Colombia se reconoce como Estado Social de Derecho, pero ¿los derechos llegan realmente a la gente independientemente de su ideología política? (II)

Colombia tiene una Constitución que reconoce la dignidad humana, la igualdad, el trabajo, la solidaridad y la prevalencia del interés general como fundamentos de su organización política. Desde 1991, el país dejó atrás la definición constitucional anterior para reconocerse como un Estado Social de Derecho. Pero más de tres décadas después, una pregunta continúa poniendo a prueba la legitimidad de ese modelo: ¿hasta qué punto los derechos consagrados en la Carta Política se han convertido en garantías reales para la ciudadanía?

La discusión no es solamente jurídica. Es política, económica y social. Un Estado no cumple su función social por el hecho de reconocer derechos en un documento, crear instituciones o anunciar programas. Su legitimidad también depende de que las personas puedan acceder a la educación, la salud, el trabajo digno, la vivienda, la justicia y las oportunidades necesarias para desarrollar sus proyectos de vida.

Esta tensión constituye uno de los principales aportes del estudio Estado Social de Derecho: Consideraciones sobre su trayectoria histórica en Colombia a partir de 1991, de William Bermúdez Bueno y Juan Carlos Morales Manzur, publicado en 2012 en la revista Cuestiones Políticas. Los autores examinan el origen de este modelo, su incorporación en la Constitución colombiana y las dificultades que, durante las primeras dos décadas de su implementación, impedían materializar plenamente sus principios.

La Constitución de 1991 cambió las reglas del Estado

El artículo 1 de la Constitución Política establece que Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado como una República unitaria, descentralizada, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad.

Esta definición representa mucho más que un cambio de denominación. Implica que el Estado no puede limitarse a garantizar el cumplimiento formal de las leyes y la protección de las libertades individuales. También tiene responsabilidades frente a las condiciones materiales en las que viven sus habitantes.

En otras palabras, no basta con afirmar que todos somos iguales ante la ley cuando las condiciones económicas, sociales y territoriales impiden que esa igualdad se ejerza en la vida cotidiana.

Bermúdez Bueno y Morales Manzur explican que el Estado Social de Derecho busca superar una concepción puramente formal de la igualdad. Su propósito es avanzar hacia una igualdad material, en la que las personas y comunidades en condiciones de vulnerabilidad tengan protección efectiva y oportunidades para ejercer sus derechos.

El modelo también reconoce que la propiedad privada y la iniciativa económica pueden coexistir con la intervención estatal orientada al bienestar colectivo. No se trata de eliminar la libertad económica, sino de impedir que las relaciones de poder y las desigualdades terminen convirtiendo los derechos de unos en privilegios y las necesidades de otros en una condición permanente de exclusión.

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El problema no está solamente en las leyes, sino en su cumplimiento

Uno de los aspectos más relevantes de este análisis es la distancia entre el reconocimiento constitucional de los derechos y su aplicación efectiva.

Los autores identifican tensiones entre el proyecto social de la Constitución de 1991 y las transformaciones económicas que dieron mayor protagonismo al mercado y al sector privado en diferentes ámbitos de la vida nacional. En su lectura, esa relación produjo dificultades para garantizar la integración social, la participación política y la atención de las necesidades colectivas.

El texto también señala problemas estructurales como la concentración de la riqueza, el desempleo, la pobreza, la exclusión política, el clientelismo, la abstención electoral y la violencia contra sectores sociales y organizaciones que buscaban participar en las decisiones públicas.

Primeras reflexiones

La reflexión permite identificar una contradicción de fondo: un país puede tener instituciones democráticas y un catálogo amplio de derechos, pero mantener relaciones sociales y económicas que limitan el ejercicio de esos mismos derechos.

Por eso, el Estado Social de Derecho no puede medirse exclusivamente por el número de leyes aprobadas, sentencias expedidas o entidades creadas. También debe evaluarse por su capacidad para transformar las condiciones que producen desigualdad, discriminación y desprotección.

Una persona que no puede acceder a servicios básicos, una comunidad sin oportunidades para participar en las decisiones que afectan su territorio o un trabajador sometido a condiciones indignas no encuentran suficiente respuesta en la proclamación formal de sus derechos.

La participación ciudadana no puede reducirse al voto

La democracia participativa es otro de los pilares del modelo constitucional. Sin embargo, participar no significa únicamente acudir a las urnas cada cuatro años ni respaldar a quienes aspiran a ocupar cargos públicos.

La participación supone que las comunidades puedan intervenir en la construcción de las políticas públicas, vigilar el ejercicio del poder, exigir explicaciones, organizarse y expresar sus desacuerdos sin que ello represente una amenaza para sus derechos.

Bermúdez Bueno y Morales Manzur advierten sobre las restricciones históricas a la participación política, la exclusión de movimientos sociales y organizaciones diferentes de los sectores tradicionales, así como la persistencia del clientelismo y de prácticas violentas contra líderes sociales, sindicales y políticos.

En este punto, la discusión adquiere una dimensión fundamental: no puede hablarse de un Estado verdaderamente democrático cuando la ciudadanía es convocada para elegir gobernantes, pero encuentra obstáculos para incidir en las decisiones que determinan su presente y su futuro.

La independencia de los poderes públicos también resulta indispensable. Los autores destacan que el poder debe estar institucionalizado y no concentrado en la voluntad individual de quienes gobiernan. La autonomía judicial, los mecanismos democráticos de elección y la participación social son condiciones necesarias para evitar que las instituciones terminen subordinadas a intereses particulares.

La economía también debe responder al interés general

El debate sobre el Estado Social de Derecho conduce inevitablemente a la discusión económica. La Constitución no plantea que el crecimiento de la economía sea un objetivo aislado de las condiciones de vida de la población. Por el contrario, el artículo 334 contempla la intervención del Estado para orientar la economía y procurar, entre otros propósitos, que todas las personas, especialmente las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos.

El estudio de 2012 identifica una tensión entre el reconocimiento constitucional de los derechos sociales y un modelo económico que, según el análisis de sus autores, amplió la autonomía del mercado y la participación privada en sectores que anteriormente tenían mayor presencia estatal.

La cuestión no consiste en presentar al sector privado como enemigo del bienestar colectivo ni en desconocer su papel en la generación de empleo, inversión y actividad productiva. El interrogante es otro: ¿quién garantiza que los resultados del crecimiento económico se traduzcan en mejores condiciones de vida para la mayoría?

Si el crecimiento de la riqueza no está acompañado de oportunidades, redistribución, protección social y acceso a servicios esenciales, la prosperidad puede coexistir con profundas desigualdades.

El desarrollo económico debe evaluarse también por su capacidad para reducir las brechas sociales, fortalecer las economías territoriales y garantizar que las comunidades históricamente excluidas tengan posibilidades reales de progreso.

El Estado Social de Derecho necesita pasar del discurso a los resultados

En sus conclusiones, Bermúdez Bueno y Morales Manzur plantean que este modelo exige instituciones autónomas, independencia judicial, mecanismos democráticos, poder institucionalizado y normas orientadas a integrar al Estado con la sociedad. También destacan la necesidad de proyectos capaces de transformar la realidad social y de gobernantes comprometidos con la justicia, la igualdad y la participación.

Su reflexión conserva una vigencia conceptual: la existencia de una Constitución garantista no resuelve por sí sola los problemas estructurales de una sociedad. Para que los derechos se materialicen se necesitan decisiones públicas, recursos, instituciones responsables y mecanismos de control ciudadano.

No obstante, el estudio fue publicado en 2012 y su análisis se concentra principalmente en las dos primeras décadas posteriores a la Constitución de 1991. Por eso, sus planteamientos ofrecen herramientas para interpretar el modelo constitucional, pero no sustituyen una evaluación actualizada de los resultados sociales, económicos y políticos del país.

La pregunta que deja abierta es más profunda que una discusión entre modelos económicos o corrientes políticas: ¿qué significa vivir en un Estado Social de Derecho cuando la dignidad humana todavía depende, para millones de personas, de su capacidad económica, del lugar donde nacieron o de las oportunidades a las que pueden acceder?

El problema de cumplir con la constitución no tiene ideologías, necesita respuestas

La respuesta exige mirar más allá de los discursos de los gobiernos. Requiere examinar los presupuestos, las políticas públicas, la distribución de los recursos, la independencia de las instituciones y las condiciones reales de las comunidades.

La Constitución de 1991 estableció un compromiso entre el Estado y la sociedad. Ese compromiso no pertenece a un partido, a un presidente ni a una corriente ideológica. Es una obligación institucional que atraviesa a todos los poderes públicos y que debe poder ser exigida por la ciudadanía.

Un Estado Social de Derecho no se demuestra por lo que promete en sus normas, sino por la dignidad, la igualdad y los derechos que logra garantizar en la vida cotidiana.

Un análisis de: Bueno, William Bermúdez, and Juan Carlos Morales Manzur. «Estado Social de Derecho: Consideraciones sobre su trayectoria histórica en Colombia a partir de 1991.» Cuestiones políticas 28.48 (2012): 51.