La Corte IDH ha adoptado 33 sentencias en las que reconoce la responsabilidad del Estado colombiano en graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, como masacres, desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales
En la semana en la que se conmemoró el día de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, establecido por la Ley 1448 de 2011. Desde el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) volvieron a señalar con firmeza lo que durante años se ha intentado ocultar: la criminalidad de Estado y la violencia sociopolítica no son hechos aislados ni errores del pasado. Son expresiones sistemáticas de un modelo de poder que ha utilizado el terror como mecanismo de control social y político. Son 20 años continuamos luchando contra la impunidad y el negacionismo de Estado
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Las víctimas no son simplemente cifras
Esta conmemoración no puede reducirse a gestos simbólicos ni a declaraciones vacías. Es una oportunidad para interpelar al Estado y a la sociedad sobre el lugar real que ocupan las víctimas en la construcción de la democracia. Es un llamado a reconocerlas no como figuras pasivas del dolor, sino como sujetas políticas que han sostenido la dignidad en medio del horror y que exigen transformaciones estructurales.
A pesar de los discursos oficiales sobre reconciliación, las víctimas siguen siendo excluidas de los espacios donde se diseñan las políticas de paz. Sus memorias han sido censuradas y sus demandas, sistemáticamente ignoradas. Esta exclusión no es un descuido técnico, sino una estrategia política que perpetúa la impunidad, distorsiona la historia y obstaculiza la posibilidad real de una paz transformadora.
Sentencias internacionales que confirman la sistematicidad
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha emitido 33 sentencias condenatorias contra el Estado colombiano. Estas decisiones evidencian un patrón sistemático de criminalidad estatal. Con graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario: masacres, desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales han sido utilizadas como herramientas de represión al servicio de intereses económicos y políticos.
Fallos clave: inteligencia ilegal, desapariciones y derechos indígenas
Casos como CAJAR vs. Colombia (2024) documentan el uso ilegal del aparato de inteligencia para perseguir a defensores de derechos humanos. Otros fallos fundamentales han abordado desapariciones forzadas, como las de Jhon Ricardo Ubaté, Gloria Mireya Bogotá y Pedro Julio Movilla, y la sentencia a favor del pueblo U’wa, que responsabiliza al Estado por vulneraciones a los derechos de pueblos indígenas frente a megaproyectos extractivos.
El incumplimiento estatal perpetúa la impunidad
Sectores reaccionarios han intentado imponer una narrativa oficial que minimiza o distorsiona la responsabilidad del Estado en el conflicto armado. Esta disputa por la memoria busca silenciar los relatos que denuncian los crímenes de Estado y restringir el reconocimiento de la violencia sufrida colectivamente por miles de personas en el país.
La censura se convierte así en una prolongación de las prácticas autoritarias que intentan borrar las voces disidentes. Ejemplos como la Operación Orión o los falsos positivos durante la política de Seguridad Democrática del expresidente Álvaro Uribe Vélez ilustran esta tendencia negacionista. Todo ello, a pesar del impacto devastador y el rechazo de las víctimas.
Un mensaje de solidaridad, memoria y resistencia
Desde el MOVICE saludan y envían un mensaje de solidaridad con todas las víctimas del conflicto armado y de la violencia sociopolítica en Colombia. Reconocen su resistencia, su dignidad y su incansable lucha por la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición.
Las voces y luchas son esenciales para construir una paz con justicia social y mantener viva la memoria frente a quienes insisten en imponer el olvido.