El ente confirmó la veracidad de los hechos ocurridos durante el gobierno del expresidente Iván Duque Márquez en el año 2019 por parte de oficiales del ejercito Nacional
La Procuraduría General de la Nación sancionó disciplinariamente a diez oficiales activos del Ejército Nacional por hacer uso indebido de herramientas de inteligencia del Estado. Las víctimas fueron defensores de derechos humanos, periodistas, sindicalistas y políticos de oposición, incluidos el entonces senador Gustavo Bolívar y el líder sindical Humberto Correa Gómez.
Estos hechos ocurrieron en 2019, bajo el mando del general Nicacio Martínez y durante el gobierno del expresidente Iván Duque, según determinó la investigación del órgano de control.
Perfilamientos ilegales: un patrón sistemático
La Procuraduría ratificó que los militares ejecutaron actividades de inteligencia de forma deliberada, consciente y sin sustento legal, valiéndose incluso de órdenes verbales para evitar dejar evidencia documental. Esto representó una violación directa de la Ley 1621 de 2013, que regula las funciones de inteligencia en Colombia.
Los artículos 4 y 5 de dicha ley establecen que la inteligencia debe estar dirigida a proteger la soberanía nacional y los derechos humanos. Por tanto, su uso contra la sociedad civil constituye una extralimitación de funciones y un abuso de poder.
Represalias contra quienes denunciaban crímenes de Estado
De acuerdo con el fallo, los afectados eran principalmente integrantes de organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos que denunciaban las ejecuciones extrajudiciales de jóvenes presentados como “bajas” en combate. Esta persecución, que se inscribe en un patrón más amplio de criminalización de la protesta y la defensa de derechos, se llevó a cabo bajo el argumento de que se trataba de “fuentes libres y abiertas”, una excusa que no justifica la vulneración de derechos fundamentales.
Declaraciones desde el movimiento social
Yessika Hoyos, presidenta del Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar), una de las organizaciones afectadas, afirmó:
“Seguiremos insistiendo en el esclarecimiento total de estos hechos y en la garantía de no repetición. La vigilancia y la rendición de cuentas de las fuerzas militares deben ser una prioridad en cualquier sociedad que aspire a la justicia y al respeto de los derechos humanos.”
Sanciones a militares activos
La Procuraduría impuso suspensiones e inhabilidades sin derecho a salario, con periodos diferenciados según la gravedad y frecuencia de las faltas. Los sancionados son:
Brigadier general Gonzalo Ernesto Luna
Coroneles Milton Eugenio Rozo Delgado, Juan Esteban Zapata, Benjamín Andrés Ramírez Villalobos, Julio Tobías López Cuadros y Hugo Armando Hernández Mejía
Mayores Mauricio Quintero Arias y Eduardo de la Torre Díaz
Teniente Luis Carlos Perdomo
Una advertencia sobre el uso del poder estatal
Este fallo sienta un precedente importante sobre los límites del accionar militar en democracia y refuerza el llamado a que las Fuerzas Armadas actúen bajo vigilancia institucional, respetando los derechos civiles y las garantías constitucionales. La sanción también valida, desde un organismo del Estado, las denuncias sostenidas por organizaciones sociales dentro y fuera del país.
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Licenciado en comunicación Digital y Analista de prensa y comunicación de UTEL. Docente con 10 años de experiencia en educación. Apasionado a la historia, la ciencia y las tecnologías. He escritó para El Histonauta, Tech365science, Comunicar Noticias, Voxpopuli.digital, Soccer Adictos MX y Periódico El Popular. Como periodista siempre destacado en el área investigativa de análisis. Director de Noticias Voz Realities y defensor de DDHH
