes y aprendices. Pero el reto será evitar que grandes empresarios busquen evadirla con despidos o tercerización irregular
Con la sanción de la Ley 2466, la reforma laboral impulsada por el presidente Gustavo Petro se convierte en una realidad legal que promete devolver derechos a millones de trabajadores colombianos y garantizar contratos y prestaciones a estudiantes y aprendices. Sin embargo, más allá de la celebración oficial, el éxito de la reforma dependerá de su implementación efectiva y de evitar posibles represalias o maniobras de grandes empresarios para evadir las nuevas obligaciones. Reforma laboral sancionada por el gobierno deberá ser vigilado su cumplimiento rigurosamente.
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Un riesgo latente: prácticas empresariales para eludir la ley
En la historia laboral de Colombia y América Latina, no son raros los escenarios en los que reformas progresistas han generado resistencia en algunos sectores empresariales. Prácticas como la tercerización irregular, la firma de contratos temporales para actividades permanentes o incluso despidos masivos para evitar cumplir con nuevas normas son estrategias que se han usado para esquivar avances en derechos laborales.
Ante este riesgo, el gobierno ha anunciado un plan de inspección y vigilancia fortalecido que incluye la contratación de nuevos inspectores de trabajo, así como el diseño de una estrategia pedagógica para informar a trabajadores y empleadores sobre los alcances de la nueva ley.
Inspección, protección y diálogo social: claves para evitar retrocesos
Para que la reforma no quede en letra muerta, será crucial que el Ministerio del Trabajo garantice un control efectivo, dotando a sus inspectores de independencia y capacidad real para sancionar a empresas que incumplan. A la par, se deben crear canales de denuncia anónima y programas de protección para trabajadores que informen violaciones, evitando represalias como acoso laboral o despidos injustificados.
Además, se necesita un diálogo social sólido entre gobierno, empresarios y sindicatos para aclarar dudas, acordar rutas de implementación y prevenir que algunos empleadores usen la reforma como argumento para recortar personal o congelar nuevas contrataciones.
En el caso de las pequeñas y medianas empresas (pymes), que son las principales generadoras de empleo en el país, será clave diseñar incentivos, acompañamiento técnico y programas de financiamiento que les permitan adaptarse sin verse forzadas a la informalidad o al cierre de operaciones.
Una oportunidad histórica que exige compromiso de todos
La reforma laboral sancionada coincide con un momento económico favorable, en el que Colombia presenta la tasa de desempleo más baja de la última década. Esto podría facilitar la adopción de los cambios, pero también exige responsabilidad colectiva para que la mayor protección laboral no derive en rigideces que limiten la creación de nuevos empleos formales, especialmente para jóvenes y mujeres, los grupos más afectados por la informalidad.
La Ley 2466 abre una oportunidad histórica para construir un mercado laboral más justo, pero su éxito no solo depende del gobierno: será indispensable la voluntad política sostenida, la capacidad de inspección y el compromiso del sector privado para traducir los derechos conquistados en mejores condiciones reales de vida para millones de colombianos.
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