La investigación de Noticias La Voz Realities sobre el manejo de los recursos del estímulo Atrapasueños del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en el Atlántico, revela nuevos hallazgos que van más allá de la falta de ejecución de los planes de inversión. ¿Dónde quedaron los recursos de Atrapasueños en el Atlántico?
En una primera entrega, este medio informó que tres organizaciones recibieron aproximadamente $120 millones en recursos del estímulo y no accedieron a un desembolso adicional cercano a los $30 millones, debido a que no ejecutaron el plan de inversión aprobado.
Ahora, los informes internos del ICBF Regional Atlántico, obtenidos mediante derecho de petición, registran presuntas irregularidades en las experiencias desarrolladas por la Fundación Proayudar, la Corporación Comunitaria Barrio Adentro y la Junta de Acción Comunal del barrio Los Almendros.
Los documentos describen inconsistencias en la realización de actividades, reutilización de fotografías, ausencia de soportes, dificultades para verificar la atención a los menores y posibles cobros por alimentación que, según los testimonios recogidos durante una visita institucional, no habría sido entregada.
Fundación Proayudar: 14 actividades aprobadas, pero los participantes reportaron que solo se realizaron dos
El caso más delicado corresponde a la Fundación Proayudar, responsable de la Experiencia 146. De acuerdo con el informe de cierre del 29 de agosto de 2025, firmado por la contratista del ICBF Mayckel Licelotte Haydar Castrillo, durante la visita de seguimiento los niños, niñas, adolescentes y padres de familia entrevistados coincidieron en señalar que únicamente se habían realizado dos actividades.
La cifra contrasta con las 14 actividades contempladas en el plan aprobado para la experiencia comunitaria.

El reporte también advierte que las fotografías entregadas como evidencia de distintas actividades correspondían a imágenes reutilizadas. A esto se sumaron dificultades para realizar la visita de seguimiento, pues el representante legal habría presentado resistencia reiterada al control institucional.
Otro hallazgo se relacionó con el lugar de ejecución: el sitio identificado durante la visita no coincidía con el reportado por la organización.
$13.150.000 por meriendas que los niños y sus familias aseguran no haber recibido
Uno de los puntos que exige mayor explicación es una cuenta de cobro presentada por la Fundación Proayudar por $13.150.000, correspondiente a conceptos de meriendas reforzadas y comidas.
Sin embargo, según los testimonios consignados en el informe del ICBF, los niños y sus padres manifestaron que no recibieron las meriendas anunciadas. Indicaron que la única alimentación proporcionada fue una olla de sopa preparada por las propias madres de familia.

La diferencia entre el gasto reportado y lo manifestado por los beneficiarios plantea interrogantes sobre el destino de esos recursos y la veracidad de los soportes presentados.

El informe también registra que la carpeta destinada a los consentimientos informados para el uso de imágenes de los menores estaba vacía. Además, no se encontraron listados de asistencia que permitieran contrastar adecuadamente los registros del aplicativo Cuéntame.
En materia de dotación, el reporte señala que las facturas de equipos musicales correspondían a implementos pertenecientes a una iglesia cristiana que los había prestado, situación que habría sido confirmada por el pastor.
Estos hallazgos requieren establecer si los bienes fueron efectivamente adquiridos con los recursos del estímulo y si los soportes presentados correspondían a operaciones reales.
Barrio Adentro: actividades sin suficiente evidencia y menores por fuera de la población autorizada
La segunda experiencia señalada en los documentos corresponde a la Corporación Comunitaria Barrio Adentro, identificada como Experiencia 104.
El informe registra que la organización no entregó registros fotográficos de las 14 actividades previstas y dejó pendientes 11 consentimientos informados para el uso de imágenes de los participantes.

También se identificó que únicamente el 64,29 % de los niños estaba registrado en el sistema oficial. El documento advierte, además, la atención de menores de seis años, pese a que esta población estaba expresamente excluida de los criterios del estímulo.

Estas observaciones ponen en cuestión la posibilidad de verificar integralmente la cobertura, la participación y el cumplimiento de las condiciones establecidas para recibir los recursos.
JAC Los Almendros: faltaron soportes laborales y financieros
La tercera organización mencionada es la Junta de Acción Comunal del barrio Los Almendros, responsable de la Experiencia 134. En este caso, los documentos del ICBF registran la ausencia de varios soportes que debían respaldar la ejecución de la experiencia.
Entre ellos se encuentran extractos bancarios, afiliaciones a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) del personal vinculado, póliza de accidentes para los niños y soportes de los pagos realizados al talento humano.

La falta de esta documentación dificulta comprobar aspectos fundamentales de la ejecución financiera, las obligaciones laborales y las condiciones de protección de los menores participantes.
El ICBF realizó requerimientos, pero persistieron las inconsistencias
Los informes también describen diferentes gestiones de seguimiento por parte del ICBF. Según los documentos, la entidad realizó requerimientos a las organizaciones mediante correos electrónicos, llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp.
Sin embargo, en los tres casos persistieron dificultades para obtener la información y los soportes solicitados. Los reportes mencionan silencios, falta de respuesta o resistencia frente a las actuaciones de seguimiento.
La situación plantea preguntas sobre los mecanismos de supervisión, la verificación de los gastos y los controles aplicados antes de autorizar nuevos desembolsos.
Puedes leer la primera parte de la investigación aquí: Tres organizaciones recibieron $120 millones del ICBF y no recibieron $30 millones de Mochila Atrapasueños por no ejecutar plan de inversión (I)
¿Recursos destinados a los derechos de la niñez durante el gobierno Petro fueron mal gastados?
Los recursos del estímulo Atrapasueños tenían como propósito respaldar experiencias comunitarias dirigidas a niños, niñas y adolescentes, mediante actividades artísticas y culturales, complementación alimentaria y acciones orientadas a la garantía de sus derechos.
Por eso, las observaciones documentadas por el propio ICBF no pueden tratarse como simples fallas administrativas. Si se comprueba que se cobraron servicios de alimentación que no fueron suministrados, que se presentaron evidencias fotográficas reutilizadas para acreditar actividades no realizadas o que se reportaron gastos sin respaldo, podrían configurarse responsabilidades de carácter fiscal, disciplinario o penal, según las circunstancias y las pruebas que se recauden.
Sobre las evidencias fotográficas
En Noticias La Voz Realities informamos que, en estricto cumplimiento del principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política, en la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia) y en la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales, no publicará ni difundirá ninguna de las fotografías que hacen parte del expediente del ICBF en las que aparecen menores de edad.
Esta decisión se adopta de manera deliberada y responsable, aun cuando dichas imágenes constituyen evidencia documental de las irregularidades investigadas, con el único propósito de garantizar la dignidad, la intimidad y la protección integral de los niños y adolescentes involucrados.
Noticias La Voz Realities llevará los documentos ante los organismos de control
Ante la gravedad de los hallazgos, Noticias La Voz Realities anunció que presentará una denuncia formal ante la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República.
La documentación que acompañará la denuncia incluye los reportes internos del ICBF Regional Atlántico y los antecedentes publicados en la primera entrega de esta investigación.
El propósito es que los organismos competentes examinen los hechos, establezcan el destino de los recursos públicos y determinen si existen responsabilidades individuales o institucionales.
La investigación periodística continuará sobre una pregunta fundamental: ¿qué pasó con los recursos que debían convertirse en alimentación, actividades culturales y oportunidades para los niños y adolescentes del Atlántico?
Los recursos destinados a garantizar los derechos de la niñez deben llegar a sus destinatarios. Los informes del ICBF ya dejaron constancia de las inconsistencias; ahora corresponde a las autoridades establecer las responsabilidades y garantizar que los hechos no queden sin respuesta.
Próxima entrega
En la información que obtuvimos por parte del Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), supimos de los avances de investigaciones dentro de la entidad en la cual a nivel nacional existen otras organizaciones que incumplieron con el programa Atrapa Sueños en otros territorios.
Tal y como ocurrió con la investigación que en dos partes publicamos sobre las irregularidades en la ejecución del programa, solicitaremos ante la entidad las que están en la misma situación. En el pantallazo del documento al cual tuvimos acceso, observamos que, en los departamentos de Chocó, Córdoba, Cauca, Bogotá, Antioquía, San Andrés, Meta, Santander y Tolima.
A pesar de la publicación de la tabla de 48 organizaciones y experiencias comunitarias incumplidas, la información podría ascender a 56 experiencias y un valor alrededor de 700 millones de pesos no ejecutados a nivel nacional.

Realice su donación en Noticias La Voz Realities
Con tu aporte, apoyas el periodismo independiente y alternativo dando clic en el botón de BOLD:




