Laura Isabel Vera Zapata advierte que el presupuesto de 2027 dejaría un faltante de $3,1 billones para universidades públicas, ITTU e infraestructura educativa - Prensa Congresista Isabel Vera
Universidades públicas podrían perder $3,1 billones con el presupuesto de 2027, advierte representante Laura Vera
Laura Isabel Vera Zapata cuestionó el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 por los recursos que, según sus cálculos, faltarían para financiar universidades estatales, instituciones técnicas y tecnológicas, investigación y nuevas sedes regionales
La financiación de la educación superior pública está en el centro de las alertas sobre el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027. Desde la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, Laura Isabel Vera Zapata advirtió que la propuesta presupuestal dejaría un faltante estimado en $3,1 billones, una situación que, según la congresista, comprometería la ampliación de cobertura, la permanencia estudiantil y el funcionamiento de nuevas sedes universitarias.
La representante cuestionó que el presupuesto no contemple recursos suficientes para responder a las necesidades de las universidades estatales y a las obligaciones de financiación que establece la Ley 2568 de 2026.
La advertencia no se limita a las nuevas construcciones. También abarca la actualización de las partidas presupuestales, los recursos adicionales para las instituciones públicas y la financiación de programas de calidad, investigación e infraestructura.
Universidades públicas: cero recursos adicionales para 2027
Uno de los puntos más críticos señalados por Representante del Pacto Histórico es la reducción a cero de los recursos adicionales que venían fortaleciendo la base presupuestal de las universidades públicas.
Según el documento, las instituciones pasaron de recibir 3,5 puntos porcentuales adicionales a su base presupuestal en 2019 a 11 puntos en 2026. En pesos constantes de 2026, esos recursos aumentaron de $400.000 millones en 2023 a $859.000 millones en 2026.
Sin embargo, el proyecto presupuestal para 2027 llevaría esa asignación a cero, de acuerdo con la denuncia. Para mantener la financiación y respaldar la cobertura y la permanencia estudiantil, se necesitarían al menos ocho puntos adicionales, equivalentes a unos $799.100 millones.
La representante advirtió que esta decisión podría reducir la capacidad de las universidades para atender a más estudiantes, fortalecer sus equipos docentes y sostener sus actividades académicas.
La discusión por la indexación: $413.200 millones en disputa
Otro de los cuestionamientos se relaciona con la actualización anual de los recursos destinados a las universidades estatales.
Laura sostiene que la Ley 2568 de 2026 establece que la base presupuestal debe ajustarse con el mayor valor entre el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
De acuerdo con las cifras presentadas por la congresista, el proyecto de presupuesto contempla $10,562 billones, mientras que la aplicación del cálculo señalado en el documento llevaría la asignación a cerca de $10,975 billones.
La diferencia sería de aproximadamente $413.200 millones. Vera Zapata cuestiona que el cálculo presupuestal se haya atado al IPC, sin incorporar la proyección técnica del ICES que, se ubicaría entre el 9,65 % y el 9,8 %.
La controversia gira alrededor de si la asignación prevista para 2027 responde a las reglas de actualización presupuestal descritas en la norma citada por la representante.
Instituciones técnicas y tecnológicas también estarían afectadas
Las instituciones técnicas profesionales, tecnológicas y universitarias estatales (ITTU) constituyen otro de los frentes de preocupación.
La base presupuestal para 2027 debería equivaler al 0,05 % del producto interno bruto de 2025, unos $927.000 millones. No obstante, el proyecto contemplaría $565.000 millones, lo que dejaría una diferencia de aproximadamente $362.300 millones.
La representante sostiene que el faltante afectaría a 30 instituciones que atienden a más de 213.000 estudiantes y representan una alternativa de educación superior pública en 570 municipios del país.
El señalamiento pone sobre la mesa el reto de garantizar financiación para instituciones que cumplen un papel relevante en el acceso a la educación superior fuera de las principales ciudades.
El faltante presupuestal incluye infraestructura e investigación
El cálculo de los $3,1 billones presentado por la representante reúne diferentes componentes relacionados con la financiación de la educación superior pública y fueron los siguientes:
$413.200 millones: recursos asociados a la indexación de la base presupuestal.
$799.100 millones: recursos adicionales para permanencia estudiantil y fortalecimiento de la base.
$362.300 millones: diferencia frente al piso presupuestal señalado para las ITTU estatales.
$1,24 billones: vigencias futuras de infraestructura vinculadas al CONPES 4181, que el documento señala como avaladas por el CONFIS.
$300.000 millones: Planes de Fomento a la Calidad, destinados a componentes como laboratorios, investigación y formación docente.
En conjunto, estos rubros suman cerca de $3,1 billones. Su inclusión en el cálculo refleja la preocupación por las necesidades de funcionamiento, ampliación y fortalecimiento de las instituciones públicas de educación superior.
Nuevas sedes universitarias podrían quedarse sin recursos para operar
La advertencia también alcanza a las sedes universitarias construidas en territorios históricamente excluidos de la oferta de educación superior.
Durante la audiencia se expusieron los cases de Puerto Carreño, el Catatumbo, Tuluá y Málaga. Laura Vera manifestó que, el proyecto presupuestal no contemplaría recursos adicionales suficientes para poner en funcionamiento estas instalaciones.
La falta de financiación para docentes, dotación y operación podría impedir que los edificios se traduzcan en una ampliación efectiva de la oferta educativa. En ese escenario, las inversiones en infraestructura correrían el riesgo de no cumplir el propósito de acercar la educación superior a más regiones.
La preocupación apunta a una diferencia clave: construir una sede no garantiza por sí solo que pueda prestar servicios académicos si no cuenta con presupuesto para operar.
🚨 La representante a la Cámara @IsabelVeraPacto presuntas irregularidades en el financiamiento de infraestructura educativa y alertamos sobre $3,1 billones que pondrían en riesgo la educación superior pic.twitter.com/8IHrPEtMmQ
Representante pide revisar el presupuesto antes de su aprobación
La representante a la Cámara Laura Vera también cuestionó que las instituciones tengan que elegir entre ampliar su cobertura, pagar sus nóminas, mantener sus sedes, financiar la investigación y garantizar el bienestar de sus estudiantes.
“Este presupuesto no necesita cerrar una universidad por decreto para debilitar la educación pública”, afirmó Vera Zapata
La congresista pidió al Gobierno explicar cómo pretende cumplir las obligaciones de financiación contempladas en la Ley 2568 de 2026 con las apropiaciones previstas para 2027. También solicitó a las comisiones económicas revisar las partidas antes de la aprobación definitiva del presupuesto.
La discusión sobre el PGN 2027 tendrá efectos directos en la capacidad de las instituciones públicas para sostener sus servicios y responder a la demanda educativa. Por ahora, las cifras expuestas por la representante constituyen una alerta sobre el posible déficit presupuestal y requieren contrastarse con el proyecto oficial, sus anexos y los conceptos técnicos correspondientes.
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Licenciado en comunicación Digital y Analista de prensa y comunicación de UTEL. Docente con 10 años de experiencia en educación. Apasionado a la historia, la ciencia y las tecnologías. He escritó para El Histonauta, Tech365science, Comunicar Noticias, Voxpopuli.digital, Soccer Adictos MX y Periódico El Popular. Como periodista siempre destacado en el área investigativa de análisis. Director de Noticias Voz Realities y defensor de DDHH
