Dos años después de la convocatoria de Mochila Atrapasueños 2024, tres organizaciones del Atlántico permanecen sin recibir el segundo desembolso de los estímulos económicos que les fueron asignados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Se trata de la Corporación Comunitaria Barrio Adentro, de Barranquilla; la Junta de Acción Comunal Barrio Los Almendros, de Palmar de Varela; y la Fundación Proayudar, de Soledad.
Entre las tres tenían asignados $150 millones. Sin embargo, según los registros reportados por el ICBF, recibieron inicialmente $120 millones, correspondientes al 80 % de los estímulos. Los $30 millones restantes, equivalentes al 20 %, aparecen todavía como “En proceso”.
La situación abre una pregunta que desde Noticias La Voz Realities consideramos necesario esclarecer: ¿Qué ocurrió con la ejecución de las experiencias comunitarias que debían desarrollarse con los recursos ya entregados?
Tres organizaciones, tres estímulos y un segundo giro pendiente
La información oficial del ICBF permite identificar los recursos asignados a cada una. La Corporación Comunitaria Barrio Adentro, identificada con NIT 901659856 y con ejecución en Barranquilla, recibió un estímulo de $40 millones. De ese valor, fueron desembolsados $32 millones, mientras que los $8 millones correspondientes al segundo desembolso figuran “En proceso”.
La Junta de Acción Comunal Barrio Los Almendros del municipio de Palmar de Varela, NIT 901322899, recibió una asignación de $50 millones. El primer desembolso fue de $40 millones y los $10 millones restantes aparecen igualmente “En proceso”.
En el caso de la Fundación Proayudar, NIT 901192867, con ejecución en Soledad, el estímulo asignado fue de $60 millones. La organización recibió $48 millones correspondientes al primer desembolso, mientras que los $12 millones restantes continúan “En proceso”.
En total, las tres organizaciones recibieron $120 millones y tienen pendientes otros $30 millones. El dato tiene como fuente el registro del SIIF Nación con corte al 4 de agosto de 2026, citado por el propio ICBF en su respuesta al derecho de petición presentado por La Voz Realities.
El 20 % no era un pago automático
La revisión de la documentación permite entender que el segundo desembolso no estaba previsto como un pago automático.
El ICBF explica que, conforme a la Resolución 4875 de 2024, tanto el primer como el segundo desembolso debían efectuarse después de acreditar los requisitos y condiciones establecidos, previa disponibilidad presupuestal. Además, la Dirección Financiera solo podía realizar los pagos una vez las dependencias responsables verificaran el cumplimiento de esas condiciones.
Es decir, recibir el 80 % inicial no significaba tener garantizado el 20 % restante. El segundo giro estaba ligado al desarrollo y seguimiento de la experiencia comunitaria. Por eso, el punto de fondo no es simplemente que existan $30 millones pendientes, sino si las organizaciones cumplieron con las condiciones que habilitaban el desembolso final.
¿Qué debía demostrar cada organización?
Mochila Atrapasueños fue diseñada para respaldar experiencias comunitarias dirigidas a la promoción y garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
El ICBF aclara que esta modalidad no funcionó mediante contratos o convenios tradicionales. Se trató de una asignación de estímulos financieros destinada a fortalecer programas, proyectos, líneas de acción o actividades orientadas a la garantía de derechos de esta población.
La ejecución, por tanto, no se limitaba a recibir el dinero. El propio ICBF señala que las organizaciones debían reportar información sobre los beneficiarios atendidos mediante el aplicativo institucional Cuéntame. Allí se registraron los niños, niñas y adolescentes vinculados a las experiencias comunitarias.
Y la entidad sostiene que las experiencias fueron sometidas a seguimiento técnico y operativo durante su implementación.
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El ICBF dice que sí hizo seguimiento
Este es uno de los puntos que ahora cobra mayor relevancia para la investigación. En su respuesta del 1 de septiembre de 2026, el ICBF Regional Atlántico afirma que sus equipos de Infancia, Adolescencia y Juventud fueron responsables de realizar la revisión, seguimiento y acompañamiento de las experiencias seleccionadas.
La entidad asegura que los profesionales regionales realizaron seguimiento técnico y operativo y que este proceso contempló al menos una visita de acompañamiento y verificación a cada organización participante.
Pero hay más. El ICBF también informa que implementó un instrumento de seguimiento técnico y financiero para revisar la ejecución de los estímulos y la presentación de informes por parte de las organizaciones.
Según la respuesta oficial, el equipo regional validó y registró la información con fundamento en los documentos y soportes aportados por las entidades beneficiarias. La entidad incluso señala que los resultados de las actividades de seguimiento, revisión y verificación pueden consultarse en el documento anexo remitido con la respuesta. Y aquí aparece el principal que continuará investigando.
La pregunta que queda sobre la mesa
Si el ICBF realizó visitas, revisó soportes y verificó informes, ¿Qué encontró específicamente en estas tres organizaciones?
¿Por qué, casi dos años después de la convocatoria, el segundo desembolso de Barrio Adentro, Los Almendros y Proayudar continúa “en proceso”?
La respuesta oficial permite confirmar el estado financiero de los estímulos. Pero para establecer con precisión qué ocurrió con la ejecución de cada experiencia se requiere revisar los documentos individuales de seguimiento. No basta con conocer cuánto dinero fue asignado. Sin embargo, un indició por el tiempo transcurrido es que ninguna de las tres organizaciones no realizaron o ejecutaron la labor comunitaria de la cual fueron beneficiarios.
Ahora, hay que establecer qué actividades fueron programadas, cuáles fueron efectivamente realizadas, cuántos beneficiarios fueron atendidos, qué soportes entregó cada organización, qué encontró el equipo del ICBF durante las visitas y qué conclusión quedó consignada en los informes técnicos y financieros.
Esos documentos son especialmente relevantes porque el segundo desembolso dependía precisamente de la verificación del cumplimiento de las condiciones establecidas para la ejecución. De ser cierta lo que se sabe de fuentes externa en cuanto la no realización del plan de inversión queda la pregunta: ¿Qué hicieron las organizaciones el dinero para ejecutar acividades que beneficiarían a niños y niñas del departamento del Atlántico?
Los recursos estaban destinados a niñas, niños y adolescentes
El alcance del programa también explica por qué el caso merece seguimiento. Según el ICBF, durante 2024 las experiencias comunitarias de Atrapasueños en el Atlántico permitieron la atención de aproximadamente 4.702 niñas, niños y adolescentes entre los 6 y 17 años.
La Regional Atlántico reportó además que participaron efectivamente 47 organizaciones comunitarias. Esto, después de que siete de las 54 inicialmente seleccionadas desistieran durante la etapa de validación documental.
La situación de las tres organizaciones investigadas es, por tanto, particular dentro del conjunto reportado por el ICBF: mientras los registros muestran que la mayoría de los estímulos avanzaron hacia el segundo desembolso, estas tres permanecen con ese componente financiero pendiente. Para ello, se solicitará investigación por parte de la procuraduría con el deber de hacer seguimiento a lo que encuentre este Ministerio Público sobre este caso.
¿Dónde están los $30 millones?
La pregunta debe formularse con precisión. Los $30 millones no corresponden a dinero que las organizaciones hayan recibido y posteriormente deban devolver, al menos no según la información suministrada en la respuesta del ICBF. Pero, confirman que al no ser entregados, significa que el trabajo de campo nunca fue reportado.
Se trata del 20 % restante de los estímulos asignados, cuyo desembolso aparece todavía “En proceso”. Lo que sí debe establecerse es por qué no se cumplieron —o no fueron acreditadas— las condiciones necesarias para que ese dinero fuera desembolsado.
Ahí está el núcleo de la denuncia. Las organizaciones recibieron el 80 % inicial para desarrollar las experiencias comunitarias. Si la ejecución de esas actividades no fue acreditada de acuerdo con las condiciones establecidas, el segundo desembolso no podía hacerse efectivo hasta superar la correspondiente verificación.
En Noticias La Voz Realities vamos por los informes
La investigación no termina con la respuesta administrativa del ICBF. Por el contrario, el documento oficial abre una nueva ruta para verificar lo sucedido: los informes, las actas de visita, los instrumentos de seguimiento técnico y financiero con los soportes de ejecución de cada una de las tres organizaciones.
Continuaremos haciendo seguimiento a este caso y solicitaremos al ICBF los informes de seguimiento técnico y financiero específicos de la Corporación Comunitaria Barrio Adentro, la Junta de Acción Comunal Barrio Los Almendros y la Fundación Proayudar. Además de una solicitud de investigación de la misma a la Procuraduría General.
El objetivo será establecer, con documentos, qué se ejecutó realmente en territorio con los $120 millones desembolsados. También, qué reportaron las organizaciones, qué verificó el ICBF y cuál fue la razón concreta por la que los otros $30 millones permanecen sin desembolsar.
Porque si se habla de recursos destinados a experiencias para niñas, niños y adolescentes. La pregunta no puede quedarse únicamente en cuánto dinero salió de las cuentas públicas. La pregunta también es qué se hizo con ese dinero y qué resultados pueden demostrarse.
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