La actual viceministra de Defensa para las Políticas de Defensa y Seguridad, Claudia Victoria Carrasquilla Minami, deberá enfrentar un proceso judicial por hechos relacionados con su etapa como fiscal especializada contra el crimen organizado en Medellín.
Carrasquilla está acusada por los presuntos delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, dentro de una investigación que se originó en una denuncia presentada por William Fernando Molina, un exintegrante de la Policía Nacional que fue capturado en 2015.
La funcionaria fue imputada el 5 de diciembre de 2024 y posteriormente acusada. Actualmente, el proceso se encuentra pendiente de la audiencia preparatoria del juicio oral.
El caso adquiere una dimensión adicional por el cargo que Carrasquilla ocupa desde agosto de 2026 en el Ministerio de Defensa. Su hoja de vida oficial registra que ingresó como viceministra el 14 de agosto de este año, después de haber ejercido como concejal de Medellín y de desarrollar durante más de dos décadas su carrera en la Fiscalía.
Una denuncia que se remonta a una captura de 2015
El expediente tiene su origen en la denuncia de William Fernando Molina, entonces patrullero de la Policía en Valledupar. Molina fue capturado en julio de 2015 dentro de una investigación por concierto para delinquir agravado y hurto calificado agravado.
Molina cuestionó las actuaciones realizadas durante la investigación y señaló a Carrasquilla, junto con cuatro integrantes de su equipo de policía judicial: Orlando Cardozo, Wilmer Esneider Brito Ramírez, Néstor Andrés Rodríguez Porras y Javier David Pestaña.
El denunciante puso el foco particularmente en varias declaraciones juradas que fueron incorporadas al proceso.
Según lo expuesto en la denuncia, esas diligencias fueron realizadas en establecimientos carcelarios de Valledupar. Sin embargo, Carrasquilla habría aparecido como firmante de los documentos pese a que no habría estado físicamente en los lugares donde se tomaron las declaraciones.
Las cuatro declaraciones que están en el centro del proceso
El expediente cuestiona cuatro declaraciones juradas fechadas entre 2014 y 2015. De acuerdo con la información publicada sobre el proceso, las diligencias corresponden al 15 y 16 de mayo de 2014, 5 de junio de 2014 y 4 de diciembre de 2015.
La hipótesis planteada por el denunciante sostiene que un investigador ingresaba a los centros de reclusión para recoger las declaraciones y que posteriormente obtenía las firmas de otros funcionarios y de la entonces fiscal en lugares diferentes.
De esa manera, según la denuncia, Carrasquilla habría quedado registrada formalmente como quien recibía o intervenía en las diligencias, aunque no habría estado presente en el momento en que fueron tomadas.
La discusión sobre esas actuaciones es uno de los elementos que dio origen a los cargos que hoy enfrenta la funcionaria.
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De la Fiscalía al Ministerio de Defensa
Carrasquilla desarrolló buena parte de su carrera profesional en la Fiscalía General de la Nación. El Ministerio de Defensa señala que permaneció más de 25 años en la institución y ocupó cargos como directora seccional de Fiscalías de Medellín, directora nacional contra el crimen organizado y delegada para la Seguridad Ciudadana.
En 2019 dejó la Fiscalía y posteriormente ingresó a la política electoral en Medellín. Fue concejal de la ciudad hasta agosto de 2026, cuando pasó al Gobierno de Abelardo de la Espriella como viceministra para las Políticas de Defensa y Seguridad.
La existencia del proceso penal no implica por sí misma una declaración de culpabilidad. Será el juez competente quien determine, después del juicio y la valoración de las pruebas, si existe o no responsabilidad penal.
Un proceso que ha tenido varios aplazamientos
La audiencia preparatoria todavía no se ha realizado. De acuerdo con los reportes publicados el 29 de septiembre, el trámite ha registrado varios aplazamientos desde finales de 2025 y durante 2026.
Esta etapa resulta determinante porque en ella las partes pueden precisar sus solicitudes probatorias y preparar el escenario para el eventual juicio oral.
Por ahora, el proceso continúa abierto y Carrasquilla mantiene su derecho a defenderse y su presunción de inocencia.
También existe un antecedente disciplinario
El caso penal no es el único episodio relacionado con estas actuaciones. Una decisión del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar había formulado años atrás un pliego de cargos disciplinarios contra Carrasquilla por hechos relacionados con la presunta comisión de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal, además de otras conductas disciplinarias.
El documento judicial registra expresamente que se trataba de imputaciones y no de una condena penal. El expediente actual, sin embargo, corresponde al proceso penal que avanzó hasta la acusación y que ahora está pendiente de la audiencia preparatoria.
La pregunta que queda sobre la mesa
El proceso coloca bajo escrutinio judicial actuaciones que se remontan a la época en que Carrasquilla ejercía como fiscal. Una situación que hoy tienen una particular relevancia por el cargo que ocupa dentro del sector Defensa.
La discusión no está resuelta. La Fiscalía sostiene una acusación que deberá ser resuelta ante los jueces, mientras la defensa tendrá la oportunidad de controvertir las pruebas y argumentos presentados en su contra.
Por ahora, el dato procesal es concreto: la actual viceministra de Defensa está acusada por fraude procesal y falsedad ideológica en documento público y espera la audiencia preparatoria que antecede al eventual juicio oral.
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