Los impuestos saludables muestran señales de reducción del consumo de bebidas azucaradas y ultraprocesados. ¿Por qué se debate su continuidad en Colombia?
La reducción en el consumo de bebidas azucaradas y productos ultraprocesados, junto con los cambios en su composición nutricional, respalda la continuidad de una política que busca prevenir enfermedades y aliviar los costos futuros del sistema de salud
En cada debate tributario, reaparece la misma propuesta: eliminar o congelar los impuestos saludables. Se presentan como una carga para los hogares pobres y para los tenderos de barrio. La evidencia dice lo contrario: salvan vidas y proporcionan recursos al Estado.
Los impuestos a las bebidas azucaradas y los comestibles ultraprocesados nacieron en la reforma de 2022 para desincentivar, mediante el precio, el consumo de productos perjudiciales para la salud. No es un invento colombiano. Forma parte de las políticas costo-efectivas que recomiendan la OMS y la OPS contra el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles. Más de cien países los aplican.
La tarifa plena rige apenas desde enero de 2025. Medir su efecto en la salud tomará al menos una década, pero hay señales alentadoras. Según la Encuesta de Calidad de Vida, entre 2023 y 2024 el consumo de bebidas azucaradas cayó 2,6 puntos porcentuales y el de comestibles ultraprocesados, 4,3. En el Magdalena, las reducciones llegaron al 13,1 % en bebidas azucaradas y al 15,6 % en productos de paquete. Además, un estudio de académicos colombianos publicado en BMC Medicine encontró que los ultraprocesados redujeron significativamente su contenido de sodio, azúcar y calorías. El impuesto no solo cambia lo que compramos: también lo que nos venden.
Colombia ya es ejemplo
En 2016, Colombia probó que subir impuestos al cigarrillo funciona: redujo el consumo, duplicó el recaudo y alejó a la juventud del tabaquismo. Como los menores de 18 años son hasta tres veces más sensibles al precio, encarecerlo frena el inicio de la adicción.
Pero la medida está incompleta. Las tarifas del cigarrillo siguen bajas y los cigarrillos electrónicos o bolsas de nicotina ni siquiera pagan impuestos, una ventaja que la industria aprovecha para enganchar a las nuevas generaciones ofreciéndoles sabores y empaques atractivos.
Los argumentos en contra se repiten, pero no resisten la evidencia.
¿Golpean a los más pobres? No. Los hogares de menores ingresos son los que más reducen su consumo cuando sube el precio y los que más sufren el gasto de una enfermedad crónica.
¿Quiebran a los tenderos? No. Un estudio de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario no encontró variaciones significativas en el empleo, los ingresos ni la informalidad laboral entre 2022 y 2024 asociadas al etiquetado o a los impuestos. Lo que deja de gastarse en gaseosas o cigarrillos se usa para agua, leche y otros productos que la misma tienda vende.
¿Disparan el contrabando? Tampoco. El Banco Mundial confirma que el comercio ilícito depende del control aduanero y no de la tarifa. Frente a un costo en salud de $4,5 billones anuales por enfermedades asociadas al tabaco, no actualizar estos tributos equivale a desaprovechar recursos y trasladar a la sociedad el costo futuro de la atención médica. Se trata de prevenir enfermedades y muertes prematuras. Colombia no puede retroceder.
Colombiana, casada y madre de tres hijos. Ingeniera Industrial con Especialización en Desarrollo Personal y Familiar. Una de las fundadoras de Red PaPaz en febrero de 2003. Desde abril de 2004 está dedicada de tiempo completo a su Dirección Ejecutiva. Esta es una red de madres, padres, cuidadores y aliados, que desde la sociedad civil y libres de intereses políticos, económicos y religiosos abogan por la protección de derechos de la niñez y adolescencia, logrando el avance en importantes legislaciones y programas basados en la evidencia. Participa en varias juntas directivas de iniciativas sociales en pro de la niñez vulnerable.
