El presidente Gustavo Petro confirmó la entrada en operación de un nuevo modelo de pasaporte para Colombia, desarrollado bajo un acuerdo con la Casa de la Moneda de Portugal y con respaldo de gobiernos europeos.
Más allá del componente tecnológico, el anuncio estuvo acompañado de un mensaje político contundente: marcar distancia con el sistema anterior y redefinir el control estatal sobre un documento clave para los ciudadanos.
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Críticas directas a Thomas Greg & Sons
Uno de los puntos centrales del pronunciamiento fue el señalamiento a la empresa Thomas Greg & Sons, históricamente vinculada a la expedición de pasaportes en el país.
El mandatario cuestionó el manejo de la infraestructura de clave pública (PKI), un componente esencial para la seguridad digital del documento, asegurando que aún no habría sido entregado al Estado.
Este sistema es fundamental para validar identidades y proteger la información de los ciudadanos, por lo que su control se convierte en un tema estratégico de soberanía tecnológica.
El Gobierno ha insistido en que el nuevo esquema busca garantizar que la información sensible de los colombianos esté bajo control estatal y no dependa de actores privados. En ese sentido, el cambio no solo responde a una modernización tecnológica, sino a una apuesta por recuperar la administración directa de los datos, un tema que ha generado debate en los últimos años.
Señalamientos sobre intereses y presiones políticas
Durante su intervención, el presidente también hizo referencia a supuestos informes de inteligencia que apuntarían a intentos de recuperar el control del contrato de pasaportes mediante acuerdos políticos.
Según lo expuesto, existirían conversaciones entre actores privados y sectores políticos para influir en decisiones relacionadas con este negocio, considerado estratégico por su impacto económico y de seguridad. El mandatario vinculó estas denuncias con dinámicas políticas más amplias, señalando presuntas conexiones con sectores cercanos al expresidente Iván Duque.
Estas afirmaciones refuerzan la idea de que el debate sobre los pasaportes trasciende lo técnico y se instala en el terreno político, donde se disputan el control y la gestión de uno de los servicios más sensibles del Estado.
Un cambio que redefine el modelo anterior
Con la implementación del nuevo pasaporte, el Gobierno busca cerrar un ciclo marcado por cuestionamientos al modelo anterior y abrir uno nuevo con mayor supervisión estatal.
Sin embargo, las críticas lanzadas por el presidente dejan claro que el proceso no está exento de controversias y que el manejo del sistema de pasaportes seguirá siendo un tema clave en la agenda nacional.
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